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El oficialismo aprobó, en Legislación General, el proyecto para regular las aplicaciones de transporte, y lo sancionará en la primera sesión post receso invernal. Además, quedó conformada la comisión creada “ad hoc” para el estudio y redacción del nuevo Código de Convivencia.
Municipal03 de julio de 2025Por Felipe Osman
El Concejo Deliberante dará hoy estado parlamentario al proyecto que el oficialismo, en soledad, empujó a través de las comisiones de Servicios Públicos y Legislación General para regular las plataformas digitales de transporte.
La iniciativa, que ya fue motivo de análisis de estas páginas en su edición anterior, busca -entre otras exigencias- imponer un cupo máximo de prestadores y una tarifa mínima al servicio, desnaturalizando la esencia de las plataformas digitales y consolidando, en los hechos, la informalidad de un medio de transporte masivamente elegido por los vecinos, tanto como clientes cuanto como choferes.
La oposición, que se ha mostrado distante de este criterio, decidió abstenerse en el tratamiento en comisiones, y avisó que debatiría puertas adentro de los bloques minoritarios para expresar su posición recién en el debate ante el pleno del recinto, que tendrá lugar el jueves 24 de julio, al cabo del receso invernal.
Y al repudio que la iniciativa ya cosecha de Uber, que entiende que la regulación busca, en los hechos, prohibir su operación en la ciudad, se sumó el rechazo de los propios taxistas, que tampoco están conformes con ninguna normativa que no implique la lisa y llana prohibición y un rol mucho más activo del municipio en la fiscalización.
En paralelo, en el Concejo también avanza otra iniciativa, también surgida desde el oficialismo: la redacción de un nuevo Código de Convivencia que venga a actualizar la letra del anterior, sancionado en 2016 por la gestión de Ramón Mestre.
Ayer tuvo lugar la primera reunión de la comisión creada “ad hoc” para estudiar la temática y redactar la normativa que establece la faz sancionadora de una multiplicidad de normas orientadas a ordenar la convivencia entre los vecinos.
Por el oficialismo, participan de ella Nicolás Piloni (presidente), Marcos Vázquez, Diego Casado, Martín Simonian, Sandra Trigo, Miriam Aparicio, Rossana Pérez y María Eva Ontivero, mientras que por la oposición lo hacen Javier Fabre (vicepresidente), Juan Balastegui, Graciela Villata (secretaria), Gabriel Huespe, Jessica Rovetto Yapur y Soher El Sukaría.
Este martes tuvo lugar la visita de Juan Manuel Aráoz, titular de la Justicia Administrativa de Faltas, quien presentó ante la Comisión Especial para la Actualización del Código un dossier elaborado por su equipo, apuntando que más de la mitad de los artículos del código vigente que prevén sanciones no han tenido aplicación jamás, o la han tenido en escasísimas oportunidades.
“De los 289 artículos del actual Código -detalla el informe- 245 son sancionatorios, pero 41 de ellos no se aplicaron nunca; en otros 48, hubo menos de 10 actas de infracción; y en otros 42, menos de 100 actas”.
De ahí que la simplificación es señalada como el principal eje en la readecuación del Código de Convivencia, aunque no la única.
El oficialismo también entiende que, a la par de la simplificación, debe haber una actualización del código que permita legislar sobre conductas que escaparon a la tipificación de su predecesor por el sencillo hecho de surgir a causa del avance tecnológico, como la creación de “deep fakes” o sustitución de identidad digital. Además, el oficialismo propondrá la creación de Fiscalías Administrativas (buscando la reconversión de parte de los actuales juzgados para no generar una ampliación de la planta) y el desarrollo de una aplicación para que los vecinos puedan denunciar infracciones, entre muchas otras modificaciones que se darán a conocer conforme avance la redacción del proyecto, en una tarea conjunta entre oficialistas y opositores.
La empresa de Marcos Galperin decidió cerrar sus oficinas en la capital de la provincia, a pesar de esto 1.260 empleados continuarán trabajando desde sus casas.
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El oficialismo aprobó un despacho de comisión que avanza en la regulación de las plataformas digitales con imposición de precios mínimos (tarifas) y cupos máximos, cerrando y desnaturalizando su funcionamiento. La oposición adelantó que no acompañará.
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