Carolina Biedermann
Por Carolina Biedermann
La ciudad de Mendiolaza sigue siendo el epicentro en una disputa tensa entre la intendenta Adela Arning y un grupo de vecinos autoconvocados que piden su destitución. La jueza Marta Vidal, a cargo de la Justicia Electoral Provincial, rechazó el pedido de los abogados de la intendenta para anular las firmas que reunió la Junta Electoral Municipal.
“La recolección de firmas no implica el inicio del proceso legal, por lo tanto no tengo competencia”, explicó la jueza Vidal a Diario Alfil, en línea a la respuesta legal que le dio a los asesores letrados de la intendenta, quienes presentaron un escrito a un proceso que en la Justicia Electoral, aún no se abrió.
En la ciudad de Mendiolaza, los vecinos continúan juntando firmas que son certificadas en la comisaría local, para iniciar ese proceso formalmente.
Nicolás Quero, abogado de Arning habló con Alfil y explicó la postura que toman en la defensa de la intendenta. Querio explicó que este lunes ingresará a la Cámara Contenciosa Administrativa una impugnación a la respuesta de la Justicia, considerando que desde que el momento en el que se empezaron a juntar firmas, existe un proceso de revocatoria.
“Desde el momento que recolectan firmas el proceso se inicia. Nosotros planteamos que debe haber un representante de nuestra parte, en el proceso de junta de firmas. Además hacemos hincapié en que se debe informar correctamente a la ciudadanía sobre qué está firmando”, explicó el abogado y agregó: "contamos con el fallo de Deán Funes, expedido por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el que dice que la ciudadanía debe conocer el contenido de la revocatoria. Ese fallo anula las certificaciones de las firmas juntadas porque no se hicieron ante escribano público. Nosotros entendemos que este proceso debe anularse”, agregó.
Fue en el año 2014, cuando Miguel Albino Roldán, quien era por aquel entonces intendente de la localidad de San José de la Dormida, fue destituido de su cargo. Fue la justicia de Dean Funes la que intervino en el proceso, y sentó el precedente que ahora está siendo consultado por la defensa de la intendenta del PRO.
Quero, además de asesorar a Arning, fue el abogado que intervino en el intento de destitución de la intendenta de Anisacate, Natalia Conti.
El proceso avecina un largo camino por delante. Los letrados que trabajan en la defensa de la intendenta, de la localidad de Sierras Chicas, apelan a tener una respuesta positiva en la Cámara Contenciosa Administrativa, pero en el caso de que falle en su contra, avanzarán en la tercera instancia, en el TSJ.
La clave de la Cámara estará en la interpretación de la ley. En si consideran que el proceso de revocatoria inició, o no.
Desde el Panal siguen el proceso con atención y en alerta por la posible catarata de revocatorias en los municipios y comunas del interior, que podría desencadenarse si la destitución en Mendiolaza se concreta.
La revocatoria popular, es un mecanismo democrático contemplado en la Constitución Provincial. Su legislación es poco específica mencionando que permite este proceso tomando como causales “mala conducta manifiesta, malversación de fondos, incumplimiento de deberes, incapacidad sobreviviente, entre otras. En un futuro será una tarea Legislativa, trabajar en afinar el lápiz para garantizar que los mecanismos democráticos sean más específicos para futuros eventos similares. Hasta el momento, los vecinos representados por Alberto Dalmasso, siguen al pié de la letra el proceso legal para llegar al puerto deseado.
Por su parte, Alberto Dalmasso, el vecino de Mendiolaza que avanzó con el proceso de destitución, y quien figura en las planillas de junta de avales, dijo que vienen muy bien y que esta misma semana van a estar presentando todas las firmas certificadas en la Justicia Electoral Provincial.
