Educación, segunda bomba de Milei a los gobernadores

Por Felipe Osman

“Con respecto a (convocar a) lo que se denomina popularmente paritaria docente nacional –aunque todos sabemos que no es tal, no hay ninguna paritaria docente nacional- se está evaluando, aún no hay ninguna definición al respecto. Los salarios docentes dependen de cada uno de los gobernadores, por lo tanto cada jurisdicción es libre de pactar el salario que desee con sus trabajadores”, apuntó ayer el vocero presidencial Manuel Adorni, en su ronda de prensa de cada día. 

Después, aclaró también “con respecto al fondo compensador (Fonid), la Nación no lo va a transferir porque considera que no existe”.

Con esas palabras, la Casa Rosada vertió litros de nafta sobre un escenario que ya era complejo en Córdoba como en las demás provincias, a saber, la paritaria con los sindicatos docentes, a fin de garantizar el normal inicio de clases el 26 de febrero.

La llamada Paritaria Nacional Docente es receptada por el artículo 10 de la ley 26.075, de Financiamiento Educativo, que establece que el Ministerio de Educación de la Nación (hoy degradado a secretaría), el Consejo Federal de Educación (ministros del área de cada provincia) y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán “un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c) salario mínimo docente y d) carrera docente”.

El Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), por su parte, es receptado por la ley 25.053, que en 1998 creó un tributo sobre vehículos de lujo con afectación específica “al mejoramiento de la retribución de los docentes, de escuelas oficiales y de gestión privada subvencionadas, de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires”. Aquella ley llegó como respuesta al emblemático reclamo de la “carpa blanca” que los sindicatos docentes sostuvieron durante casi tres años en la década de los ’90.

El problema es que la ley 25.053 plantea en su primer artículo que el tributo de afectación específica sería creado por el término de cinco años. Y aunque los distintos gobiernos que se sucedieron han prorrogado su vigencia, el actual ha resulto no hacerlo. En cuanto a la paritaria nacional docente, la Ley de Financiamiento Educativo habla de “un convenio marco” que fije “pautas generales”, y no de una paritaria en términos estrictos.

En números, el retiro del Fonid implica una pérdida de 2.700 millones de pesos para la provincia, que representan cerca del 8 por ciento de los salarios docentes que paga la Provincia. Desde Uepc agregan, además, que los fondos recortados no afectan únicamente a los docentes sino a la comunidad educativa en su conjunto, dado que también se ha suspendido el envío de recursos para comedores escolares y programas de capacitación.

Los sindicatos docentes enrolados en la CGT (AMET, CEA, SADOP y UDA) firmaron un comunicado adelantando que las clases no comenzarán si el Gobierno Nacional insiste en no convocar a una Paritaria Nacional que fije los parámetros mínimos para los acuerdos salariales que luego deberán alcanzar los gobernadores en cada provincia. 

Ctera, por su parte, celebró una reunión de su Junta Ejecutiva, reclamó la convocatoria a la Paritaria Nacional, exigió que se restituya el Fonid, el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales (recursos que reciben 10 provincias para solventar salarios docentes inferiores a lo que establece la Paritaria Nacional) y el envío de recursos para comedores escolares, y convocó a un Congreso Extraordinario para el jueves de la semana próxima.

Además, la confederación docente en la que se encuadra Uepc consiguió que la Justicia ponga en suspenso el artículo 97 del mega DNU 70/2023, que fijaba a la Educación como servicio esencial, obligando a guardias mínimas del 75 por ciento en caso protesta, desnaturalizando el derecho a huelga.

Córdoba

La nueva avanzada del Gobierno Nacional sobre las provincias llega una semana después de caída la Ley Ómnibus, a días de haberse anunciado la quita de subsidios al transporte en el interior, y representa una segunda estocada hacia los servicios públicos a cargo de cada distrito.

En la matemática libertaria, la jugada apunta a enfrentar a los gobiernos de provincia con los sindicatos, que deben negociar paritarias que los pongan a reparo de la aceleración inflacionaria potenciada por las medidas económicas de la Casa Rosada.

En Córdoba, el escenario es adicionalmente complejo. Al cóctel nacional se suma una paritaria provincial trabada con la Uepc, que reclama a Martín Llaryora cumplir con el acuerdo firmado por Juan Schiaretti en un contexto, debe decirse, no por cercano similar al actual.

Según aquella paritaria, la Provincia garantizaba a los docentes salir empardados con la inflación. Para el Centro Cívico, la misma realidad derogó aquel acuerdo, frente a un contexto de aceleración inflacionaria y caída de los ingresos. La intención de la nueva gestión, que denunció la anterior paritaria el mes pasado, es acordar por debajo de la inflación, otorgando los aumentos que permita lo recaudado.

Hoy inicia el ciclo lectivo, y los docentes se encontrarán en las aulas para asistir al primer taller de capacitación del año. La Uepc Capital, controlada por sectores de la izquierda y autoconvocados, espera que esas jornadas se trasformen en instancias “de deliberación, consulta, expresión y pronunciamiento de las escuelas”. En menos palabras, empezar a consolidar bases para entrar en un conflicto al que -aseguran- los arrastran la Provincia y la Nación. 

En el interior sucederá algo similar. Aunque se notará un matiz, ya que la conducción provincial del gremio alinea su reclamo por fondos al de la Provincia, con la que no plantea una posición tan confrontativa.