Reparta tranquilo, Zamora

Por Javier Boher
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En su desesperada carrera por evitar la derrota, Sergio Massa decidió empezar a anunciar medidas para pelearle a la inflación. Así como así, impuso sobre los empleadores la decisión de abonar un bono a cuenta de futuros aumentos por un valor de $60.000. Parece olvidar que los privados no tienen a mano la maquinita con la que cuenta el Estado.
La decisión ha sido criticada desde todos lados, pero particularmente desde aquellos empleadores que ven languidecer los números de sus ventas, a la vez que se sorprenden por el vigor con el que suben los precios. Así, de golpe las pymes van a tener que salir a buscar de dónde sacar el dinero para hacerle frente a una obligación arbitraria, que no existía hasta que no se le ocurrió al ministro candidato.
En ese contexto, algunos gobernadores decidieron rechazar la imposición del gobierno nacional, lo que se suma a decenas de intendentes que habían anunciado lo mismo y que servirá de argumento para los privados que decidan imitar la conducta de los gobiernos provinciales. Al momento de escribir está nota, eran 11 los mandatarios provinciales, casi la mitad del total.
Esa decisión refleja que la figura de Sergio Massa como garante de la gobernabilidad se va diluyendo. Su ascendiente sobre los jefes provinciales empieza a mermar, lo que nos hace preguntarnos sobre cómo va a poder imponer algún tipo de plan económico si no consigue que lo secunden los gobernadores.
Entre los que decidieron no pagar el aumento están algunos de los esperados, como Horacio Rodríguez Larreta, Juan Schiaretti o Gerardo Morales. La sorpresa está en los otros ocho, que habitualmente brindan apoyo al Gobierno. Por supuesto que hubo argumentos para evitar el conflicto, haciendo referencia a acuerdos previos o a esquemas propios para los aumentos, pero en la práctica significa que ven que Massa se está yendo, que no garantiza los fondos para que lo paguen y que las finanzas de cada provincia no tienen la fortaleza necesaria para aguantar este tipo de medidas. La inflación futura alienta a los que hacen números a ser prudentes con el dinero, previendo una economía de guerra.
En medio de las críticas por la inviabilidad de los anuncios de Massa emerge un personaje que ha dado sobradas muestras de que en su provincia no existe tal cosa como la racionalidad económica. Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero y uno de los principales accionistas del gobierno del Frente de Todos/Unión por la Patria, anunció que no solamente va a pagar el bono de Massa, sino que además llevará la suma hasta los $400.000, a pagar en cuatro cuotas. La decisión alcanza también a todos los empleados municipales de la provincia. Pensar que se reían de los $500.000 de básico que proponía Manuela Castañera.
La decisión del ex radical K generó críticas pasajeras en las redes sociales, tal vez porque desde lejos no se puede terminar de ver la relevancia de la decisión. Si lo ponemos en contexto, la cosa toma otra dimensión. El Frente Cívico de Santiago del Estero tiene siete diputados y dos senadores, lo que hace a Zamora -al menos en términos legislativos- el doble de importante que Schiaretti, que solo tiene tres diputados y una senadora. Tiene mucho sentido colaborar con un gobernador así.
El santiagueño no está arriesgando su gobernación, porque la provincia no elige mandatario este año, sino que, junto a Corrientes, corre desfasada respecto al resto y elige el año que viene. Lo que está en juego es esa relevancia en la política nacional desde un lugar en el que no se nota tanto. Es, quizás, la mejor manera de hacer política, con peso en las instituciones y sin tanta presencia mediática, cosa de condicionar las acciones de gobierno sin estar tan expuesto a las presiones para la rendición de cuentas.
Zamora ha heredado las viejas mañas de los Juárez, sosteniendo el poder más o menos de la misma manera que aquellos. La alternancia en la gobernación con su mujer o llevar su foto en la boleta a diputados en 2021 -pese a ser el tercer suplente de la lista y el gobernador en ejercicio- son apenas dos muestras, que se suman al bono o al clientelismo.
No llaman la atención este tipo de decisiones, sino que lo que preocupa es que nadie parece preguntarse de dónde sale la plata o quiénes son los que lo van a pagar. Genéricamente sabemos que lo sostiene el sector privado, especialmente el de las provincias más productivas, como las de la región centro. Así, el productor ganadero de Río Cuarto o Jesús María, el sojero de Marcos Juárez o Villa María, el industrial de la capital o San Francisco o el empresario turístico de Punilla o Calamuchita le pagan el bono de $400.000 a los empleados públicos de Santiago del Estero, además de tener que pagar el bono de $60.000 a los propios. 
El Estado no debería poder manejar discrecionalmente los fondos como lo hace, sacando a ojo y gastando sin discriminar. Los ciudadanos deberían saber específicamente hacia donde se dirigen las partidas, especialmente cuando el dinero sale desde donde se produce riqueza y se pone allí en donde se la gastan para hacer política.