La UCR invoca el fantasma de Kraisman en el Concejo

Por Felipe Osman

El edil radical presentará hoy una iniciativa que busca modificar el reglamento interno del Concejo Deliberante, específicamente en su artículo 20, con el propósito de ampliar las posibilidades con las que cuentan los concejales al momento de asesorarse para llevar adelante su labor y, a la vez, eficientizar y dar mayor transparencia al manejo de esos fondos.

En concreto, el proyecto busca agregar al artículo que faculta a cada concejal a designar hasta tres empleados en la planta transitoria del cuerpo (que cesan en sus tareas a solicitud del edil o cuándo finalice su mandato), la posibilidad de que esos fondos se destinen a contratos por tiempo determinado a “personas jurídicas, grupos económicos, y/o asociados, a los fines de colaborar en la tarea legislativa”.

El razonamiento es el siguiente: la labor legislativa obliga, en diversas oportunidades, a que quienes la ejercen deban apoyarse en especialistas con conocimientos técnicos específicos en distintas áreas. Desde urbanismo hasta transporte; desde economía hasta derecho; desde contrataciones públicas hasta nociones en materia tributaria, electoral, educación, salud y un interminable etcétera.

Para muñirse de esos conocimientos, los concejales cuentan con la posibilidad de designar hasta tres asesores. Pero, en muchas ocasiones, esos contratos no responden a la expertiz técnica de sus destinatarios, sino a la satisfacción de compromisos políticos.

Más eficiente, propone Fabre, sería destinar esos fondos a la contratación de equipos interdisciplinarios como, por ejemplo, estudios jurídicos, contables, de arquitectura y urbanismo, o consultoras de distinto tipo, según la materia sobre la que verse la legislación a diseñar. Siempre por contratos por tiempo determinado, que vencerían cuando su labor esté cumplida. 

El concejal destaca, además, otras ventajas. Para empezar, la regulación propone que las contrataciones sean sólo por un monto equivalente al neto a pagar a un empleado de planta transitoria, con lo cual el Concejo se ahorraría, al contratar a personas jurídicas, vacaciones, aportes y contribuciones. Pero, además, la modificación establece que las personas jurídicas deberían presentar un listado con los especialistas que pondrían a disposición para asesorar al concejal en cuestión “especificando la formación académica, experiencia y funciones que desempeñarán en la asistencia legislativa”.

Esto, señala la fundamentación del proyecto, apuntaría a una “profesionalización” de la labor legislativa, a la vez que aportaría transparencia, ya que la iniciativa también establece que los contratos “deberán ser registrados y comunicados al Concejo Deliberante para su conocimiento, especificando los términos, condiciones y objeto de la contratación, a fin de garantizar la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos”.

Hasta aquí, la letra del proyecto. Aunque corresponde también hacer una valoración política.

En momentos en los que el oficialismo resiente, en la Legislatura, las esquirlas del ‘caso Kraisman’, y el debate en torno a los asesores de cada legislador y de cada bloque reaviva ásperas internas entre las distintas colectoras del ‘Partido Cordobés’, la oposición acierta al extender el mismo debate hacia un Concejo Deliberante que permanece en un coma inducido desde que reinició el período de sesiones ordinarias.

En rigor, la modificación del reglamento es una primera punción, que alude a las designaciones que cada concejal puede hacer en la planta transitoria del Legislativo Municipal. Más interesante aún será -si llega a darse- atender al debate sobre los mecanismos de contratación de monotributistas como asesores, ya no de los concejales, sino de cada bloque legislativo. De hecho, esa fue la naturaleza de la contratación que vinculó a la ‘empleada fantasma’ de Kraisman a la Legislatura.