Bloque cordobesista concedió el dictamen; ahora pasa el tamiz

El acompañamiento general al proyecto de LLA estuvo condicionado. Las disidencias de Hacemos Coalición Federal ponen en riesgo la aprobación de artículos centrales en la votación en particular. Nuevo capítulo en las negociaciones.

Provincial 25 de enero de 2024 Yanina Soria Yanina Soria
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Por Yanina Soria 

El oficialismo nacional logró sortear en la madrugada del miércoles el primer escollo legislativo del sinuoso camino que todavía le queda transitar para conseguir la aprobación de la ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. 

Después de encarnizadas negociaciones que llevan semanas y que se extendieron hasta minutos antes de lograr el dictamen de mayoría, la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo se destrabó en el plenario de comisiones y ahora los libertarios buscarán aprobarla en una sesión especial que podría ser el martes próximo. Lejos está el oficialismo de contar con los votos necesarios para convertir en ley el megaproyecto y declaraciones como las que hizo ayer el propio ministro de Economía, Luis Caputo, con tono amenazante para las provincias, empantanan aún más la discusión con los gobernadores y sus representantes. 

El dictamen de mayoría, que hasta anoche todavía no se conocía en detalles generando inquietud entre los mandatarios provinciales que acompañaron tras el compromiso de introducirle modificaciones, cosechó unas 55 firmas de la LLA, del PRO, de la UCR, Hacemos Coalición Federal, pero los bloques dialoguistas lo hicieron con disidencia parcial. En cambio, la bancada de Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría con 45 firmas en rechazo total al proyecto oficial.

Básicamente las disidencias de los legisladores opositores, entre ellos los cinco cordobesistas, están centradas en el aumento de las retenciones, el sistema de actualización de jubilados, el financiamiento político, y el mecanismo de las privatizaciones.

Durante las más de 24 horas que el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, estuvo en Buenos Aires encabezó distintas reuniones y negociaciones. En el encuentro que tuvo con los cinco diputados de Córdoba Federal el martes a primera hora, se le planteó la voluntad de los parlamentarios de llevar dictamen propio como terminó haciendo la Coalición Cívica, el socialismo y el GEN. Sin embargo, finalmente por orden del mandatario, los dos cordobeses miembros en el plenario de comisiones, Ignacio García Aresca y Juan Brugge, terminaron firmando el dictamen de mayoría. 

“El apoyo general de la ley es un gesto para la gobernabilidad. Entendemos como siempre lo hicimos que quien gobierna necesita de herramientas y nosotros se las damos. Luego, es responsabilidad de ellos lo que sigue. Ahora bien, para el tratamiento en particular, se abre otra discusión”, advirtió uno de los cordobesistas que recordó que las iniciativas se aprueban en general, pero luego cada artículo debe ser aprobado en la discusión en particular.

En el heterogéneo bloque de Hacemos Coalición Federal, se dará libertad de acción para la sesión. No obstante, al menos del lado de los peronistas cordobeses hay cierto consenso para rechazar temas como las subas a las retenciones, el ajuste a la cultura, el tema biocombustibles (si no hay modificaciones), privatización a paquete cerrado, y sobre el capítulo ambiental, entre otros. 

Pues, esas diferencias que son compartidas con gran parte del bloque dialoguista que conduce el rionegrino Miguen Ángel Pichetto, pueden poner en riesgo la aprobación de varios artículos centrales de la ley, en la votación en particular, como en el caso del ajuste de las jubilaciones, o precisamente el aumento de las retenciones agropecuarios del trigo, maíz, carne, soja, e industriales. Un punto que el gobierno de Javier Milei se niega a ceder. 

Las que vendrán serán horas de arduas negociaciones, pues el apoyo de los federales quedó condicionado a trabajar en ciertos artículos antes de llegar a la sesión. 

El debate de la iniciativa enviada por Javier Milei contó a lo largo de los plenarios que demandaron extensas jornadas de discusión con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo que explicaron los alcances de la norma y respondieron las preguntas de los legisladores.

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