En medio de las negociaciones, Pichetto quiere colar este tema en la ley ómnibus. Un estudio privado indica que el bono para diciembre debería haber sido de $90.503; el de enero de $128.223 y el de febrero de $131.027. El gasto fiscal sería de $2.024.684 millones, equivalente a 0,2 puntos del PIB.
Nacional 07 de febrero de 2024
Redacción Alfil
Las negociaciones en el Congreso siguen, al cierre de esta edición, para tratar de acordar los puntos claves que requieren apoyo de la oposición en la votación en particular de la ley ómnibus. El jefe del bloque Hacemos Coalición Federal (HCF), Miguel Ángel Pichetto, aseguró que impulsará la incorporación de una fórmula de movilidad jubilatoria. Ayer hubo reuniones contrareloj pero, hasta este momento, no se avanzó en un consenso.
Hay siete millones de jubilados y pensionados, por lo que hay urgencia social en resolver el tema y también fiscal: en 2023 la partida correspondiente representó el 35% del gasto primario nacional.
La primera propuesta consistió en ajustes mensuales de las jubilaciones a partir de abril incorporando la inflación registrada en el anteúltimo mes. Por ejemplo, en el cuarto mes del año se ajustaría según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero. La iniciativa representa una mejora en términos de poder de compra y de menor volatilidad respecto a la fórmula de Alberto Fernández. Mientras es menos volátil respecto a la sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri pero finaliza con un valor promedio apenas menor. En cualquiera de las tres fórmulas el problema es que hay una pérdida en los haberes muy fuerte durante el primer trimestre del año, señala la consultora Analytica.
Con la nueva fórmula, el haber mínimo, sin contemplar compensaciones por bonos, será durante 2024 un 31% menor, en promedio, respecto a 2023. No obstante, en diciembre de 2024 la variación interanual será de -3,8%, como resultado de suponer un escenario de desaceleración inflacionaria desde mitad de año.
A pesar de que la fórmula es menos perjudicial para los jubilados, principalmente durante los primeros seis meses, la propuesta de inicio de su implementación (abril) no resulta inocente en términos del objetivo fiscal de la nueva gestión. Sucede que el pago de marzo contemplará la recaudación tributaria del último trimestre de 2023 y los salarios de diciembre, tomando parcialmente el efecto del salto inflacionario por la devaluación. Mientras que en abril, con la nueva fórmula, se tendrá en cuenta la inflación de febrero. Por tanto, los haberes no incorporarán la fuerte aceleración de precios ocurrida en diciembre y enero.
Para Analytica, al igual que intentó hacerlo Fernández, Milei podría amortiguar la pérdida del primer trimestre otorgando bonos compensatorios. Para eso, si quisiese mantener el poder de compra del haber mínimo respecto a diciembre debería haber otorgado uno por $90.503 en enero (+$35.503 respecto al que cobraron), otro por $128.223 en febrero (+$73.223) y finalmente $131.027 en marzo. El gasto fiscal sería de $2.024.684 millones, equivalente a 0,2 puntos del PIB.
El Gobierno puede compensar la caída en los haberes y, de todas formas, cumplir con el objetivo fiscal para las jubilaciones. En un primer momento el Ministerio de Economía indicó que buscaba una baja del gasto previsional de 0,4 p.p. del PIB respecto a 2023. Según nuestras estimaciones, la licuación de haberes durante el primer trimestre y el ajuste mensual desde abril, resultará en una reducción de la partida de jubilaciones y pensiones cercana a 1,3 puntos del PIB.
Desde la consultora indican que desde 1995 hasta 2023 el autofinanciamiento del sistema fue, en promedio, de 71%, completando el porcentaje restante a través de transferencias del Tesoro. Sin embargo, hubo variaciones a lo largo de los años: mientras en 2013 la tasa de sostenibilidad era del 81%, las moratorias de 2014 y 2015 lo redujeron hasta el 63% en 2016.
A partir de 2017, el ratio aumentó hasta alcanzar en 2018 el 71%. Finalmente, en 2023 se llegó a una tasa del 75% basada en la recuperación de los puestos de trabajo asalariados registrados. Al ser un sistema de reparto, la capacidad de sostenimiento depende de lo que suceda con los empleados registrados. Es por ello que con la pandemia la tasa de sostenibilidad cayó, efecto que estuvo acompañado por la postergación y reducción en el pago de contribuciones patronales que otorgó el gobierno de Alberto Fernández como beneficio a las empresas.
Las jubilaciones y pensiones en la Argentina se distribuyen a nivel nacional en el Instituto de Ayuda Financiera para el pago de retiros y pensiones militares (IAF), la Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de la Policía Federal Argentina y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que administra el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Luego, a nivel subnacional se encuentran las cajas profesionales, las municipales y las provinciales, que corresponden a aquellas jurisdicciones que no han transferido sus cajas previsionales a Nación.
Sin embargo, en las que no lo han hecho, no todos los jubilados cobran sus haberes por las cajas provinciales. En efecto, el 80% lo hacen a través del SIPA y estas provincias representan el 63% del total de jubilados que cobran directamente desde ANSES. De todos modos, el Tesoro Nacional realiza transferencias corrientes a las provincias para financiar los déficits de las cajas previsionales y armonizar el sistema.
Teniendo en cuenta todas las cajas, en 2023 Nación otorgó por cada jubilado en promedio $175.147 por mes, siendo este dato mayor para las provincias que transfirieron sus cajas a Nación ($214.690) en comparación con las que no lo hicieron ($141.688). La dependencia de las jurisdicciones respecto de los aportes del Tesoro puede ser clave este año para las intenciones legislativas del Gobierno.
A su vez, el impacto de la caída de las jubilaciones y pensiones contributivas podría ser disímil entre provincias de acuerdo a la representatividad de cada una sobre el total. La Ciudad de Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe, tienen la mayor participación de jubilados y pensionados sobre el total de la población Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. Mientras la menor participación se registra en Santiago del estero (9,8%), Tierra del Fuego (10,3%) y Misiones y Jujuy (10,6%).
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