Hacer subir la educación

Por Javier Boher 
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Miércoles complicado, hubo tres noticias importantes. Una, que el dólar tocó el techo de la banda y obligó al Banco Central a intervenir. Otra, la marcha universitaria que sigue poniendo a la educación superior en la agenda. Finalmente, la sesión para revertir los vetos de Milei respecto al Garrahan y las universidades.
El dólar es un problema que refleja la intranquilidad política que hay en el país. Después de un año y medio de transitar las cosas con relativa calma -y con bastante buen manejo de la política- la sucesión de elecciones fue generando un clima de preocupación para el gobierno, a partir de que los resultados en las provincias no le fueron favorables. La previsible derrota en Buenos Aires sirvió para limar al presidente y fortalecer al gobernador, lo que alimentó aún más la crisis.
Hay algunos que agregan que el problema del dólar no es sólo político, sino que además el plan económico tiene una serie de errores o inconsistencias que generan ese tipo de movimientos que encienden el instinto de supervivencia en los argentinos. A pesar de que buena parte del ajuste se hizo, ciertas área siguen impenetrables al recorte, del mismo modo que ciertas actividades que tocan intereses de algunas corporaciones no se consiguen desregular.
Una de las corporaciones que resiste las políticas del gobierno es la de las universidades nacionales, las que siguen peleando por aumentos de sueldo y ampliaciones presupuestarias.
Hace muchos años, en un curso de comunicación política, un conocido publicista dijo -respecto al boleto educativo gratuito- que era “un productazo”, algo “muy fácil de vender”. No importaba si ayudaba a mantener escolarizados a los chicos, si aumentaba los niveles educativos o si repercutía de algún modo real y positivo sobre la gente. Lo importante era la facilidad para transferirlo a votos. Algo de eso pasa con las universidades: a nadie le interesa realmente la educación, pero saben que tienen ahí un tema sensible que combina una marca con valoración positiva y un consumo aspiracional que le permite mantenerse en ese nivel.
Como siempre, vale una aclaración: estoy totalmente a favor de la educación pública de calidad en todos los niveles. Sin embargo, acá pasa lo mismo que en otras áreas, donde la gente está enamorada de la idea, no de la realidad. Grandes segmentos de la población no acceden a la educación superior porque las cosas vienen mal barajadas desde los niveles previos, que dependen de las provincias y en donde se rebajan las exigencias, se amplían las facilidades y se permiten cosas absolutamente contrarias al espíritu escolar.
Queda lindo hablar de la educación, la salud y el trabajo, pero traducir eso en políticas públicas concretas que ayuden realmente a la gente es algo un poco más difícil. Cómo será que queda lindo y que suma votos que el ex gobernador De la Sota de armó su propia estructura peronista universitaria al crear la Universidad Provincial de Córdoba a partir de las instituciones terciarias existentes, que ahora Llaryora amplía por la provincia con el mismo fin político (que es completamente válido, por supuesto, pero opuesto a lo que debería ser el fin y resultado de esas políticas).

Eficiencia

Los recursos son limitados, en este país y en otros. Eso obliga a establecer objetivos prioritarios y caminos de gasto que permitan aumentar el impacto por cada unidad de dinero destinada a una actividad cualquiera. Si uno quiere un equipo de fútbol de élite, contratar un community manager en lugar de mejorar las canchas quizás no sea el mejor camino para lograrlo. Cada peso que se gasta debe generar un impacto positivo en la sociedad y en la economía.
Revisando los números, en la UNC ingresan entre 45 y 50 mil estudiantes cada año, pero egresan entre 5.500 y 7.000. Con esos números, en el mejor de los casos egresa el 15% de los que entran. Esto además coincide con un ingreso irrestricto y reglas laxas de permanencia. No parece ser algo realmente eficiente, sino todo lo contrario.
No creo que la solución sea arancelar la educación pública, pero quizás con un examen de ingreso bien pensado o con la obligación de acreditar una determinada cantidad de materias al año de pueda reducir la cantidad de ingresantes que “se tiran a la pileta”, generando un incentivo positivo para el esfuerzo académico previo a la llegada a la universidad.

Precarización 

En estos días hubo notas en los diarios reflejando que hay docentes universitarios haciendo Uber, Rappi o vendiendo Avon. Felicitaciones por haber bajado del Olimpo al terreno que los mortales de inicial, primario y secundario vemos desde hace tres décadas. Los docentes que enseñan a leer y escribir (algo que la sociedad estableció hace más de un siglo como un aspecto clave para ejercer la ciudadanía) ganan menos que un docente universitario, a pesar de que también estudian al menos cuatro años para poder ocupar sus cargos. Algunos en el secundario estudian incluso más, a pesar de que los incentivos están puestos en sumar puntos con los cursos mediocres que ofrecen gremios y gobiernos. 

La educación es mucho más que la universidad. Hay que empezar de abajo para hacer valer lo de arriba.