Cada vecino es un zorro gris

Por Javier Boher
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Hace poco menos de un mes los concejales Javier Fabre y Nicolás Piloni presentaron un proyecto de ordenanza para que los vecinos de la ciudad de Córdoba puedan denunciar infracciones de tránsito desde su celular. La idea -a tono con los tiempos actuales de hiperconexión- partía de una premisa tácita de que el soberano es el pueblo y de que cada ciudadano es el Estado, aunque sea como un agente de control y no uno sancionatorio.

Ayer la municipalidad anunció que se habilitará una opción para que los vecinos denuncien a través de la app ciudadana, limitando en esta etapa la funcionalidad a autos mal estacionados y como una prueba que solamente llevará una advertencia para los infractores.

El anuncio no es inocente y llega justo después de la viralización del vídeo del incidente entre el VW Up y la Amarok, un episodio más en una larga serie de conflictos callejeros que se han visto en Córdoba a lo largo del año. “Que parezca que estamos haciendo algo”, habrán pensado los responsables del área.

Independientemente de las motivaciones, la iniciativa es fundamental para resolver pacíficamente conflictos que surgen por las reiteradas infracciones que se suceden en algunos lugares de la ciudad. En general las personas que viven en las inmediaciones de escuelas o reparticiones públicas son los que más sufren el tema de “es un minutito, me bajo un segundo a hacer un trámite y ya me voy”, que se convierte en largos minutos de espera (cuando no horas) que complican la rutina y obligaciones de los frentistas que ven bloqueado el ingreso a su casa.

El involucramiento de los vecinos en el rol de ayuda al control del Estado es fundamental, no porque propicie una ciudadanía activa ni nada por el estilo, sino porque amplía las posibilidades del cumplimiento efectivo de las normas, resultando en una mejor convivencia. No se trata de cuestiones filosóficas exageradas, sino algo mucho más banal y terrenal, como poder vivir un poco más tranquilo de que ante una emergencia el vecino va a poder sacar el auto de su casa.

Esto, lamentablemente, tiene que lidiar con una larga tradición burocrática en la que los empleados y funcionarios públicos evitan cumplir adecuadamente con sus obligaciones, amparados en un sistema que no exige una verdadera rendición de cuentas. Esto es algo que cualquiera que haya querido utilizar este tipo de canales que existen para otras áreas ya ha experimentado.

En mayo del año pasado escribí una nota relatando las peripecias de una vecina para conseguir que alguien se haga cargo de los perros que querían morder a la gente en la calle. Ni la app, ni la página, ni el teléfono sirvieron para resolver el problema, que afortunadamente no pasó a mayores. 

El problema de fondo era el mismo que amenaza con aparecer ahora: la parte humana que debe responder desde atrás del soporte tecnológico siempre deja bastante que desear. Todos los que alguna vez practicamos deportes de equipo alguna vez debemos haber escuchado la analogía de la cadena, que se rompe siempre por el eslabón más débil. En este caso no hay dudas de que ese eslabón es el empleado municipal al que le salta la alerta en su monitor, que seguramente apaga para concentrarse en el streaming del momento y para no quemarse cuando ceba el mate. 

Oportunidad 

En este caso hay más de una razón por la cual la iniciativa debería funcionar, pero quizás las más fuertes sean que las denuncias no son anónimas (sino con el perfil validado a través de Cidi) y que la foto se saca con el teléfono y no deja lugar a dudas. Esos dos elementos son los que le dan más fuerza al proyecto y los que pueden permitir que se extienda a otro tipo de infracciones.

La tecnología de hoy permite la geolocalización de cualquier imagen o reclamo, que podría empezar a cubrir todas las áreas sobre las que tiene competencia el Estado. Así se podría informar sobre basurales, problemas por mala conservación de alimentos, vertidos cloacales, ruidos molestos, contaminación del aire o cualquier otro caso. Se podría reclamar por baches, cloacas, alumbrado o empleados comiendo criollos o pintándose las uñas. Nada de esto reemplazaría al Estado, pero justificaría su reducción siempre y cuando desde el sector público se haga algo con toda esa información que podrían aportar los vecinos.

Esta no es la primera iniciativa de ciudadanía digital o participativa a través del e-gov, por eso todos nos podemos permitir ser escépticos acerca de la posibilidad de que esta vez funcione. El Estado es un intermediario con agentes que obtienen beneficios a partir de estar ubicados en ese punto. Maneja información y recursos que le permiten castigar o premiar a los ciudadanos a partir de sus necesidades, porque ningún Estado es un pulcro organismo tecnocrático carente de identidad o intereses políticos.

Muy probablemente esto no prospere y se pierda en un código que duerma el sueño de los justos en algún repositorio web, porque a buena parte de la clase política no le gusta la idea de que los ciudadanos formen el cuerpo soberano del Estado para ejercer sus derechos efectivamente y como individuos libres. Es que, en definitiva, los políticos son a la política y las normas lo que los que paran en doble fila, tapan las salidas de las cocheras o cruzan en doble línea amarilla son para el tránsito.