Mientras algunas provincias plantean juicios ante la Corte Suprema de Justicia cuestionando la coparticipación, otras alertan que, si se eliminara, no podrían pagar los sueldos de los empleados públicos.
Nacional 03 de abril de 2024
Redacción Alfil
De cara al Pacto de Mayo convocado por el presidente Javier Milei se incluyó la rediscusión de la coparticipación. La recaudación está fuertemente centralizada a nivel nacional mientras que las principales funciones públicas son administradas por las provincias y sus municipios. Por eso, parte de la recaudación es apropiada por la Nación y el resto es distribuido entre las provincias. El tema está en el centro de la agenda política por el enfrentamiento entre Javier Milei y los gobernadores.
Para la distribución de dinero se aplican una serie de reglas previstas en la ley de coparticipación y otras normas análogas. El esquema es tan complejo y arbitrario que coloquialmente se lo denomina el “laberinto de la coparticipación”.
La coparticipación históricamente fue motivo de conflictos y polémicas. La evidencia más extrema es la gran cantidad de juicios planteados antes la Corte por provincias que se sienten perjudicadas. El caso más reciente es Mendoza que cuestiona la reducción del impuesto a las ganancias dispuesta unilateralmente por el gobierno nacional. En paralelo, los gobernadores del norte alarman a sus poblaciones con la amenaza de que si disminuye la coparticipación no podrán pagar los sueldos de los empleados públicos.
¿Por qué la coparticipación genera tantas controversias?, se pregunta la consultora Idesa dirigida por el economista Jorge Colina. Si bien es un tema que involucra muchas aristas y complejidades, en base a información publicada por el Ministerio de Economía, referida al 2022, se pueden extraer evidencias para desentrañar este importante tema: las provincias del norte reciben en concepto de coparticipación 2.000 dólares por habitante por año y para el resto 900 dólares por habitante por año.
Las provincias del norte tienen 63 empleados públicos cada 1.000 habitantes cuando el resto de los distritos tiene 45 empleados públicos cada 1.000 habitantes. Para Idesa estos números muestran que la coparticipación redistribuye recursos impositivos en favor de las provincias del norte y éstas los usan para expandir el empleo público.
“Las evidencias avalan el planteo de los gobernadores del norte que, si les disminuye la coparticipación, no podrán pagar los sueldos ya que es claro el exceso de dotación de empleados públicos. También explican el rechazo que genera la coparticipación entre las provincias que ponen más de lo que reciben y plantean su judicialización”, señala el informe.
Para Colina la coparticipación es una de las principales causas de la “decadencia argentina”. A las provincias del centro y la Patagonia le impone un drenaje de recursos que cercena su progreso. Paradójicamente, también cercena las posibilidades de progreso de las provincias del norte. “Los abundantes recursos que reciben las provincias del norte son destinados mayoritariamente al empleo público espurio y otras prácticas clientelares. La coparticipación no es una herramienta de solidaridad desde las zonas más ricas a las más pobres. Muy por el contrario, la coparticipación profundiza su subdesarrollo a través de los incentivos que genera en sus gobiernos a acumular poder político en base al clientelismo”, añade.
Para solucionar este problema la propuesta es aplicar el principio, ampliamente avalado por la teoría de las Finanzas Públicas, de correspondencia fiscal. Esto es, el que gasta, recauda. Para ello es necesario un nuevo acuerdo de coordinación tributaria y funcional entre las provincias y la Nación. El Estado nacional se debería financiar con los impuestos al comercio exterior, la seguridad social y el impuesto a los ingresos. Las provincias con sus municipios con un IVA que absorba ingresos brutos y tasas municipales. La AFIP debería seguir administrando el IVA unificado, sólo que, en lugar de distribuir aplicando la coparticipación, debería hacerlo en función de la producción y consumo de cada provincia.
“Esto incentivaría el desarrollo local. Las provincias del norte recibirían asistencia de un Fondo de Convergencia hasta que logren un nivel de desarrollo similar al resto del país”, sostiene el economista, quien añade que el hecho de que en las provincias del norte usen los fondos para expandir el empleo público y no para promover el desarrollo es el resultado de los malos incentivos de la coparticipación.
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