Felipe Osman
Por Felipe Osman
La contratación de Virginia Elizabeth Martínez, supuesta asesora “fantasma” del bloque oficialista, fue requerida por la vicepresidenta de la Legislatura, Nadia Fernández, al igual que la baja de su contratación.
Ese es el avance de la investigación judicial -que transita en el fuero Anticorrupción- que se conoció ayer, y que volvió a poner en agenda, una vez más, las andanzas de Guillermo “el Puma” Kraismann, dirigente territorial de la seccional 12 y ex funcionario del Concejo Deliberante, que intentó cobrar los fondos depositados en la cuenta de Martínez con su DNI y la connivencia de una allegada que se hizo pasar por ella, a mediados de enero, en una sucursal del Banco de Córdoba.
La primera novedad es que la causa haya tenido un avance, algo que no deja de desatar suspicacias dentro de las filas de Hacemos Unidos y sorpresa en la oposición. La segunda, que el arco político en su conjunto no imposte, al menos, estar conmovido por la noticia.
Hacia adentro del oficialismo, cada vez que este affair -que guarda profundas similitudes con el caso “Chocolate Rigau”- vuelve a las marquesinas, toca fibras sensibles en la interna del Partido Cordobés.
Es que, por su cualidad de autoridad máxima de la Cámara, la vice gobernadora Myriam Prunotto estampó su firma en la planilla que, junto a otros 22 nombres, contenía el de Virginia Martínez, y disponía una serie de designaciones. Y aun cuando ni propios ni extraños dudan de la genética PJ del asunto, nadie levantó la voz para hacerse cargo.
Quizá el hecho de que Martínez no apareciera como asesora de un legislador en particular, sino del bloque en su conjunto, entusiasmó a los aludidos directos con la idea de que las responsabilidades terminarían licuándose. Sin embargo, esto no contentó a los allegados de Prunotto, que quedó en medio del fuego cruzado sin tener parte ni arte en el asunto, a cargo de un control de daños que no generó.
Ayer, la Legislatura respiraba un clima tenso, y todos descontaban que la reaparición del (otro) “caso Kraismann” metería más presión en la no confesa interna entre Prunotto y Miguel Siciliano, presidente del bloque oficialista, en el que revistaba la asesora fantasma.
En Hacemos Unidos se apegan a la muletilla de rigor: “la causa está en la Justicia, y es la Justicia la que debe hablar”. Confían, debe suponerse, en que la oposición no va a quemar las naves con este asunto. Y, al menos hasta ahora, esas suposiciones parecen acertadas.
De momento, la oposición prefiere hacer foco en una denuncia de peso, pero mucho menos taquillera y mucho más difícil de explicar al cordobés promedio, como la reforma de una serie de artículos en el reglamento interno de la Legislatura que encorseta a los bloques disidentes. Si hasta decirlo cansa…
Es una denuncia que está lejos de tener los condimentos cuasi policiales del nuevo thriller que, con otro estelar de Kraismann, ofrece la Legislatura, con sustituciones de personalidad, efectivo y defraudaciones varias.
Ahora, ¿por qué esta amable moderación en la crítica? Algunos peronistas apuestan doble contra sencillo que el motivo es el más imaginable: no están en condiciones de arrojar la primera piedra. Al menos, no los grandes actores de la política local.
Levantar la tapa de las designaciones en la Legislatura puede traer a los principales bloques opositores problemas no mucho menores que al oficialismo. El silencio representa la defensa de un interés común.
Y ese es, precisamente, el sentimiento de cuerpo, el actuar corporativo que los outsiders de la política han transformado en combustible para tomar por asalto el tablero.
