La Justicia dio lugar a la apelación presentada por la defensa del ex ministro de Cooperativas y Mutuales, obligando a que la causa por violencia de género regrese a la Fiscalía
Villa Maria29 de mayo de 2025
Redacción Alfil
Por: Florencia Coria
La Cámara del Crimen de Río Tercero resolvió anular la elevación a juicio en la causa por violencia de género contra el ex ministro de Cooperativas y Mutuales de la Provincia, Martín Gill, dando lugar a la apelación presentada por su defensa.
La resolución judicial marca un punto de inflexión en un proceso que ya provocó un cimbronazo en el esquema territorial del gobierno provincial cuando Gill presentó su renuncia al gabinete de Llaryora el año pasado.
El abogado defensor, Eduardo Rodríguez, confirmó a este medio, que la Cámara declaró nulos dos procedimientos clave en la investigación. Por un lado, anuló el decreto por el cual la fiscal Juliana Companys imputó y detuvo por falso testimonio a María Daniela Bertolino, testigo de uno de los episodios denunciados. Por otro, invalidó la rápida elevación a juicio que se produjo apenas dos días después de la declaración indagatoria de Gill.
“Yo planteé que en la investigación ocurrieron dos hechos que estaban mal, que no correspondía que ocurrieran”, explicó Rodríguez. “Esa situación era arbitraria, la fiscalía no podía hacer eso, estaba fuera de la ley”, agregó respecto a la detención de la testigo. Sobre el segundo punto, el letrado indicó que “ni bien terminó la indagatoria, yo pedí pruebas, me las rechazó y le dio la causa de juicio”, calificando ambas acciones como “conductas arbitrarias que entorpecen la defensa”.
La consecuencia inmediata de esta resolución es que la causa deberá volver a la Fiscalía y “arrancar desde el testimonio de esta testigo (la que había sido detenida) en adelante”, según palabras del defensor. Esto permitirá incorporar “todas las pruebas que ofrecimos con Martín y la Fiscal nunca las quiso tomar”, pruebas que, según Rodríguez, “demuestran la inocencia de Martín Gill” y evidencian “un modus operandi” de la denunciante.
Impacto político de la resolución
“La función pública es algo que lo lleva en la sangre. Se diría que nació para eso”, aseguró el abogado Eduardo Rodríguez al referirse al futuro político de Martín Gill tras conocerse la anulación de la elevación a juicio.
Sin embargo, el letrado fue cauto al precisar que “la reincorporación de Martín a un cargo público no depende de él. Depende de la gente si el cargo es electivo y depende del gobernador si el cargo es ejecutivo”.
Estas declaraciones abren interrogantes sobre el horizonte político del ex ministro de Cooperativas y Mutuales. El caso, que provocó un reordenamiento en el esquema territorial del gobierno provincial, ahora suma un nuevo capítulo con potenciales repercusiones en los equilibrios internos del peronismo cordobés.
La causa judicial, que aún sigue abierta y deberá regresar a la Fiscalía, continúa siendo un factor determinante para la trayectoria política del ex intendente de Villa María. Este revés para la acusación podría modificar los tiempos previstos inicialmente, aunque el desenlace final del proceso y su impacto en las aspiraciones políticas de Gill siguen siendo una incógnita en el complejo entramado de alianzas y posicionamientos del mapa político provincial.
Un proceso judicial con múltiples aristas
La causa investiga dos episodios de presunta violencia contra su ex pareja, Lourdes Astudillo. Según consta en el expediente judicial, el primer hecho habría ocurrido el 3 de diciembre de 2022 en el departamento del entonces intendente, donde habría zamarreado a la mujer durante una discusión. El segundo incidente, data de fines de enero de 2023, involucra otra presunta agresión donde Gill habría empujado a la víctima contra una pared, provocándole hematomas en distintas partes del cuerpo.
La estrategia defensiva de Gill sufrió un duro golpe cuando intentó anular el requerimiento de elevación a juicio argumentando que, por su condición de ministro provincial desde diciembre del año pasado, la causa debería haber sido investigada por un juez y no por una fiscal. Sin embargo, la jueza Dottori no solo rechazó este planteo, sino que expuso una clara contradicción en la postura del funcionario.
Ahora, con la decisión de la Cámara, la defensa logra un respiro procesal significativo, aunque Rodríguez aclaró que “tiene que pasar un plazo ahora por el cual la Fiscalía puede llegar a casar esta sentencia”, aunque anticipó que “no creo que lo haga”.
Perspectivas y tiempos políticos
La anulación de la elevación a juicio y el regreso de la causa a la Fiscalía abre un nuevo capítulo en esta saga judicial con profundas implicancias políticas. Los próximos pasos procesales serán determinantes no solo para el futuro judicial de Gill, sino también para su eventual reposicionamiento en el escenario político cordobés.
En un año electoral, donde cada movimiento en el tablero político provincial adquiere relevancia estratégica, la evolución de esta causa seguirá siendo observada con atención por propios y ajenos, como un termómetro de los realineamientos y tensiones dentro del peronismo cordobés.
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