El bloque radical pide el cese de la medida que fue tomada en el año 2020, en el marco de la pandemia por el COVID-19. La izquierda presentó un proyecto bajo el mismo objetivo en 2024, pero no fue tratado. En paralelo, la UTA denunció al Grupo FAM.
Municipal26 de marzo de 2025
Carolina Biedermann
Por Carolina Biedermann
La emergencia en el transporte público municipal, aprobada en el marco de la pandemia del Covid-19, durante el gobierno del exintendente Martín Llaryora, continúa vigente. El desempeño del Grupo FAM a cargo de corredores de la ciudad pone en jaque al oficialismo y la UCR revive el pedido de derogación de la facultad del Ejecutivo, acción que fue presentada en noviembre del año pasado por el Frente de Izquierda, a la que no le dieron lugar.
“El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical expresa su profunda preocupación ante la grave crisis del transporte público en la ciudad de Córdoba, que hoy evidencia las consecuencias de una gestión marcada por la falta de planificación y transparencia; y exige al municipio la derogación de la emergencia prorrogada desde su sanción en el año 2020”, enuncia el comunicado publicado por los boina blanca, este martes.
En noviembre del 2024, el Frente de Izquierda logró que se tratara el proyecto de derogación de la emergencia en el transporte público, pero la iniciativa fue devuelta a la comisión respectiva.
A esta situación se le suma que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) denunció a la empresa El Quebrachal S.R.L., que opera en Córdoba como Grupo Fam por los incumplimientos que afectan a trabajadores y a usuarios del transporte público. Esta empresa de transporte desembarcó en la ciudad capital hace un mes.
Por su parte, los concejales Elisa Cafaratti y Sergio Piguillem, dijeron en la expresión en conjunto que: “La posible revocación de los corredores otorgados al Grupo FAM, apenas un mes después de su adjudicación, es una muestra más de la improvisación con la que el Ejecutivo Municipal maneja un servicio esencial para miles de cordobeses. La entrega discrecional de líneas de colectivos, sin licitación ni criterios claros, refleja una administración errática y sin previsión”.
A esto agregaron: “desde el primer momento advertimos sobre la ausencia de reglas claras en la reestructuración del sistema de transporte. La falta de planificación y control por parte del municipio ha generado un servicio deficiente, perjudicando a los usuarios que dependen del transporte público todos los días”.
En el orden nacional y mediático, trascendió la situación de la ciudad de Río Grande, en donde denuncian que el intendente Martín Pérez, sigue aplicando ordenanzas de emergencia, sin que estas pasen por el Concejo Deliberante local, a pesar de la finalización de la pandemia.
Más allá de la situación puntual del Grupo FAM, la UCR toma este antecedente nacional y exige la derogación de esta facultad del Ejecutivo municipal:
“Es fundamental recordar que la Municipalidad mantiene desde la pandemia la emergencia en el transporte, un régimen excepcional que permite tomar decisiones discrecionales sin un marco regulatorio adecuado, sin licitación de los corredores y sin intervención del Concejo Deliberante. Esta situación violenta la institucionalidad y deja a los cordobeses sin reglas claras ni garantías sobre la prestación del servicio. Desde nuestro Bloque hemos exigido en reiteradas ocasiones la inmediata derogación de esta emergencia para devolver transparencia y previsibilidad al sistema”, agregaron.
“Es inaceptable que se tomen decisiones de manera unilateral, sin debate ni consulta al Concejo Deliberante, dejando a la deriva a los vecinos de la ciudad”, concluyeron.
El proyecto presentado por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, a cargo de la concejala Laura Vilchez continúa en comisión, en el Concejo Deliberante. Con el proceso recorrido bastará conocer si la UCR se pliega a la solicitud de volver a llevarlo al recinto, y de la voluntad o no del oficialismo, con mayoría en el cuerpo, decide acompañarlo.
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