La sesión preparatoria ordenada por la Justicia naufragó cuando la oposición se dio con que el oficialismo había modificado el reglamento para que solo sus concejales puedan ser electos para presidirlo. El peronismo denunció un “escándalo”. Juntos por Calera se justificó en la “gobernabilidad”.
Provincial 06 de junio de 2024
Felipe Osman
Por Felipe Osman
“Los compañeros fueron por lana y volvieron trasquilados”, dijo ayer un peronista de La Calera al que la accidentada sesión de más de tres horas no lo había desanimado, y supo tomar con humor lo que acabada de suceder.
Es que la sesión preparatoria que el Tribunal Superior de Justicia había instado a repetir, para poner fin al conflicto institucional desatado tras la sesión del 23 de febrero, tuvo lugar ayer, pero estuvo muy lejos de lograr su cometido.
Las bancadas opositoras, que junto a la radical Analía Marcos dejaron de asistir a las sesiones convocadas por Sofía Montero -por no reconocerla como Presidenta del Concejo-, entraron al recinto listas para repetir el movimiento que habían ejecutado en aquella sesión de febrero. Los concejales alineados con Gastón Morán y Facundo Rufeil volverían a respaldar a Marcos para la Presidencia del Concejo, con la intención de capitalizar la interna desatada en el bloque oficialista y arrebatar a Rambaldi el control del cuerpo. Pero la jugada no prosperó.
Al comenzar la sesión, cayeron en cuenta de que no podrían hacerlo. El oficialismo había aprovechado las sesiones celebradas en ausencia de la oposición para modificar el reglamento interno del Concejo y establecer que sólo los concejales de la bancada oficialista pueden ser elegidos para presidir el recinto. Contrariada, la oposición pidió un cuarto intermedio para recalibrar.
Al cabo de algunos minutos volvió y dijo que insistiría con Marcos para presidir el cuerpo, ya que la radical fue electa por la boleta del oficialismo, y jamás solicitó integrar una bancada unipersonal por fuera del bloque oficialista.
Pero tampoco funcionó. Sofía Montero, que presidía la sesión, respondió que no podía poner a consideración del cuerpo esa moción, ya que contradecía al reglamento.
Después de un extenso barullo e insistentes críticas de los opositores, la sesión quedó levantada. El veedor del TSJ, que presenció el debate, deberá ahora presentar un informe ante el tribunal, y la pelota volverá a quedar del lado de la Justicia, ya que el cuerpo no ha logrando encontrar una solución política para el conflicto.
Los argumentos de la oposición son sólidos. Aseguran que el oficialismo, al modificar el reglamento, no sólo ha violado la manda judicial del TSJ, que indicaba “abstenerse de modificar la situación fáctica y jurídica” y “retrotraer la situación al estado de cosas en que se encontraba al momento de la sesión de fecha 23 de febrero”, sino que además lo ha hecho ilegalmente, puesto que al momento de tomar juramento a Florencia Chapero (de Marcos) sólo contaba con cuatro concejales sentados en el recinto. Es decir, no tenía quórum.
Finalmente, también destaca que al negarse a poner en consideración la moción de Morán, a saber, postular nuevamente a Analía Marcos para presidir el Concejo, ha vuelto a obrar caprichosamente, puesto que Marcos no habría sido notificada de su expulsión. Esto último es negado por el oficialismo, que asegura las notificaciones fueron debidamente cursadas.
En rigor, vale decirlo, la Ley Orgánica Municipal nunca habla de “bloques” o “bancadas”, que no son un concepto jurídico cuidadosamente delineado, sino más bien un modismo de la prensa o de la jerga política. Aunque hay un antecedente cercano y resonante en lo relativo a esta cuestión.
Durante la Presidencia de Alberto Fernández, Cristina Fernández -entonces a cargo del Senado- decidió dividir al bloque oficialista en dos, para reclamar los lugares que en el Consejo de la Magistratura corresponden a la primera y segunda minoría de la Cámara Alta. Ese movimiento no fue, sin embargo, convalidado por la Justicia, que entendió que la composición de las cámaras era la que emanaba del acto eleccionario, y no de la posterior modificación de los bloques.
El oficialismo, por su parte, también presenta sus argumentos. Asegura que la Ley Orgánica Municipal tiene que ser interpretada en coherencia con el principio de gobernabilidad, y que, si habilita a convocar a los concejales suplentes tras la reiterada inasistencia de los titulares, no se advierte por qué no podría hacerlo cuando convocarlos es indispensable para poner en movimiento al Legislativo. Es decir, para restablecer el quórum. Ergo, tomar el juramento a un suplente “sin quórum” no sería ilegal, en tanto que el motivo de la convocatoria es, justamente, remediar la falta de quórum.
Además, advierte que la Ley Orgánica Municipal no prevé la figura del vice intendente, y establece que, en caso de licencia temporaria del intendente, asume en su función el Presidente del Concejo. Invocando otra vez el principio de gobernabilidad, remarca que el primero en la línea sucesoria debe ser indefectiblemente un concejal del oficialismo. De lo contrario, ante un mínimo resfrío del intendente, sus opositores podrían alterar gravemente el curso de la gestión.
El final de la historia sigue abierto. Por ahora lo único cierto es que el expediente que transita ante el TSJ seguirá sumando presentaciones, y que el Concejo Deliberante volvió a quedarse sin quórum, porque asumiendo ayer sus titulares, el oficialismo deberá esperar al menos otras cuatro ausencias consecutivas para convocar a los suplentes otra vez.
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