Plan de saneamiento: Prunotto exorciza el fantasma de Kraisman

Por Yanina Soria 

El último escándalo (el segundo en pocos meses) protagonizado por el histórico dirigente peronista de la seccional 12°, Guillermo Krasiman, que arrancó en una sucursal del Banco de Córdoba de la capital cordobesa y terminó explotando en la Legislatura, alcanzó derivaciones políticas impensadas para el oficialismo cordobés. 

El caso de la “empleada fantasma” Virginia Martínez abrió una puerta difícil de cerrar para Hacemos Unidos, revelando el costado menos lúcido de la praxis política. En tiempos en los que la lupa recae especialmente en los gastos de la política, y donde todo lo que suene a “casta” es repudiado, el Partido Cordobés dejó ver cómo el clientelismo y las estructuras de dirigentes (refugiados políticos) rentados modelan el modo en el que oficialismo y oposición construyen poder, a espaldas del mérito que pregonan ante la sociedad.

Entonces las sospechas sobre la cantidad real de contratados legislativos, sus nombres y qué funciones cumplen en el parlamento, se multiplicaron. 

La falta de información clara y accesible desde un comienzo y la dilación luego para brindar los datos, sacudieron la escudería del Partido Cordobés en el ámbito parlamentario. Quizá se trate del primer gran cimbronazo político no vinculado a la actividad en el recinto propiamente. 

Y las principales esquirlas recayeron sobre la vicegobernadora, Myriam Prunotto, que terminó pagando sus propias facturas, pero también la de terceros provenientes de su espacio. Desde allí, incluso, recibió fuertes críticas por el manejo de la crisis. 

(Nota al pie: la realidad es que más de uno celebró que la radical haya quedado en la picota; pues no deja de ser una dirigente con proyección dentro del espacio transversal que patrocina el propio gobernador Martín Llaryora). 

Desde el Panal, en cambio, sostienen que no hubo enojos con la ex intendenta de Juárez Celman; por el contrario, manejan la teoría (a través de lo que leen en encuestas) de que el escándalo no prendió entre los cordobeses de la misma manera que sí lo hizo en el universo mediático. 

De hecho, señalaron a este diario altas fuentes del Ejecutivo, que la recomendación a Prunotto fue no mostrar el listado de empleados hasta que la Justicia se expida y dejar que la espuma baje sola. 

La radical, en cambio, tiene otra consideración de lo sucedido. Sí cree que la polémica melló en su imagen pública y por eso, pese a la sugerencia del Centro Cívico (y aunque tarde), decidió mostrar el listado con los nombres de los “asesores” contratados.  

En paralelo, Prunotto activó una especie de “plan de saneamiento” para exorcizar el fantasma de Kraisman. 

La idea, que cuenta con el impulso del Panal también, es mostrar a fin de año una reducción del gasto político. ¿Cómo? Optimizando recursos, dicen, y pasando la zaranda por donde haya que pasarla.  

Desde Hacemos Unidos sostienen que hoy el gasto del Parlamento cordobés representa el 0,38 por ciento del Presupuesto provincial (el año pasado era del 0,43) “el más bajo de las Legislaturas del país”, explican. 

Aún así, desde el entorno de Prunotto reconocen que hay más por ajustar aplicando criterios de “eficiencia y eficacia”. Informaron que ya se produjeron cambios para tener un mayor control como la obligatoriedad de que todos los empleados tanto de Capital como del interior deben registrar su ingreso a la Legislatura. Y prometieron hacer “una limpieza profunda”. 

Hoy, a la luz de los hechos, la realidad pareciera indicar que más allá del reordenamiento interno que puedan ejercer controlando a todos los empleados (como siempre debería haber sido), el único camino aceptable para los cordobeses es una reducción real en el número de los empleados de la política.