La primera sesión legislativa del segundo semestre se vio atravesada por una discusión inédita que nadie vio venir. La crisis que atraviesa el multimedio de los SRT terminó siendo el chivo expiatorio de la “politiquería” en la Unicameral.
Provincial26 de julio de 2024 Carolina Biedermann
Por Carolina Biedermann
Brenda Austin, legisladora de la Unión Cívica Radical que nació en la militancia de la Franja Morada de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), quedó atrapada en una camisa de once varas en medio de los tires y aflojes a los que se expusieron los parlamentarios en la votación de una expresión de moción en apoyo a los trabajadores del multimedio de los SRT.
En labor paramentaría se presentaron tres proyectos que expresaban el apoyo a los trabajadores de los SRT. Estos textos, impulsados por los legisladores Luciana Echevarría (MST), Matías Chamorro (socialista, pero dentro del oficialismo) y Leonardo Limia (Hacemos Unidos por Córdoba) terminaron uniéndose en una sola expresión que llegó al recinto:
El inicio del texto, y parte clave de la discusión decía: “La Legislatura de la Provincia de Córdoba declaró su preocupación por el proceso de vaciamiento y desfinanciación de los servicios de radio y televisión SRT de la Universidad Nacional de Córdoba que denuncian los trabajadores…”
En su mayoría, los legisladores acordaron en labor parlamentaria del día martes apoyar esta moción, pero en el recinto pasó otra situación. El peronismo planteó la votación nominal, que se caracteriza por registrar el nombre y apellido del legislador con el sentido de su voto (a favor o en contra).
La UCR, tuvo como protagonista a Brenda Austin quien expresó en el recinto la voluntad de abstenerse a la votación y pidiendo la palabra, apuntando a que se adjunte otro texto que llevó al recinto. Dado que ese documento, según expresó el oficialismo, no fue presentado en labor, no se le dio lugar y tampoco se aceptó la abstención por no haber sido planteada, también en labora, en el recinto. “No me van a forzar a votar en contra” expresó Austin en sesión.
Por debajo del proyecto
El apoyo de los legisladores a los trabajadores de los SRT por la situación de crisis laboral que atraviesan fue acompañada por la gran mayoría, pero el texto presentado expuso a los oficialistas del peronismo en una encrucijada, con la Universidad Nacional de Córdoba, y a la legisladora que creció en el radicalismo de la universidad, cuestionable por la casa de altos estudios.
La UCR planteó que una expresión de apoyo a los trabajadores por parte de los legisladores no soluciona el problema de fondo, que es la falta de recursos de la Universidad Nacional de Córdoba a causa de la política nacional de Javier Milei de no actualizar la partida presupuestaria del 2024 para la UNC
El texto aprobado, según observan desde la Universidad habla de vaciamiento, un concepto de peso en el código penal, vinculado a la defraudación por vaciamiento de las empresas, cuando remarcan que esta situación es consecuencia de las políticas nacionales del nuevo gobierno de Javier Milei, que no sólo afecta a los SRT, sino que también pone en riesgo a instituciones como a DASPU, la obra social de los trabajadores de la institución, que tampoco está recibiendo los recursos para afrontar cuestiones de salud, mientras las coberturas médicas actualizan sus valores al ritmo de la inflación. También pusieron como ejemplo la cuestión salarial del personal docente y no decente que cada vez se hace más difícil afrontar.
Por otra parte, la moción de vaciamiento aprobada por el cuerpo legislativo provincial, apunta en cierta forma, directamente a la gestión de Hugo Juri y a la actual de Jon Boretto, autoridades que siempre han tenido buena sintonía con la provincia.
El texto de Austin
Austin adelantó en el recinto que seguirá adelante con su propuesta y que pretende que los ediles acompañen como tuvo que hacer con el que fue aprobado el miércoles. Con esto busca impulsar, no solo una expresión, sino también un proyecto que vaya a la situación de fondo, solicitando desde Córdoba, al Congreso de la Nación, que tome cartas en el asunto sobre la situación local.
Una vez más, el recinto legislativo entro en una dinámica de desgaste y de exposición entre todos los bloques. Oficialistas como opositores entienden que, si bien no son competentes ni recae en el ámbito provincial la crisis del ente de carácter nacional, se puede contribuir a la búsqueda de una salida, activando los organismos locales a solicitar respuestas.
Otros legisladores remarcan que ese proyecto podría haber sido pasado por alto, con su aprobación, sin entrar en conflicto, pero que este tema merece prudencia ante un proceso de crisis, en donde hay intervención del ministerio de trabajo.
Consejo Superior de la UNC
El mismo día de la discusión, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, declaró la crisis en materia salarial de los claustros docentes y no docente en todas sus funciones, y pidió elevar el pronunciamiento al Consejo Interuniversitario Nacional, al Ministerio de Capìtal Humano, la Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Políticas Universitarias.
En este documento, que fue aprobado sobre tablas en el Consejo Superior, se respaldó el reclamo salarial de los trabajadores, de todos los estamentos universitarios, ante la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias que se vienen realizando con Nación, agregando que desde diciembre del año pasado no se actualiza la garantía salarial para quienes tienen menor antigüedad en sus puestos.
Cabe mencionar que el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, está integrado por referentes de todos los sectores que lo componen. Está integrado por el Rector, de los Decanos de las quince Facultades, los delegados del claustro docente, los delegados de los estudiantes y egresados, delegados de los no docentes, y representantes del Colegio Nacional de Monserrat y de la Escuela Superior de Comercio “Manuel Belgrano”
La resolución se conoció este viernes y la misma indica un progreso para las aplicaciones de transporte, sacándolas de la situación de ilegalidad en la que vivían.
A partir de la acusación del letrado Eduardo Caeiro por el delito de violación de secreto oficial reiterada, se investiga si en la Justicia hubo maniobras similares.
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