El Gobierno Nacional protagoniza una fuerte avanzada contra los Movimientos Sociales, con decenas de allanamientos incluidos y una feroz campaña en redes sociales. En Córdoba, como en muchas otras provincias, esas organizaciones mantienen una estrecha alianza con el PJ.
Provincial15 de mayo de 2024
Felipe Osman
Por Felipe Osman
Manuel Adorni, vocero de la Presidencia, empezó el día con una tuit teledirigido a los Movimientos Sociales: “Te acusaban de ser la ‘derecha hambreadora’ mientras se quedaban con la comida de los pobres”.
La acusación fue el reflejo de todo lo que sucedió en las horas previas, en las que el ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, y el ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, coordinaron una nueva avanzada en contra de los Movimientos Sociales, con denuncias recabadas en la línea 134 y 27 allanamientos dispuestos por la Justicia Federal.
Junto a la inauguración del busto en homenaje al expresidente Carlos Menem en la Casa Rosada, fueron las dos noticias que sirvieron para opacar un dato mucho menos feliz para Gobierno, a saber, un índice inflacionario del 8,8 por ciento en abril, bastante por encima del que los libertarios esperaban, en torno al 6 por ciento, después de patear el aumento de las tarifas para consolidar una caída pronunciada del IPC.
Tal fue la virulencia con la que el sistema libertario salió a instalar el tema en las redes sociales que varias de sus cuentas tuitearon como cierta la (falsa) detención del dirigente piquetero Eduardo Belibonis, líder del Polo Obrero, la organización que más allanamientos recibió. Horas después eliminaron las publicaciones.
La acusación que pende sobre el Polo Obrero, el Movimiento Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) es por extorsión. Según el Gobierno, una serie de denuncias realizadas a través de la línea 134, dispuesta por el Ministerio de Seguridad, habría dado cuenta de que referentes de estas organizaciones coaccionaban a beneficiarios de planes sociales para obligarlos a asistir a movilizaciones en su contra, bajo la amenaza de negarles el acceso a esos planes.
En paralelo, Pettovello denunció que casi la mitad de los comedores y merenderos que recibían asistencia del Estado no existían, conclusión a la que la cartera de Capital Humano habría llegado tras finalizar el proceso de re empadronamiento de estas organizaciones.
La avanzada del Gobierno Nacional contra los Movimientos Sociales interpela al peronismo, que ha tejido una sólida alianza con estas organizaciones. Y Córdoba no es la excepción.
Los libertarios acusan al PJ de haber “tercerizado” la asistencia social que financia el Estado a través de estas estructuras, consolidando a “gerentes de la pobreza” que se mueven con escasa o nula transparencia la hora de repartir ayuda.
En Córdoba, el Movimiento Evita -una de las mayores organizaciones sociales, que de momento no ha sido objeto de allanamientos ni imputaciones- forma parte de las estructuras de Gobierno, a las que aporta legisladores y funcionarios.
Frente a la avanzada del Gobierno Nacional en contra de los Movimientos Sociales se abre la interrogante de qué posición tomará el Gobierno Provincial. Más concretamente, si el oficialismo sostendrá esos acuerdos o intentará desmarcarse de uno de los objetivos elegidos por la Casa Rosada para librar la “Batalla Cultural” que declama el ideario libertario. Por estos momentos, el Centro Cívico evalúa el impacto de la avanzada nacional.
Quienes la festejan, en tanto, son las estructuras territoriales propias del partido, que durante las últimas dos décadas han perdido peso relativo frente al avance de los Movimientos Sociales.
Del mismo modo que los actores PJ de la alianza gobernante recelan la inclusión de extrapartidarios en las filas del oficialismo, los dirigentes y referentes territoriales del partido entienden que el despliegue de las organizaciones sociales en los barrios populares -con apoyo del Gobierno- los aleja de la base electoral que tributan al PJ para justificar su participación en los esquemas de Gobierno.
Lo que no queda claro es si la actual ofensiva libertaria contra las organizaciones sociales busca reconfigurar el sistema cortando cualquier clase de intermediación en las prestaciones sociales o se detendrá permitiendo que ese rol sea nuevamente absorbido por las estructuras partidarias.
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