Nueve colegios profesionales de la ciudad se alinean con la posición de Córdoba contra el proyecto libertario que busca desregular el ejercicio profesional y eliminar las cuotas colegiales
Villa Maria08 de julio de 2025 Florencia Coria
Por: Florencia Coria
En el Centro Cívico de Villa María, nueve colegios profesionales de la ciudad y región se reunieron para firmar un convenio de firma digital con el gobierno provincial, pero la cita también sirvió para mostrar una posición común ante el proyecto de ley nacional que busca desregular la colegiación obligatoria.
La iniciativa, presentada por la diputada nacional Marcela Pagano bajo el número 1.677, pretende eliminar la obligatoriedad del pago de cuotas colegiales y tasas regulatorias, reemplazando el sistema actual por un registro nacional gratuito a cargo del Ministerio de Capital Humano de la Nación.
Respaldo unánime desde la Legislatura
El martes pasado, la Unicameral cordobesa aprobó por unanimidad una declaración de preocupación por esta iniciativa del gobierno de Javier Milei. La legisladora departamental Verónica Navarro, presente en la firma del convenio, explicó que “desde la legislatura de Córdoba se ha expresado nuestra preocupación como provincia respecto a esta posibilidad y estar en alerta para acompañar a lo que los colegios profesionales planteen de acá hacia adelante”.
Navarro destacó que la desregulación no solo afectaría el ejercicio profesional y la conducta ética, sino también “aquellas cajas previsionales que tienen algunos colegios”. La legisladora confirmó que en estos días “muchos profesionales están en alerta sobre el tema, se están reuniendo” para coordinar una respuesta común.
“Es proteger a la ciudadanía”
Itatí Demarchi Arballo, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, fue categórica al explicar las implicancias del proyecto nacional: “Lo que se pretende es terminar con la obligatoriedad de que el profesional quede incluido dentro del contexto de una institución”.
“Nuestro rol como colegios profesionales es garantizar el buen ejercicio de los mismos, y al hacerlo, estamos protegiendo a los ciudadanos”, explicó Demarchi Arballo, quien celebró que la Legislatura cordobesa haya “manifestado su preocupación por estos proyectos y aconsejado a los diputados nacionales por Córdoba que sigan este mismo criterio”.
Para la dirigente profesional, las instituciones intermedias “cumplen ese rol trascendental” de “tomar de la mano a los ciudadanos”, por lo que consideró “simbólico” el acercamiento del gobierno provincial a través de la firma digital.
Riesgo de deslegitimación profesional
El presidente del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba Regional Villa María, Ingeniero Joel Coria, también expresó su rechazo al proyecto nacional, calificándolo como "un proceso que deslegitimiza el rol del profesional en la sociedad”.
El dirigente valoró que “la unicameral de Córdoba se haya expresado a favor de los colegios profesionales” y ratificó el rechazo institucional: “No estamos de acuerdo con la desregulación que propone el gobierno nacional”.
Antecedentes legislativos
Según información oficial, el proyecto libertario busca desregular la actividad de profesionales universitarios y no universitarios en todo el país, despojando a los colegios profesionales de funciones como la habilitación del ejercicio, el control de la práctica y la aplicación de sanciones.
En la sesión del martes pasado, la legisladora Doris Mansilla había advertido que “es preocupante que ideas como esta se aprueben en el Congreso nacional, porque se debilita a las entidades que regulan el ejercicio de la profesión” y que “quienes se ven perjudicados son los ciudadanos”.
Villa María, epicentro de la resistencia
La confluencia de nueve colegios profesionales de Villa María y región en el Centro Cívico marca un precedente en la resistencia local al proyecto nacional. Desde ingenieros agrónomos hasta psicólogos, los profesionales de la región han encontrado en la firma digital un pretexto para mostrar unidad ante lo que consideran una amenaza al ejercicio profesional regulado.
La movilización local coincide con la posición adoptada por la Legislatura cordobesa, que instó a los diputados nacionales por Córdoba a rechazar la iniciativa, en lo que se perfila como un enfrentamiento entre la autonomía provincial y las políticas desreguladoras del gobierno nacional.
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