El desafío de la UCR, ante cambios que necesitan institucionalidad y límites

Por Facundo Cortés Olmedo (*)

La situación económica de Argentina ha sido objeto de debate y controversia durante décadas. En medio de ciclos de crisis y recuperaciones, nuestro país ha luchado por encontrar un camino hacia la estabilidad y el progreso sostenible. En este contexto, emerge la necesidad de una reflexión profunda sobre las políticas económicas y el papel de la institucionalidad democrática en la construcción de un futuro próspero para todos los argentinos.

En primer lugar, es crucial reconocer la importancia de la institucionalidad en la estabilidad económica y el desarrollo sostenible. La democracia y el Estado de Derecho son los cimientos sobre los cuales se construye cualquier política económica efectiva. Sin instituciones sólidas que garanticen la igualdad de oportunidades, la transparencia y la rendición de cuentas, cualquier intento de reforma económica estará condenado al fracaso, por lo menos desde la perspectiva del interés colectivo.

Las disposiciones constitucionales en cuanto disponen que determinados aspectos del funcionamiento del Estado sólo pueden regularse a través de una Ley e incluso en materias específicas con origen exclusivo en una de las Cámaras del Congreso no son simplemente un conjunto de reglas formales; más bien, constituyen las bases sobre las cuales se erige y se sostiene un sistema democrático. Estas disposiciones constitucionales son esenciales para garantizar una verdadera República en el marco de la cual el “poder” encuentre contrapesos y controles que eviten la acumulación de aquel en una persona o grupo de personas, incompatible con una democracia saludable

Mientras tanto, la socialdemocracia, modelo al que adhiere la Unión Cívica Radical, ofrece un marco ideológico y dogmático sólido que puede guiar las políticas económicas hacia un enfoque más equitativo y sostenible. En efecto, en contraposición a los extremos “populistas” de izquierda o derecha, la socialdemocracia aboga por un sistema económico mixto que combine la eficiencia del mercado con una fuerte red de seguridad social y un papel activo del Estado en la regulación y redistribución de la riqueza.

Esto significa reconocer la importancia del mercado como motor de crecimiento, al tiempo que se garantice que sus beneficios lleguen de manera justa y equitativa a todos los sectores de la sociedad. La UCR puede liderar este enfoque pragmático, sin desmedro de su doctrina y valores, promoviendo políticas que fomenten la inversión y la innovación en el marco de un capitalismo controlado y racional, que promueva la ascendencia social en base al mérito, pero garantizando un acceso equitativo a servicios básicos como la salud y la educación.

En este marco, es crucial comprender que la voluntad de un individuo expresada a través de un “decreto” difiere significativamente de la voluntad de la mayoría expresada mediante una ley. La legitimidad y el alcance de las decisiones son radicalmente distintas en cada caso, lo que subraya la importancia de los procesos democráticos formales en la toma de decisiones políticas, porque en definitiva hace a la legitimidad de aquellas.

Por consiguiente, existen ciertos asuntos que por su naturaleza y su trascendencia para el funcionamiento adecuado de la democracia sólo pueden y deben ser abordados en el ámbito del Congreso. Es en este espacio donde convergen y se equilibran los intereses de las provincias, en respeto al federalismo que dio nacimiento a nuestra Nación y a nuestra organización constitucional, y los intereses de la ciudadanía, en la representación democrática legítima.

La necesidad de cambios urgentes e imperativos para torcer el rumbo decadente de nuestro país y la institucionalidad en la que debe enmarcarse ese proceso, constituye un desafío para la UNIÓN CÍVICA RADICAL, que por su trayectoria, historia y compromiso cívico, no puede ser ajena a ese proceso.

En efecto, son indispensables cambios en materia de transparencia, eficiencia del Estado, legislación laboral, democratización de los sindicatos, liberación de la economía, entre otros; preservando y fortaleciendo al mismo tiempo la educación pública de calidad, el acceso a la salud y a los servicios públicos esenciales, por citar algunos de los aspectos que constituyen, a mi criterio, el zócalo de dignidad de cualquier ser humano a partir del cual cada uno será artífice de su propio destino. Pero esa deseada realidad no puede ser consecuencia de una voluntad divina, o de una sola persona que se arrogue la exclusividad de la “hoja de ruta” a la prosperidad de todos los argentinos; por el contrario, estoy convencido que ello sólo podrá ser el resultado del diálogo honesto y los urgentes consensos que nuestro país necesita.

Para recuperar la sensatez y la prudencia en el ejercicio de la política y la administración de la economía argentina, es imprescindible transitar por el camino del medio, evitando caer en los extremos que han caracterizado nuestra historia reciente. La prudencia, entendida como la capacidad de gobernar y tomar decisiones con moderación y sabiduría, debe ser la brújula que guíe nuestras acciones.

Son justamente aquellas lógicas extremas las que no nos han permitido encontrar el cauce racional y sostenido de progreso en el contexto de un país normal. Por ello, así como es reprochable la emisión monetaria descontrolada como herramienta populista para mantenerse en el poder, la misma actitud debemos asumir cuando se pretende demoler la educación pública con fundamentos en factores exclusivamente económicos. Lo mismo cabe predicar sobre el uso banal de la defensa de los derechos humanos como eslogan de una falaz y conveniente propaganda política, o desde el otro extremo fomentar la negación del terrorismo de Estado. Tampoco se puede adscribir a las reglas del libre mercado como única receta a la solución de nuestros problemas, pero la alternativa no es el modelo de un Estado innecesariamente intervencionista. Estos son algunos ejemplos de los extremos que debemos evitar, porque, tarde o temprano, en la circunferencia del devenir histórico de la sociedad se terminan tocando.

Solo a través de un equilibrio prudente y sensato, respetando los valores democráticos y promoviendo el diálogo y los consensos Argentina podrá superar sus desafíos actuales y construir un futuro próspero y sostenible para todos. Este equilibrio no es solo deseable, sino fundamental, para evitar la polarización y promover una sociedad más justa y equitativa.

En resumen, los cambios que el país necesita deben enmarcarse desde lo formal y lo sustancial en la Constitución Nacional, en tanto no sólo establece un marco legal, sino que también crea un sistema de salvaguardas y procedimientos que garantizan la primacía de la voluntad de la ciudadanía y el equilibrio de poderes, elementos fundamentales para la consolidación de una democracia.

(*) Presidente del Congreso de la UCR de Córdoba