Los diputados de Unión por la Patria y la cordobesa Natalia de la Sota compatibilizaron sus proyectos en uno sólo que obtuvo dictamen de mayoría en comisión. Buscan poner freno a la intención de Nación de desregular las prestaciones para personas discapacitadas.
Nacional06 de junio de 2024
Yanina Soria
Por Yanina Soria
En otro acuerdo transversal que sólo la Libertad Avanza no acompañó, diputados de los distintos bloques políticos lograron ayer en comisión un dictamen de mayoría que apunta a impedir que el gobierno de Javier Milei avance por decreto en la desregulación del Sistema Único de Prestaciones para las personas con discapacidad.
Hace algunos días, se conoció un borrador que fue rubricado por el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Orlando Spagnuolo, y que, básicamente, propone dejar los costos de las prestaciones para discapacitados sujetos a la oferta y demanda del mercado. Una decisión que puso en alerta a todo el sector y que ya provocó manifestaciones públicas en distintos puntos del país.
Pues, la Ley Nacional de Discapacidad establece, entre muchas otras cosas, un valor único de nomenclador para todas las obras sociales y prepagas con el propósito de que todas paguen lo mismo por cada prestación. De esa manera, se garantiza que todas las personas con discapacidad tengan la misma atención. En cambio, la propuesta que maneja el Ejecutivo nacional plantea todo lo contrario.
Frente a una agenda parlamentaria tan intensa, con temas tan calientes en la discusión pública, la discapacidad parece no ocupa la centralidad del debate, pero es otro frente que abre la gestión del presidente autodefinido como anarcocapitalista.
Por eso, en la comisión de Discapacidad en la cámara de Diputados presidida por el ex ministro Daniel Arroyo de Unión por la Patria el tema se recogió y se viene tratando desde hace unos días.
Ayer, finalmente, después de compatibilizar un proyecto del kirchnerismo impulsado por el diputado Eduardo Valdés y otro de la cordobesa Natalia de la Sota, todos los bloques a excepción de los libertarios, firmaron un dictamen de mayoría.
Los legisladores se comprometieron en pedir “rápidamente” el tratamiento en la comisión de Presupuesto y Hacienda para luego llevarlo al recinto. Y debido al alto consenso que recogió la iniciativa, todo hace suponer que no encontrará resistencia al momento de darle luz verde.
El dictamen instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos.
La norma establece, según sus fundamentos, entre otras cuestiones, que el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, “debe garantizar la universalidad de la atención de dichas personas mediante la integración de políticas, recursos institucionales y económicos afectados a dicha temática”. Y añade: “La universalidad consistirá en asegurar el acceso y la calidad de las prestaciones en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional, y sobre la base del principio de no discriminación por motivos de discapacidad”.
Firmaron Unión por la Patria, Hacemos Coalición Federal, el PRO, la UCR y hasta el FIT Unidad. En representación de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine dijo que “el decreto no va a salir, es un borrador que no se va a firmar, así que no tienen que preocuparse porque no se van a limitar las prestaciones”. Sin embargo, Arroyo expresó que entonces “necesitamos una comunicación oficial del Ejecutivo que dé cuenta de que el decreto no va a salir”.
Por su lado, el flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respondió ayer enfocan el tema en la supuesta falta de controles y auditorías sobre el tema: señaló que en 2003 había 79 mil pensiones por invalidez, cifra que aumentó a 1.215.000 en 2023, representando un costo anual de USD 3 mil millones. Francos informó, precisamente, que una auditoría de ANDIS reveló que el 80% de las pensiones no cumplían con los requisitos mínimos, implicando un gasto injustificado de USD 2400 millones anuales. “Así de irresponsable fue el gobierno de quienes esta madrugada resolvieron incrementos de haberes jubilatorios con un costo de medio punto del PBI sin que el Estado cuente con recursos necesarios para afrontarlo”, sintetizó el funcionario.
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