Javier Boher
Por Javier Boher
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El presidente Milei armó su discurso contra la clase política montado en un concepto muy potente, el de casta. El sistema de castas, a diferencia del sistema de clases sociales, no reconoce la posibilidad de la movilidad social, sino que implica una idea fija de la estratificación. Se nace y se muere en el mismo lugar independientemente de lo que se haga en la vida.
Quizás hay algo de oxigenación en la política, pero el diagnóstico es bastante acertado. Si bien cada tanto aparece alguna cara nueva, la realidad es que hay ciertos nombres que siempre dan vueltas en la función pública. La vieja guardia de Unión por Córdoba (con figuras que rondan las siete décadas) sigue dando vueltas en los ravioles menos visibles del organigrama provincial, en una especie de jubilación activa.
Amelia López es una de esas figuras que encarna lo que es una casta política. A fines de los ‘80 entró al Estado para ejercer su profesión de médica, pero apenas iniciados los ‘90 pegó el salto a la función pública y desde entonces no se fue más. Lleva más años cobrando cheques del Estado que yo de vida y todo parece indicar que no está en sus planes dejar de hacerlo: su mandato como defensora de niños, niñas y adolescentes recién vence el año que viene.
Mis recuerdos me llevan a 2003, cuando sucedió a Juan Carlos Maqueda al frente del ministerio de Educación de la provincia, pero ya estaba ligada a la educación desde antes, en el gobierno nacional de Menem y en el municipal de Kammerath. Como nota de color, el viceministro del área en aquel primer gabinete delasotista en el que estaba Maqueda fue Ricardo Jaime, que se fue a la secretaría de Transportes de la nación kirchnerista más o menos al mismo tiempo que Maqueda llegó a la Corte Suprema. Nada de casta en esos nombres y trayectorias, por supuesto.
Anteayer López volvió a ser noticia porque Beltrán Corvalán, vocal del Tribunal de Cuentas provincial, publicó una serie de gastos no asociados a la tarea de la funcionaria que habían sido rendidos para que la provincia se haga cargo de pagarlos (y cuando decimos la provincia estamos hablando de los contribuyentes). Los detalles de los gastos están en las redes sociales del funcionario, donde se exponen los documentos que comprueban el manejo discrecional y privado de fondos públicos.
Ser político profesional y de carrera no es por sí mismo un problema o un defecto (el mismo denunciante tiene también su trayectoria en la función pública) pero cuando se pasa tanto tiempo metido en ese mundo se empiezan a confundir los límites de lo propio y lo ajeno. Esos fondos que se usan para cuestiones personales pasan a ser algo así como derechos adquiridos. Es un drenaje de recursos que los beneficiarios ya consideran propios, similar a lo que pasa cuando los funcionarios empleaban ficticiamente a jóvenes militantes con el Plan Primer Paso en sus emprendimientos particulares.
Este tipo de personajes parecen inofensivos, alimentándose de las arcas públicas, pero establecen la vara con la que se diseñan y se ejecutan las políticas públicas. Uno de los viajes investigados ahora ocurrió en medio de la conmoción por el caso de Aralí, la nena de 8 años violada y asesinada en Brinkmann, que vivía en un terrible contexto de vulnerabilidad, alcohol, pobreza y drogas. Las denuncias de López en aquel momento fueron porque el fiscal revictimizaba a la menor y a sus hermanos con sus declaraciones, a pesar de que la nena ya estaba muerta porque nadie la defendió.
A Aralí la mataron el primero de noviembre; López se quejó el 8, el 14 y 15 estuvo en el congreso en Roma y el 19 se tomó la cerveza de la polémica en Florencia, una cerveza que pagamos todos.
Un sistema de castas implica que se nace y se muere en una posición social. A algunos les toca viviendo del Estado. A otros, abusados y abandonados por ese mismo Estado. No es difícil entender por qué prendió el concepto de casta.
