República para las provincias

Por Javier Boher 

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En este país el federalismo es un tema complicado. Constitucionalmente está reconocido como la forma de organización política del territorio, pero en la práctica el centralismo unitario tira mucho. Un poco de tradición caudillista y la necesidad de liderazgos fuertes para organizar el Estado hicieron lo suyo. 

La reforma de 1994 le dio más autonomía a las provincias, lo que acompañado por la explosión del sistema de partidos generó las condiciones para el cambio de reglas en cada distrito. Poco a poco los gobernadores fueron buscando la forma de aislar el territorio para conformar feudos en los que la alternancia partidaria y la renovación de nombres brillan por su ausencia.

En ese reordenamiento político algunos distritos fueron cambiando sus reglas para la elección de legislaturas y gobernadores, habilitando incluso la reelección indefinida. El peor de estos casos es el de Formosa, que volvió a las noticias porque la Corte Suprema de Justicia reactivó la cuestión sobre este tema. La cuestión es definir hasta qué punto la autonomía provincial puede tensionar los principios republicanos que ordenan la vida en el nivel federal.

La constitución en ese sentido no deja dudas de que dichos principios deben respetarse en cada unidad subnacional. La dificultad está en definir qué tipos de prácticas o instituciones de las existentes están reñidas con una república saludable y cuáles efectivamente respetan las máximas de la división de poderes, la alternancia y la publicidad de los actos de gobierno. Muchas de las instituciones existentes son apenas una mera enunciación de formas que no implica la existencia de un sistema donde los ciudadanos sean sujetos con plenos derechos.

El año pasado la Corte postergó las elecciones de Tucumán y de San Juan por irregularidades en los intentos de reelección, pero solamente viendo si se respetaban las reglas existentes. Evitó meterse en este tema de fondo en el que todo indica que incursionará ahora. En los papeles esto debería mejorar la calidad de vida de los argentinos de esas provincias, pero también podría abrir un foco de conflicto con las mismas. Aunque el máximo tribunal tiene la última palabra, no faltarán presiones y movimientos desde cada distrito para evitar que se modifiquen las reglas que hoy le permiten a los gobernadores retener todo el poder. Ahí la cosa se pondría interesante, porque habría que ver qué gobierno estaría dispuesto a intervenir las provincias para restituir el orden.

Es difícil saber cuánto apoyo popular podría tener el gobierno de Milei para intentar una movida de ese estilo, pero también es difícil saber si tendría cuadros para administrarlas o siquiera si le interesaría hacerlo. Hasta ahora parece que se sienten muy cómodos en el nivel nacional funcionando como meros gerentes de un gobierno heredado del kirchnerismo.

La alternancia política y los mecanismos de control ciudadano sobre los gobernantes son un aspecto fundamental del orden repúblicano. La reelección indefinida es incompatible con dicho sistema, como también lo son los mecanismos de conformación de legislaturas en las que el ganador se asegura una mayoría con la cual evitar el correcto funcionamiento del sistema de frenos y contrapesos. 

Si la Corte decide recorrer ese camino seguramente al principio haya pataleos y tiempos convulsionados, pero si todos se mantienen firmes para sostener los principios republicanos consagrados en la Constitución Nacional, la recompensa hará que todo eso valga la pena.