Llaryora adelantó que pedirá la Conciliación Obligatoria para salvar el reinicio de clases. La delegación capital del gremio, controlada por la oposición a la conducción provincial, respondió abriendo la convocatoria al resto de los estatales para una movilización conjunta el martes.
Provincial17 de julio de 2024
Felipe Osman
Por Felipe Osman
La Provincia adelantó ayer que pedirá la conciliación obligatoria al Ministerio de Trabajo para asegurar el reinicio de clases tras el receso. En el marco del conflicto abierto por la paritaria docente, la UEPC había convocado a un paro por 48 horas para el lunes y martes de la semana próxima tras rechazar la segunda oferta del Centro Cívico.
Tras el anuncio del gobernador, la delegación capital del sindicato, controlada por la oposición a la conducción provincial, abrió la convocatoria al resto de estatales para participar de la movilización que la UEPC planea llevar adelante el próximo martes.
La decisión de la Provincia de recurrir a la conciliación obligatoria y la respuesta de la facción más combativa del sindicato muestran un endurecimiento del conflicto, que ya acumula dos ofertas rechazadas por las bases de la UEPC, y que aparece atravesado por una fuerte interna gremial, con una conducción provincial que ha perdido capacidad de persuasión entre los docentes y una oposición fortalecida por la pérdida de poder adquisitivo cifrada, en gran medida, en los recortes presupuestarios del Gobierno Nacional, que eliminó el Fonid junto a otros fondos que tenían por destino colaborar en el financiamiento de los sistemas educativos provinciales.
En sus anuncios de ayer, Llaryora no sólo avisó que pedirá la conciliación obligatoria. También dijo que la Provincia va a “reformular” la propuesta rechazada por la Asamblea Provincial de la UEPC rechazó el pasado 5 de julio, algo que ya había adelantado el Secretario General de la Gobernación, David Consalvi, días atrás.
Con mayores precisiones, Consalvi había apuntado que las cuentas de la Provincia, que no sólo ha sufrido una caída en la recaudación por la baja de actividad sino también detracciones de distinta índole por parte del Gobierno Nacional, no están en condiciones de volcar mayores recursos a la paritaria, con lo cual la propuesta no consideraría una recomposición mayor, sino un reordenamiento de los fondos destinados a reajustar el salario docente.
La interna de UEPC, por su lado, entiende que el Centro Cívico ha “deslegitimado” el uso conciliación obligatoria, por haber denunciado el último acuerdo paritario de la anterior gestión, que se había arribado en el marco de una conciliación dictaminada por el Ministerio de Trabajo. En cualquier caso, se trata de una consideración política. Los efectos jurídicos de la conciliación serán plenamente vinculantes.
Después de las declaraciones del gobernador, las redes sociales de la delegación capital del gremio publicaron una carta abierta convocando al resto de los sindicatos estatales a plegarse a la movilización del martes 23. Desde luego, parece muy difícil alguno de los sindicatos estatales acompañe oficialmente el reclamo de los docentes. Sin embargo, la intención de los sectores opositores a la Celeste en UEPC es conseguir que las bases del SEP y los demás gremios del sector público participen de la protesta, a la espera de poner en evidencia la distancia que existiría entre las conducciones de estos sindicatos y sus representados.
La apuesta sería sumar presión a las cúpulas de estos gremios, y desgastar la relación entre ellas y sus bases.
El Centro Cívico sigue con atención esta dinámica. Hasta el momento, uno de sus principales argumentos es apuntar al sindicato docente como la “excepción”, y destacar que el resto de los gremios estatales llegan a acuerdos con la Provincia sin mayor conflictividad.
En rigor, es relativo. El resto de los gremios estatales suele incorporar a sus acuerdos paritarios una cláusula por la cual su recomposición debe mejorar hasta empardar la que consigan los docentes que, además, más que la excepción son la regla, en tanto que representan a más del 60 por ciento de los agentes activos del Estado Provincial.
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