Llaryora: factura amigable a Milei y seducción a intendentes

Por Bettina Marengo


El gobernador Martín Llaryora buscó ubicarse como pieza clave en la escena política nacional al asegurar que la ley Bases del presidente Javier Milei, que por estas horas se debate en la Cámara de Diputados, pudo ser tratada gracias “al apoyo” que le dio el gobierno de la provincia de Córdoba. Fue una de las frases más políticas del mandatario en su extenso discurso ante la Legislatura, donde dejó inaugurado por primera vez en su Gobernación el período de sesiones ordinarias tratando de combinar su mal pronóstico sobre el “deterioro de la economía” provincial y nacional, con la generación de expectativas sobre la fortaleza de Córdoba y las medidas a tomar para que la provincia “no pare”. Córdoba está mal, pero no tan mal, intentó cerrar.
“Dimos un apoyo importante” al presidente, dijo Llaryora en relación al quórum que los diputados cordobesistas ofrecieron al oficialismo nacional para que empiece el debate de la ley “ómnibus”. Fue una factura amigable destinada a Milei en momentos donde el sanfrancisqueño pecha ante la cerrazón de la Casa Rosada por el futuro del impuesto País, cuya coparticipación parcial es clave para las arcas de Córdoba. En tren de equilibrio, el jefe del Panal sostuvo su decisión de dar gobernabilidad al nuevo presidente, de quien adoptó el giro “personas de bien”,  pero tomó la suficiente distancia en relación a su mirada sobre el rol del Estado y la importancia de la armonía fiscal como para mitigar el costo político que podría derivarse de un fracaso libertario. Por eso dijo que no puede haber plan fiscal sin plan productivo, trayendo a colación la crisis del 2001 con una interpretación distinta a la que hiciera en su momento su antecesor Juan Schiaretti, que no estuvo presente en la asamblea legislativa. El exmandatario solía explicar la caída de la Convertibilidad en el hecho de que no se cuidó el gasto fiscal, mientras que Llaryora sostuvo que ya en 1998 se advertía que lo macro cerraba, pero también cerraban pymes y se liquidaban campos.
En esa línea, el  sanfracisqueño recordó que su prioridad son los intereses de Córdoba y se ganó el primer aplauso del público cuando repitió el no rotundo a las retenciones al sector agroexportador.
En un texto que tardó un rato en generar calor, Llaryora arrancó por las previsiones más duras del ajuste para finalizar con los anuncios de inversión en obra pública, mantenimiento edilicio de las escuelas, construcción de cuatro hospitales y reivindicación del “modelo cordobés”, frase que a diferencia de Schiaretti utilizó solo una vez. En cambio, resaltó su criatura ante los legisladores, el llamado “partido cordobés”, integrado por distintos sectores de la política. “Yo represento el partido  cordobés”, indicó, tras pedirles colaboración. Dentro de esa convergencia intentó ubicar a los gremios estatales que aceptaron “convenios colaborativos” en el marco de paritarias condicionadas por la baja de la recaudación. No nombró a la UEPC, gremio que no aceptó la oferta salarial oficial y con el cual el gobierno tendrá una tensa negociación para evitar un paro en el inicio de las clases, pero instó “a la reflexión” y a “defender el trabajo”, y subrayó que los empleados públicos cuentan con el plus de estar “bajo el paraguas del Estado”. A dos cuadras del edificio legislativo, bajo mirada de policial pero sin aplicar protocolo de una sola mano de la calle ocupada, el gremio docente llamaba “ajustador” al nuevo gobernador.
En su necesidad de fortalecerse en el interior cordobés, donde no le fue bien cuando ganó las elecciones de junio pasado, Llaryora dedicó parte de su discurso a las relaciones con los intendentes de distinto signo político, a los cuales se dirigió cuando se detuvo largamente en la nueva ley de Seguridad aprobada hace semanas en la Unicameral.  No solo porque el combate al delito y el narcotráfico fue una de sus principales promesas de campaña, ni porque el tema está en el top five de la agenda de su electorado, sino porque la normativa, que conjuga el accionar de la Policía provincial con las guardias municipales y la seguridad privada, es una herramienta de acercamiento vía acuerdos con los gobiernos locales. El jefe del Panal nombró uno por uno los 26 municipios que ya adhirieron a la ley y en el Gobierno aseguran que cuando comiencen las sesiones ordinarias en los Concejos Deliberantes de las localidades, casi todas el 1 de marzo, las adhesiones superarán el centenar. “Los intendentes que quieren a su pueblo se van a sumar”, desafió. En la oposición afirman que no es fácil para un jefe comunal no sumarse a la ley nueva si sus vecinos de departamento lo hacen, por el riesgo de quedar como responsable de los delitos que se produzcan. “¿De qué lado están?”, presionó el mandatario a los indecisos.
No fue el único tópico que prodigó a los jefes políticos del interior, sobre cuyas funciones y mirada sobre la gestión se detuvo puntualmente, en clave de “ex colegas”.  Prometió no trasladar déficit a los municipios y mantener la coparticipación y los fondos especiales tal como están, pero el plato fuerte fue la presentación del nuevo modelo de gestión educativa descentralizada en el que los intendentes que adhieran serán cogestionadores de la educación pública de las escuelas de su localidad. Vía ley del Ejecutivo, los jefes comunales que adhieran van a adquirir poder de decisión sobre cuestiones pedagógicas, institucionales y edilicias vinculadas a la trayectoria educativa de los estudiantes, en una ampliación de rol que puede ser políticamente atractivo para los dirigentes. En ese marco, remarcó Llaryora que la Provincia mantendrá el Fodemec (fondo para arreglar escuelas del interior) y lo llevará este año a 18 mil millones de pesos que se repartirán entre las intendencias.