Felipe Osman
Por Felipe Osman
Extensas columnas de taxis invadieron ayer, sobre el mediodía, el centro de Córdoba, y generaron un caos en tránsito con el propósito de presionar a la Municipalidad para que recurra, ante la Corte, el fallo del Tribunal Superior de Justicia que instó al Concejo Deliberante a regular el funcionamiento de las plataformas digitales de transporte (Uber, DiDi, Cabify).
Sin embargo, al asesor letrado de la Municipalidad, Gabriel Martín, aseguró que hacerlo resultaría imposible, por cuanto el Recurso Extraordinario Federal, vía para alcanzar la revisión de un fallo por la Corte, sólo puede interponerse contra sentencias definitivas, y no sobre una que resuelve respecto de una medida cautelar, como es el caso.
En rigor, más allá de los impedimentos técnicos que señaló el funcionario, es probable que la Municipalidad no tenga ningún interés en recurrir el fallo. Por la simple razón de que los usuarios -léase, el electorado- ya han elegido las aplicaciones de transporte como el medio más eficiente para movilizarse, en muchas ocasiones, supliendo las deficiencias del Sistema de Transporte Masivo de Pasajeros, y legislar en contra del electorado no parece la decisión más apropiada para una gestión que trabaja para recuperar terreno en la consideración de los vecinos.
Con Llaryora en el Palacio 6 de Julio, y cuando se acercaban las elecciones provinciales de 2023, el peronismo supo entregar centenares de chapas de taxis, bajo el entendimiento de que la ciudad necesitaba ampliar la cantidad de prestadores del servicio. Incluso cuando ya más de un proyecto dirigido a regular Uber había naufragado en el Concejo Deliberante.
Cuando el atractivo de esta y otras plataformas siguieron seduciendo a los usuarios, ciudades como Villa Allende y Río Cuarto los regularon, ante el beneplácito de sus vecinos, dejando cada vez más fuera de foco la perspectiva que la Municipalidad de Córdoba decidió aplicar.
Así, el fallo que el viernes dio a conocer el TSJ implicó, en última instancia, un salvavidas para la Municipalidad, que había llegado a un callejón sin salida, negando una realidad como si la tarea del legislador fuera determinar la conducta de los vecinos, y no acompañar los cambios que naturalmente se dan en la sociedad.
Ahora bien, así como el TSJ se encargó de dar a taxistas y remiseros la mala noticia que la Municipalidad no quería dar, la oposición pica en punta para dar la noticia que buena parte de los cordobeses, que usan Uber como una solución a su necesidad de movilidad o como un medio de vida, quieren escuchar.
El fallo confirmó la necesidad de regular las plataformas bajo el entendimiento de que, al margen de la calificación jurídica que quepa asignar a la actividad que despliega Uber (como servicio público o no), la magnitud que ha adquirido, al estar involucrado el interés público, impone su “urgente reglamentación”. Y justamente su regulación definitiva, por parte del Concejo, es lo que dejará plenamente habilitada la posibilidad de su uso.
Por el momento, el único proyecto que tiene estado parlamentario y que busca regular el servicio, es el presentado por la concejal Jessica Rovetto Yapur, ex PRO y actual titular del bloque unipersonal “Cordobeses por la Libertad”. Sin embargo, no será el único.
Antes que Rovetto Yapur, Juan Negri había presentado un proyecto, que no fue votado y perdió el referido “estado parlamentario” hace años. En cualquier caso, el presidente del bloque radical en Diputados y ex candidato a intendente de la ciudad, Rodrigo De Loredo, ya adelantó desde su cuenta de “X” que sus concejales llevarán, en la próxima sesión, un proyecto para regular el servicio.
Por verse está, eso sí, la posición del oficialismo, que condicionado a sancionar una regulación, deberá elegir entre avalar un proyecto opositor o, lo que parece más probable, ingresar uno de su propia autoría, a la espera de recoger al menos parte del crédito que, hasta ahora, rechazó, alineándose con el interés de taxistas y remiseros.
