Llaryora se embandera en el Fonid ante posible no inicio de clases

Por Bettina Marengo

Con la posibilidad concreta de que no empiecen las clases en Córdoba por falta de acuerdo en la negociación salarial con el gremio de la Uepc, y el telón de fondo del ajuste del gobierno de Javier Milei a las provincias, cuyo capítulo educativo es la suspensión de las transferencias del Incentivo Docente que desde 1999 integra el sueldo de los educadores de todo el país, el gobernador Martín Llaryora puso quinta en el reclamo a la Nación y aseguró que es “es una barbaridad” que la Rosada ajuste en el Fonid con el actual contexto de crisis, que a nadie se le puede ocurrir recortar en educación y que la situación “está complicada” para el comienzo del ciclo lectivo. Lo dijo en lugar elegido: el edificio en obras del futuro Instituto de capacitación docente de barrio Rosedal de esta ciudad. 

La reivindicación se afianzó en el oficialismo: desde el PJ Capital salieron a defender en redes a “Córdoba y su educación” con la consigna de que “el incentivo docente es ley y debe continuar ejecutándose”. 

En esto ancla la estrategia parlamentaria. Los diputados que le responden al mandatario aportarán a la presión legislativa sobre Milei para obligar a la restitución del Fonid. En Córdoba, el pago nacional implica el 9,2% del salario de un docente, según datos de la consultora CEPA. En otras provincias es un porcentaje mayor, de modo que la tijera afecta a varios gobernadores. 

El escenario legislativo es el que el jefe del Panal necesita para exportar y nacionalizar el costo político y social del ajuste que está haciendo la dupla Milei- Luis Caputo, a quien los gremios nucleados en Ctera ven como el dúo a vencer para que las aulas abran efectivamente el 26 de febrero. Esa lectura, claro, favorece al sanfrancisqueño, que más allá del Fonid se mantiene en la postura de no firmar acuerdos salariales atados a la inflación, y aspira a cerrar un paquete con Uepc donde la recaudación sea el ordenador. Habrá que ver si una oferta con estos condimentos, que todavía no se conoce y que posiblemente se perfilará  luego de la reunión de la Nación con los gremios nacionales, pasa las instancias decisorias del gremio magisteril, donde la izquierda y los no oficialistas manejan la Capital. 

A esa aspiración de trasladar lo más posible los costos a Milei, le salió al cruce la oposición con sendos posicionamientos del juecismo en el Concejo Deliberante, por el aumento del transporte urbano a 700 pesos, y del jefe del bloque radical en Diputados, el cordobés Rodrigo De Loredo, en el mismo sentido pero con más reproches y vinculando - terror cordobesista- a Llaryora con el gobernador bonaerense, el kirchnerista Axel Kicillof, para tumbar la ley “ómnibus” del Ejecutivo nacional. Un señalamiento que seguramente condicionará a los cordobesistas en futuras negociaciones dentro del Congreso.

En medio del clima de incertidumbre sobre el futuro del bloque Hacemos Coalición Federal, donde la oficialización de una coalición entre la Libertad Avanza y el PRO podría cambiar el mapa del grupo que conduce Miguel Pichetto, los diputados que responden al Panal dicen que acompañarán proyectos para restituir el Fonid y obligar a la Nación a hacer las transferencias a los distritos. A Córdoba, al día de hoy, le corresponden unos 2.200 millones de pesos mensuales. Este fin de semana, la diputada Margarita Stolbizer, que integra Hacemos Coalición Federal, presentó una iniciativa que lleva además la firma de la cordobesa Natalia de la Sota y de los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulon. Pichetto, como jefe de bloque, es quien está “vendiendo” el proyecto a bloques como la UCR o los que tienen terminales en los gobernadores, e impulsa una sesión especial luego del inicio del período ordinario, el 1 de marzo. 

De la Sota participó en la redacción del texto de Stolbizer, que pide la restitución del Fonid “hasta tanto sea sancionada una nueva ley de coparticipación”, a diferencia de otros proyectos que ingresaron a la Cámara de Diputados, del radical Julio Cobos, de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda, que hablan de una determinada cantidad de años de vigencia del fondo educativo. En concreto, plantea dos opciones, que se ate al Fondo a una nueva ley de coparticipación o que se lo incluya en un nuevo pacto fiscal entre Nación y provincias.

Del lado del oficialismo cerraron las puertas y le devolvieron la pelota a los gobernadores. El presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, sostuvo que el Fonid representa 350 mil millones sobre 35 billones de pesos que dan los 5 puntos del PBI destinado a educación y que si las clases no empiezan es responsabilidad de las provincias. “Si los gobernadores no empiezan las clases les preguntaría qué hicieron”, sostuvo. Espert se permitió ironizar al afirmar que los mandatarios “se comen la plata de los impuestos” y que “se han gastado la plata en otra cosa que no tiene que ver con la educación”.