El PJ se anticipa y fija agenda legislativa: narcotest

Por Yanina Soria 

Volvieron los chicos a clases y también los legisladores a la Unicameral. El final de las vacaciones de invierno para los cordobeses marcó el inicio del segundo tiempo parlamentario que promete registros de alto voltaje igual que en la primera etapa del año. 

Aunque con algunas movidas nuevas en la bancada radical que entusiasman a un oficialismo siempre dispuesto a meter la cuchara en territorio ajeno, la realidad es que la Legislatura le seguirá demandando al PJ un esfuerzo extra para no perder ni un centímetro frente a la oposición. 

La paridad coloca en zona de ventaja al resto de las bancadas que, si articulan de manera conjunta, pueden imponer temas y abrir discusiones que incomodan a Hacemos Unidos. Un ejemplo claro es la intención del Interbloque de Juntos por el Cambio de volver a la carga con un asunto que el oficialismo ya había saldado y sobre el que no tiene intenciones de volver a debatir: el juego online. 

La legalización del juego en línea es ley desde la última gestión de Juan Schiaretti cuando la bancada mayoritaria, tras haber contado con la colaboración de opositores que hoy son parte del gabinete de Martín Llaryora, logró aprobar la norma en medio de un rechazo generalizado. Que no sólo provino de un sector de la política sino también de los distintos ámbitos que interfieren en la vida de los cordobeses. 

Tan embarazo resultó aquel debate para el peronismo que la ley se aprobó entre Navidad y Año Nuevo (2021), justamente la fecha a la que van a parar todos los proyectos indecorosos. 

Ahora, frente a la advertencia de la comunidad educativa provincial que ve con suma preocupación el nivel de apuestas a la que se prestan los alumnos de la primaria y secundaria, y ante una durísima crítica lanzada por la Iglesia de Córdoba que conduce el arzobispo Ángel Rossi, el tema volvió a colarse en la agenda pública. 

La oposición lo recogió y lo quiere llevar nuevamente al ámbito parlamentario. Como se sabe, el juecismo va directamente por la derogación de la ley mientras que la UCR e incluso el propio oficialismo (donde el tema no genera consenso unánime) proponen bloquear (o limitar) el acceso. 

Con esa agenda, la oposición pretendía abrir la segunda temporada legislativa y reinstaurar una discusión de alto costo político para Hacemos Unidos. 

Sin embargo, el PJ se anticipó y arremetió con otro tema: narcotest. Ayer se publicó en el Boletín Oficial la adhesión de la Legislatura de Córdoba a ley 10954 de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, promulgada el pasado 26 de abril, que establece la obligación de presentar anualmente certificado negativo expedido por institución médica que acredite la realización de exámenes toxicológicos. Alcanza a todas las personas que desempeñen funciones por elección popular, Gobernador, Vicegobernador, Legisladores y Tribunos de Cuenta, ministros, secretarios, directores y subdirectores, asesores, entre otros. 

De hecho, hace unos días, Llaryora informó que asistió al hospital San Roque para someterse precisamente al análisis de laboratorio que permite detectar la presencia de metabolitos de drogas ilegales en orina. 

Ahora la pelota pica del lado de los 70 legisladores que deberán hacerse el estudio y presentar sus certificados negativos. La mayoría de los opositores dijo ya tener turno asignado para realizarlo en instituciones públicas y, en general, no hubo quejas. Lo mismo correrá para los oficialistas.