El bloque de concejales señaló que hubo una contratación directa de una empresa sin antecedentes, recién constituida y en una situación irregular en Rentas
Provincial12 de marzo de 2024
Alejandro Moreno
Por Alejandro Moreno
La Guardia Urbana Municipal debutó ayer con una denuncia de los concejales radicales, que señalaron que el Palacio 6 de Julio contrató en forma directa por casi cien millones de pesos a una empresa “sin antecedentes en el rubro y recientemente constituida” para la provisión de uniformes.
El bloque de concejales de la UCR, que preside la deloredista Elisa Caffaratti, informó que la empresa Yche SAS, cuyos socios son Sebastián Alejandro Aguilera y Fernando Alejandro Vich, de la ciudad de La Calera, fue contratada por la Municipalidad de Córdoba para proveer los uniformes de los flamantes guardias urbanos, que el intendente peronista Daniel Passerini presentó ayer.
Los guardias urbanos, por ahora, patrullarán las calles de 6 a 23, desarmados y sin chalecos antibala.
La denuncia de la UCR indica que la empresa Yche tiene nueve meses de antigüedad, y que “en su objeto social no se describe ninguna actividad relacionada con esta contratación”. Además, subrayaron que “su capital social es de 180 mil pesos” y que “se encuentra en una situación irregular frente a la Dirección de Rentas” de la provincia de Córdoba.
Caffaratti, la presidente del bloque, preguntó: “¿Qué antecedentes se tuvieron en cuenta para contratar de modo directo a esta empresa?” y “¿cómo analizaron la situación patrimonial de esta novel sociedad para afrontar un contrato de casi cien millones de pesos con un capital social tan exiguo?”.
“Incluso –agregó-, según la página de la Dirección General de Rentas, esta compañía tiene una situación fiscal irregular”.
Además de las condiciones de la empresa, los radicales apuntaron a que la Municipalidad la haya contratado en forma directa para la adquisición de los uniformes.
“La legislación establece que las contrataciones directas se realicen por un monto que no supere el millón de pesos, o por urgencia o gravedad. Acá creemos que fuerzan la normativa para beneficiar a una empresa amiga, porque no existe tal gravedad ni urgencia y el monto supera en cien veces el permitido para utilizar esta figura”, remarcó Caffaratti.
La titular del bloque exigió “claridad y transparencia”. “Estas prácticas –sostuvo- que fueron moneda corriente en la gestión de (el ex intendente y actual gobernador, Martín) Llaryora tienen que terminar de una vez por todas”.
“No hay razones objetivas que justifiquen la urgencia de la contratación; estas no pueden estar motivadas por discrecionalidades o caprichos de los funcionarios de turno, sino en razones objetivas que no existen en este caso dónde solo se evidencia una clara intencionalidad”, enfatizó.
Para Caffaratti, con toda esta situación, “la Guardia Urbana empieza mal, con un acto administrativo reñido con la transparencia y direccionando fondos públicos de manera discrecional”.
“En el medio están los vecinos, a quienes la inseguridad volvió rehenes de los delincuentes que todos los días toman más y más calles y barrios de la ciudad”, concluyó.
En el mismo sentido, el concejal Sergio Piguillem consideró que “lo de la Guardia Urbana es escandaloso”.
“El gobierno de la Municipalidad de Córdoba está usando la desesperación de la gente para hacer sus negocios. Una empresa fantasma de dos militantes peronistas está recibiendo cien millones de pesos de manera directa, sin licitación, sin transparencia”, recalcó.
En tanto, el diputado nacional Rodrigo de Loredo -candidato a intendente de Juntos por el Cambio en las elecciones del año pasado- dijo que “la guardia urbana no arrancó y el peronismo ya empezó con sus ‘mañas’”.
A su vez, el legislador Gregorio Hernández Maqueda, de la CC-ARI, opinó que “Llaryora impulsa las Guardias Urbanas en la Capital y en toda la Provincia para crear una falsa sensación de seguridad, mientras las organizaciones de criminales se nos matan de risa. Es una nueva venta de humo que, además, esconde grandes negociados”.
Lanzamiento
Al poner en marcha la Guardia Urbana, el intendente Passerini declaró que “a aquellos que quieren imponer la violencia urbana como forma de convivencia, los vamos a enfrentar; a aquellos que creen que vivir de lo ajeno es lo que hay que hacer, los vamos a enfrentar”.
“En momentos donde la inseguridad es agenda pública todos los días, donde los hechos de violencia urbana claramente buscan condicionar la vida de nuestra gente, nosotros no vamos a mirar para otro lado”, definió Passerini.
El intendente prometió “cuidar a la gente para que en cada lugar de la ciudad, los vecinos y vecinas de bien puedan ocupar los espacios públicos, vivirlos, disfrutarlos”.
La Guardia Urbana tiene cuatrocientos agentes que patrullarán con setenta móviles más de doce corredores de la ciudad, que cubren sectores de las avenidas Gauss, Recta Martinoli, Tejeda, Rafael Núñez, Sabattini, Ruta 20 y el boulevar Las Heras; además de los barrios Yofre, Alta Córdoba, San Vicente, Jardín y el Parque Sarmiento.
Finalmente, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, manifestó que la Guardia Urbana “es fruto de un trabajo conjunto serio, planificado, programado, estratégico, que tiene en la Policía de la Provincia de Córdoba claramente la columna vertebral”.
El desembarco en Córdoba esta tarde de “El Jefe” le agrega ahora el reciente condimento de los duros cruces en el binomio presidencial. Además, hoy también será la cumbre de la fuerza joven que trata de sostener a un crujiente Juntos por el Cambio.
La opo dialoguista y Unión por la Patria pidieron sesión especial para martes próximo para intentar derogar el decreto 864 que Milei considera innegociable. Estrategia para forzar presupuesto. Llaryora viene de una foto amigable con Caputo y del aval nacional a la plata saudi para el acueducto.
El diputado más cercano a Llaryora y el presidente del bloque oficial de la UCR se acusaron mutuamente horas después que el radical diera el preaviso de que quiere ser gobernador de Córdoba en 2027, blanqueando el trámite de divorcio con Juez, que quiere lo mismo. Dos ausencias cordobesistas en la frustrada sesión por el proyecto de ficha limpia en Diputados.
El diputado Carlos Gutiérrez cargó contra el gobierno libertario por “sacralizar” el concepto de déficit cero. Lo acusó de incumplir sus promesas e insistió con la baja gradual de las retenciones y una nueva ley de biocombustibles.
A tono con el clima de época y los cambios de nombres de edificios públicos, el legislador Hernández Maqueda presentó en la Unicameral un proyecto para quitar el nombre Evita del Palacio Ferreyra. Ya habló con la familia y dijo que encara una batalla cultural que no dieron otros antes “ni Juez, ni Negri, como así tampoco De Loredo”.
El desembarco en Córdoba esta tarde de “El Jefe” le agrega ahora el reciente condimento de los duros cruces en el binomio presidencial. Además, hoy también será la cumbre de la fuerza joven que trata de sostener a un crujiente Juntos por el Cambio.
Trabajo decretó 15 días hábiles de conciliación obligatoria en el conflicto con el Suoem. Passerini empuja al gremio al receso y negociará en ventaja.
