Uber: gatopardismo PJ en el Concejo

Por Felipe Osman

Con el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia como disparo de largada, las distintas fuerzas políticas con representación en el Concejo Deliberante ya presentaron sus proyectos para dotar de un marco normativo a la actividad desplegada por plataformas digitales como Uber, DiDi o Cabify, que intermedian en el servicio de traslado de pasajeros. Sin embargo, algunos de los proyectos insisten en tipificar sus prestaciones como servicios públicos, y el oficialismo incluso pretende equiparar su regulación a la de taxis y remis, alterando caracteres esenciales, determinantes en la elección de los usuarios de estas nuevas plataformas.

En concreto, Hacemos Unidos propone regular estas aplicaciones incluyéndolas en la ordenanza 12.859, “Marco Regulatorio para el Servicio Público de Autos de Alquiler con Chofer”, incluso a pesar de que el TSJ evitó tipificar estas prestaciones como servicios públicos. De hecho, el fallo de cámara de 2020 que el TSJ convalidó detalló que la actividad “presenta las notas típicamente definitorias de un servicio o actividad privada, regulada en función del interés general”.

El proyecto oficial exige, por ejemplo, que los vehículos utilizados por choferes de estas plataformas digitales estén ploteados y realicen la Inspección Técnica Vehicular (ITV) cada cuatro meses, que los choferes deban gestionar un carnet profesional cada 2 años (aunque un proyecto del propio oficialismo buscará extender ese plazo impuesto por el Código de Tránsito a 3 años), introduce un “régimen tarifario” determinando una tarifa mínima y una variación máxima (desnaturalizando la determinación del precio por el juego de la demanda y la oferta), y estableciendo un cupo de licencias que fijará periódicamente la autoridad de aplicación.

En suma, el oficialismo propone abolir las plataformas digitales que los consumidores ya han elegido, mimetizándolas con el servicio de taxis y remis, cuando no mantener a los conductores de Uber en la informalidad para poder multarlos.

El proyecto de la UCR, por su parte, es menos invasivo que el del oficialismo. En su artículo 2, establece que la naturaleza del “Servicio de Pasajeros mediante Plataformas Electrónicas” es una “actividad privada de interés público”, encuadrada en el contrato de transporte, definido en los términos del Código Civil.

De igual manera, el proyecto de Jessica Rovetto Yapur (Cordobeses por la Libertad) y el de Gabriel Huespe (Ciudadanos) también encuadran la prestación de las plataformas digitales de transporte en el marco de una actividad privada regulada por el Código Civil. Sin embargo, el segundo es confuso al hablar de “tarifa” en lugar de “precio”, utilizando un término propio de la regulación de los servicios públicos.

Todos los proyectos coinciden en la necesidad de que exista registro, inscripción y tributación local, pero sólo el de la UCR prevé expresamente la prestación del servicio con moto-vehículos, alternativa que algunas de las plataformas ya han incorporado.

El debate que contrastará estas cuatro iniciativas empezará esta semana en comisión, para llegar en las próximas al pleno del recinto, donde el peronismo -huelga decirlo- cuenta con los votos necesarias para imponer su proyecto.

De hacerlo, nada habrá cambiado después del tortuoso camino judicial que han recorrido las plataformas digitales, cuyo último hito fue el fallo del TSJ a principios de mes, instando al Concejo Deliberante a suplir su “omisión reglamentaria”.

Las plataformas seguirán operando al margen de la reglamentación, los usuarios seguirán eligiéndolas por adaptarse mejor a sus necesidades, y la Municipalidad seguirá multando a conductores que, en muchísimos casos, ven en estas plataformas la única alternativa para complementar sus ingresos, corroídos por la inflación. Y todo habrá cambiado para que nada cambie.