El gobernador ponderó el aporte de la Provincia en la zona. Malestar por el reclamo de ruralistas norteños por un supuesto impuestazo provincial, justo cuando el Panal busca instalar la bandera de la lucha contra las retenciones al campo.
Provincial10 de enero de 2025
Bettina Marengo
Por Bettina Marengo
En la primera presentación festivalera del año, Martin Llaryora estuvo anoche en la ciudad de Jesús María, abrió las puertas del predio José Hernández y anunció la entrega de 300 millones para la realización del Festival Nacional de Doma y Folclore. Fue en el marco de la jornada inaugural gratis del evento, un día antes de que lo haga la vicepresidenta Victoria Villarruel, que desembarcará hoy en la sede de la Doma, en la apertura oficial paga para el público.
El gobernador cordobés pasó antes por la vecina localidad de Colonia Caroya, donde gobierna la peronista Paola Nanini. Visitó dos obras en ejecución con fondos provinciales, la construcción del puente Carnero, sobre la ruta 9, y la duplicación de la calzada de la Ruta 9 Norte a la altura del empalme con Jesus Maria. “El departamento Colón está viviendo la etapa de mayor obra pública en su historia", sostuvo, en un un mensaje con varias líneas políticas de trasfondo. “La Provincia está efectuando una inversión histórica en la región: rutas, cloacas, electricidad, agua potable, entre otras; y bien merecido lo tiene esta región tan productiva de nuestra provincia”, subrayó. Algo similar dijo cuando pasó por el festival, donde remarcó el apoyo gubernamental a una fiesta que “genera empleo y atrae a miles de turistas”.
No es casual tanto énfasis puesto en lo que la Provincia le aporta a ese territorio. Con algo de bronca bajó el Gobierno a la zona norte del departamento Colón, porque en el medio de la movida oficialista destinada a mostrar gestión y obra, y presencia en el festival más popular de la temporada, se colaron los cuestionamientos de la Sociedad Rural de Jesús María y de las rurales del norte provincial nucleadas en la organización Rurales del Arco Noroeste de la provincia de Córdoba, que criticó al Panal por la presión impositiva contra el sector agrícola.
“Nos encontramos en estado de alerta y movilizados por la posible suba impositiva que el gobierno provincial estaría a punto de promulgar en los próximos días”, dice el comunicado plantado desde hace dos días en la página oficial de la Sociedad Rural de Jesús María, una entidad presidida por el biólogo Eduardo Riera, cercano al diputado nacional Luis Picat, un radical “peluca” muy cercano al presidente Milei, exintendente local y extitular de la organización rural. Cercano a Picat también es el intendente actual de Jesus María, el radical Federico Zárate, que estuvo presente en los recorridos que hizo el jefe del Panal.
El llaryorismo reaccionó a lo que percibió como un intento de dejarlo en orsai con el reclamo cordobesista a Javier Milei por las retenciones a las exportaciones del campo, que el sanfrancisqueño busca instalar como bandera propia de cara a las próximas elecciones. Llaryora tomó el mensaje duro contra Milei de la Mesa de Enlace de Córdoba y lo hizo suyo. En off, el entorno llaryorista saboreó que ninguno de los políticos cordobeses cercanos a la Casa Rosada le imputa las retenciones al Presidente. En el entorno de Picat aseguran que el diputado sí habló del tema con Milei y que la conclusión es que el fin de los derechos a la exportación está más cerca. Tal vez el “peluca” apunte a la cucarda de haber intervenido para semejante gol (si se produce). En cualquier caso, la arremetida de la entidad rural norteña podía hacer diluir el mensaje anti retenciones que quería bajar el gobernador.
En ese marco, ayer por la tarde se subió a la comitiva que fue a Colón el ministro de Bioagroindustria de la provincia, Sergio Busso, dirigente que atravesó los gobiernos de Schiaretti y del actual mandatario en el mismo cargo, con la intención de dar una señal a un sector que el Gobierno entiende francamente politizado y antiperonista, e inmerso en una interna con Cartez. Busso ya había hablado de impuestos provinciales en el tuit de inicios de semana en el cual, junto a Llaryora, salió a respaldar a la Mesa de Enlace. Volvió a hacerlo: posteó un esquema de la Fundación Pada que cuantifica la composición de los tributos que paga el campo, de los cuales, según ese informe, el 95% son nacionales entre coparticipables y no coparticipables y el restante 5% son provinciales y locales. Y lo remató con una frase no apta para libertarios cardíacos: “En 2024, los productores entregaron al Estado Nacional el 64,3% de la renta agrícola”. Llaryora tiene un buen punto para pegarle a la Casa Rosada por derecha y sabe que los aliados de Milei no pueden decir mucho en on, y menos mientras se empieza a descifrar el esquema de acuerdos electorales con La Libertad Avanza, que por ahora contempla sólo al PRO. Los juecistas la miran y dicen: es una debilidad coyuntural de Milei, Llaryora le ladra bien, pero se le cae si la soja aumenta cien dólares la tonelada.
Desde el Panal desmienten el impuestazo del que hablan los ruralistas del norte, y recuerdan que los impuestos inmobiliarios se actualizan por inflación y que al sector reclamante que está en zona roja se le eximió del inmobiliario rural. También rechazan el aumento del canon del agua, que es parte del comunicado de Rurales del Arco Noroeste. Pero el mayor malestar es que el pataleo de estos ruralistas haya llegado a medios porteños casi al mismo tiempo que Llaryora ubicara los ejes retenciones, producción y economía real a nivel provincial, y junto al santafesino Pullaro, a nivel nacional, para diferenciarse de Milei.
Además del ministro de Agro, viajaron con Llaryora el titular de Cooperativas y Viviendas, el caroyense Gustavo Brandán, y el presidente de Caminos de las Sierras, Julio Bañuelos. En la zona lo esperaban, además de Nanini y el intendente Zárate, intendentas de distintas localidades de Colón organizadas en el espacio “Mujeres Dirigentes”, y referentes departamentales varios.
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