En tándem, la UCR y el Frente Cívico diseñan una agenda para incomodar al oficialismo, haciendo foco en la reestructuración del sistema de Transporte, la planificación de la Guardia Urbana y la prórroga de la Emergencia.
Municipal 07 de marzo de 2024
Felipe Osman
Por Felipe Osman
El inicio de las sesiones ordinarias traerá consigo el final de una agenda legislativa dominada exclusivamente por el oficialismo, con un Concejo Deliberante puesto a debatir únicamente los proyectos que giraba el Ejecutivo Municipal. Ahora, la oposición no tendrá voz solo para contestar, sino también para proponer. Y ya se prepara para incomodar.
Y el contexto ayuda. En el orden nacional, Javier Milei confronta con los gobernadores con su agenda de ajuste fiscal y déficit cero, incomodando a los mandatarios provinciales que tienen que negociar fondos para sus distritos mientras el presidente los condiciona ante sus propios electores. Mientras, en la arena provincial la oposición intenta capitalizar la paridad que existe en la Legislatura enarbolando las mismas banderas de extrema austeridad.
En el Concejo, empieza a notarse el trabajo coordinado entre la UCR y el Frente Cívico, mientras sus máximos exponentes provinciales, Rodrigo De Loredo y Luis Juez, se dan a la tarea de esmerilar al oficialismo para mantener vigentes sus expectativas políticas.
Desde los dos bloques destacan que la posición diferenciada que ambos espacios sostuvieron en relación al Ente de Fiscalización y Control, cuya creación aprobó el radicalismo y rehúso el juecismo, será la excepción y no la regla.
De hecho, ambas bancadas vienen presentando pedidos de informes de manera conjunta para conocer los detalles del retiro de Ersa del sistema de Transporte Urbano de Pasajeros, y no sólo continuarán presionando ese flanco, sino que además buscarán tocar otro punto sensible para el oficialismo: Seguridad.
Los concejales opositores aseguran que, una vez aprobada la ordenanza municipal que adhirió a la nueva Ley Provincial de Seguridad -que prevé la articulación interjurisdiccional para abordar la problemática-, el oficialismo dejó de dar participación a la demás bancadas, a pesar de que se había comprometido a generar una ordenanza que regularía el funcionamiento de la Guardia Urbana Municipal.
“Estamos a menos de una semana de que entre en funcionamiento y el Ejecutivo no sólo no mandó la ordenanza, sino que tampoco mandó a nadie a explicar cómo va a funcionar la Guardia Urbana”, apunta desde el Frente Cívico Graciela Villata.
La titular del bloque juecista adelanta que, junto a la UCR y ediles de otras bancadas, van a hacer uso de la prerrogativa que les confiere el artículo 66 de la Carta Orgánica, que permite al cuerpo citar al intendente y a sus funcionarios “con el objeto de suministrar informes”. La oposición sólo necesita la firma de un cuarto de los ediles para convocar al secretario de Seguridad y Prevención Comunitaria, Claudio Vignetta, para que comparezca y dé precisiones respecto de cómo funcionará la Guardia Urbana, y planea hacerlo.
De hecho, la oposición ya hizo uso de esa herramienta apenas dos semanas atrás, cuando se decidió el último aumento del boleto como respuesta al quite de los subsidios nacionales al transporte del interior. Ayer hizo una presentación similar que lleva las firmas del Frente Cívico, la UCR y el PRO (Sukaría), además de las firmas de Cordobeses por la Libertad (Rovetto Yapur) y Ciudadanos (Huespe).
Finalmente, los opositores también articulan otra avanzada conjunta en relación a la emergencia: proponen la derogación del artículo 35 de la ordenanza de presupuesto, votada a fines del año pasado. El artículo en cuestión prorroga las emergencias sancionadas por la anterior gestión durante sus primeros meses al frente del Palacio 6 de Julio, y los opositores entienden que no es viable sostener la emergencia o, al menos, sostenerla apalancada en las mismas razones que cuatro años atrás.
En los fundamentos del proyecto presentado ayer (por el Frente Cívico, la UCR y el PRO) se afirma que el artículo 35, que prorroga la Emergencia Económica, del Transporte y Sanitaria, no satisface los requisitos constitucionales, convencionales y legales propios del instituto de la delegación de facultades del Concejo Deliberante hacia el Ejecutivo Municipal.
Los opositores apuntan que han variado significativamente las razones que motivaron la declaración de esas emergencias. Que en el caso de la emergencia económica, la propia gestión asegura haber normalizado la cadena de pagos y hasta presume de la fortaleza de sus finanzas. Y en el caso de las emergencias en Transporte y Salud, la causa eficiente de ambas fue la pandemia, que ya ha desaparecido.
Apuntan que si el contexto actual hace necesario solicitar una nueva emergencia –algo que resulta factible-, entonces ese pedido debe sustentarse en nuevas razones, y entienden la importancia de tal fundamentación no es menor, porque la emergencia deberá subsistir sólo mientras subsistan las razones que la justifican.
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