Alejandro Moreno
Por Alejandro Moreno
El interbloque Juntos por el Cambio difícilmente llegue hoy al recinto con una posición común frente al proyecto de ley de seguridad que envió a la Legislatura el gobernador peronista Martín Llaryora. Anoche, al cierre de esta edición, continuaban las deliberaciones.
La inseguridad fue uno de los ejes principales de la campaña electoral provincial, y fue el candidato de Juntos por el Cambio, Luis Juez, el que logró instalarlo. Luego de renegar un poco, Llaryora adoptó el tema, siempre incómodo para el oficialismo, y más aún después de tantos años en el gobierno provincial.
Una vez que asumió la Gobernación, Llaryora buscó tomar la iniciativa con un proyecto que ha generado muchas críticas desde la oposición, tanto por el contenido como por la velocidad que el oficialismo le imprimió al expediente. La Legislatura, además, es un territorio tenso por la casi paridad que existe entre oficialismo (y aliados) y opositores, algo que no sucedía con la conformación anterior de la Cámara.
Para facilitar el paso del proyecto por la Legislatura, se formó una comisión especial, presidida por el peronista Facundo Torres, que analiza y discute el contenido del proyecto. Ayer sesionó bajo la conducción de la oficialista Nadia Fernández.
El interbloque Juntos por el Cambio, que preside Alejandra Ferrero, está formado por cinco bancadas: Unión Cívica Radical, Construyendo Córdoba, Frente Cívico, PRO y Coalición Cívica-ARI. Sería una sorpresa que todos ellos coincidan en la sesión de hoy a la hora de votar.
Los radicales continuaban discutiendo las modificaciones introducidas por el peronismo para acercar posiciones. Las principales críticas son lo que llaman “la fragmentación de las responsabilidades” y el financiamiento.
En el bloque de la UCR, cuyo presidente es Matías Gvozdenovich, conviven aquellos que rechazan de plano el proyecto y que son inconmovibles; los que plantean que frente a determinados cambios realizados podrían votar a favor, aunque sea en general; y los que, radicales al fin, sostienen que la abstención es el camino.
Construyendo Córdoba es la escisión alfonsinista de la UCR. Dante Rossi estaría tentado de votar a favor porque de la decena de propuestas que acercó al peronismo, nueve estarían satisfechas. Igual, deshojará la margarita hasta último momento.
El dueto Frente Cívico-Coalición Cívica-ARI es francamente opositor, incluso con expresiones muy severas como las que adelantó el lilista Gregorio Hernández Maqueda, entre otras cuestiones, por el uso de las “armas menos letales” en manos de una guardia urbana. Y el PRO analiza qué hacer.
Todos los aliancistas, más o menos preocupados por la integridad del interbloque, aunque era esperado que en determinadas ocasiones habría de presentarse un escenario como el actual.
Hernández Maqueda adelantó opinión ayer: “Si se aprueba este proyecto, se va a venir una ola de creación de tasas municipales por el servicio de seguridad, y eso le afecta directamente al vecino. Es una cuestión de números”.
“Hoy alguien que porta un arma tiene un seguro, por la actividad que realiza, que es más caro que el de un guardia civil, conlleva mayor riesgo y tiene un seguro y una ART más cara. Todo eso lo va a tener que pagar alguien, y ese alguien son los Municipios, y por ende, sus vecinos”, advirtió
Y agregó que “lo mismo va a ocurrir en barrios cerrados, countrys o edificios con seguridad privada, ya que el mismo guardia va a poder integrarse al servicio público de seguridad y usar armas no letales. Si esto se vota tal y como está, los cordobeses vamos a pagar más cara una seguridad que no funciona. Esto aumenta el llamado Costo Córdoba, por eso pediré un debate más profundo del tema en la Legislatura”.
Trascendió que Hernández Maqueda pidió tiempo para que el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, pueda emitir un dictamen con su punto de vista sobre este proyecto.
