Eliminación del Fondo para transporte: impacto político y económico en Córdoba

El ministro Luis Caputo decidió eliminar el Fondo Compensador del Interior por el que se transfieren recursos para la tarifa de los colectivos urbanos. El impacto es político -se da en el marco de la pelea entre libertarios y gobernadores abierta con la caída de la ley ómnibus- y financiero: ya Provincias y municipios ponen dinero para amortiguar el precio del pasaje. Aunque la resolución llega en paralelo a las subas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), esa región mantendrá la ayuda por más tiempo.

Sin el Fondo, serán los gobernadores e intendentes los que deberán contribuir -si quieren y pueden- con más dinero para que no haya saltos tan fuertes en los boletos. En el 2023 se distribuyeron $102.000 millones. Córdoba recibió $14.573 millones, 13,1% del total.

A través de un comunicado la Secretaría de Transporte a cargo del cordobés Franco Mogetta anunció: “El Gobierno Nacional, cumpliendo con uno de los objetivos trazados al inicio de la gestión, ha decidido disminuir el subsidio a las empresas prestatarias (oferta) de Jurisdicción Nacional, para concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa, canalizando dicha asistencia a través de SUBE”. La tarjeta hoy llega a 60 ciudades del país.

El texto agrega que la decisión guarda “coherencia con el Pacto Fiscal que gobernadores provinciales y Gobierno Nacional firmaron en 2017 y 2018, donde se comprometían a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en materia de transporte para el AMBA, como así también, establecía que las provincias definirían compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor desarrollado en el ámbito de sus jurisdicciones”.

En ese pacto, firmado entre Nación y provincias en 2017 en la gestión de Mauricio Macri hay otros aspectos que no se cumplieron como es la eliminación progresiva de los subsidios para las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur (va mucho más lento que lo previsto, al menos hasta ahora), y que Aysa pasara a manos de CABA.

El secretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Córdoba, Gabriel Bermúdez, sostuvo que la medida "cayó como un balde de agua fría" y que, sin los fondos de subsidios, el boleto podría costar $1.111. "Es una medida que afecta al bolsillo de mucha gente. ¿Quién es la casta, los que toman los colectivos?", se preguntó.

“Esta medida no es contra los intendentes, es contra los millones de estudiantes, enfermeros, trabajadores que diariamente utilizan el transporte público para movilizarse en sus respectivas ciudades”, dice el comunicado emitido ayer por los intendentes de algunas de las ciudades más importantes del país, entre los que está Daniel Passerini. Adelantaron que evaluarán “todas las medidas políticas y judiciales para garantizar las partidas ya asignadas por el presupuesto nacional.

El vocero presidencial Manuel Adorni reconoció que la decisión va “a repercutir en tarifas. Pero la lógica es que el que necesite viajar lo pueda hacer, sea porque puede pagar la tarifa o porque está dentro del segmento subsidiado de acuerdo a la capacidad de cada ciudadano. Así que tratamos de que el nuevo esquema sea no sólo justo, sino que además permita que todos puedan usar el transporte público”.

"A pesar de los aumentos en el AMBA, siguen las asimetrías con el interior, donde en algunas ciudades el boleto cuesta 3 veces más que en el área metropolitana", sostuvieron desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), que compartieron un cuadro con los costos de la tarifa mínima de colectivos en diferentes ciudades del país.

Formosa y Corrientes, por ejemplo, son las ciudades con el boleto más caro del país, con un valor de 690 y 590 pesos, respectivamente. Mientras que Ushuaia y Resistencia, son las que tienen el precio más bajo, alcanzando los 85 pesos. En Córdoba y Rosario, desde el 1 de este mes, cuesta $340.

Caputo espera reducir el gasto en subsidios a razón de un tercio por año; en el compromiso al que se arribó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es recortar la partida destinada al transporte en 0,2 puntos del PBI.