Claves del presupuesto 2025: gastos e ingresos mantendrán el mismo nivel

El presidente Javier Milei no parece preocupado por la posibilidad de que el Congreso no le apruebe el presupuesto 2025; está a horas de que suceda. Si pasa se convertiría en el primer gobierno en hacerlo durante dos años seguidos. Hay señales de que no tendría inconvenientes en seguir gestionando las partidas como lo viene haciendo este año, cuando se mantuvo el del 2023 por un acuerdo al que él mismo llegó con su competidor por la presidencia y exministro de Economía, Sergio Massa. La principal definición que él viene dando y que está en la iniciativa presentada es la preservación del equilibrio fiscal. Por eso, tanto los ingresos como en los gastos totales, medido en términos del PBI, se mantendrán en niveles similares.

En su último Programa de Asistencia al Poder Legislativo (PAL) los economistas del Ieral de la Fundación Mediterránea indican que, en esa línea, no se revertirá la reducción del gasto del 29% respecto al 2023 (6,6% del PBI). Evaluado en perspectiva histórica, “se trata de un cambio abrupto y de enorme trascendencia”.

Aunque en los grandes agregados, medidos en proporción del PBI, no se proyectan cambios significativos en las cuentas públicas para el año próximo. Sin embargo, en el análisis más desagregado aparecen algunas modificaciones importantes, tanto a nivel de ingresos como de erogaciones. Gracias a la compensación entre estos movimientos, se logra la preservación del equilibrio fiscal.

El proyecto supone que la recaudación nacional subirá en 2025 un 8,1% por encima de la inflación. A este resultado se llega considerando la eliminación del impuesto PAIS y una importante reducción en Bienes Personales, que más que se compensa con subas, por encima de la inflación, del 100,6% en Combustibles, 57,5% en Derechos de Exportación, 20,4% en Ganancias, 16% en seguridad social, 5,3% en impuesto al cheque y 1,1% en IVA.

Para el Ieral podría estar sobreestimando la recaudación de retenciones, pero el factor más importante como determinante de la recaudación que finalmente se obtenga en 2025 es lo que ocurra con el PIB y principalmente la inflación. Por ejemplo, si la inflación en 2025 finalmente resulta similar a la de las consultoras relevadas por el Banco Central (35% anual, muy superior al 18,3% que se usó para hacer las proyecciones previstas en el presupuesto), la recaudación nominal podría resultar un 17% mayor a la nominalmente presupuestada.

En cuanto a los gastos, el proyecto prevé una recuperación del gasto total del orden del 4,3% por encima de la inflación, luego de una caída, también en valores constantes, del 31,1% en 2024. Esto implica que se estiman erogaciones 28,1% menores a las de 2023. Como se prevé una importante recuperación de la producción, en términos de PBI el gasto total se mantiene en niveles similares. Mientras que en 2024 todos los rubros de gastos se reducen, salvo intereses, para el 2025 la tendencia general es la recuperación, es decir, aumentos por encima de la inflación. Las excepciones son las transferencias corrientes a empresas privadas (principalmente subsidios en energía y transporte) e intereses (lo que no refleja una menor carga financiera, dado que una parte importante no se registran como tales, sino que se contabilizan directamente como aumento de deuda).

Con el recorte aplicado en 2024 y el que se prevé para el año 2025, el gasto en subsidios en energía y transporte que ejecuta la Nación disminuiría a 0,8% del PIB el año próximo. Resulta similar al nivel registrado entre los años 2005 y 2006 y muy por debajo del récord de 4,9% del PIB en 2014. De todas formas, se sigue destinando a esta finalidad una masa de recursos públicos muy superior a la que se asignaba a comienzos de siglo. Continuar el ajuste en este componente es muy importante para sostener el equilibrio fiscal, ya que compensa el aumento en otros rubros de gastos. Pero para concretarlo se plantea el desafío de no discontinuar la recuperación de las tarifas de los servicios públicos. Esto agrega dificultades en la estrategia de profundizar la baja de la inflación.

Con relación a la inversión pública (incluyendo las transferencias para que provincias y municipios ejecuten obras), el proyecto estima gastos equivalente al 0,6% del PIB para el año 2025. Esto implica una recuperación respecto al mínimo del 0,5% del PBI que se estima para el 2024, pero muy por debajo de los máximos valores registrados entre los años 2009 y 2014 (en torno a 2,2% del PIB). El ajuste más intenso se sigue concentrando en las transferencias a las provincias.

En el caso de las prestaciones de la seguridad social, se prevén erogaciones del orden del 6,3% del PIB en 2025. La masa de jubilaciones y pensiones registra un intenso proceso de crecimiento a partir del 2005 cuando se comenzó a permitir el acceso a beneficios sin aportes utilizando moratorias. Si bien este mecanismo se fue renovando hasta la actualidad, a partir del 2018, con la aceleración de la inflación, el gasto muestra una tendencia descendente (hay que tener en cuenta que el valor de 2020 está muy influido por la fuerte caída del PIB ocurrida ese año).

Si se cumple lo proyectado, el 2025 implicaría un quiebre en esa tendencia, con un nivel de erogaciones muy por debajo del máximo histórico, pero por encima de los montos registrados en los primeros años del siglo. Es decir que la inflación licuó una parte importante, pero no todo, el aumento del gasto generado por las moratorias.

Un punto clave para darle sostenibilidad a este decisivo alivio en las cuentas públicas es fortalecer el régimen de movilidad regulado por el DNU 274/24. De lo contrario, la exacerbación de la litigiosidad puede gradualmente comenzar a revertir la baja en el gasto. Con esta finalidad el proyecto contempla la ratificación por ley del DNU. Esto corregiría una parte de las debilidades, pero subsiste el problema del arbitrario empalme entre la vieja y la nueva fórmula.