Río Tercero y la impunidad

Por Javier Boher 

Ayer escribí en estas mismas páginas que uno de los grandes problemas políticos de la Argentina es el de la representación. Ciertamente esto se complememta con la falta de rendición de cuentas, según lo cual los políticos prácticamente nunca terminan siendo responsables de sus actos. 
Como dijo alguien alguna vez, “el poder es la impunidad”. Pasado un nuevo aniversario de la explosión en la fábrica militar de Río Tercero, toda una ciudad sigue sufriendo las consecuencias de aquel acto que aún permanece impune. En realidad hubo cuatro condenas a algunos funcionarios, pero nunca se avanzó sobre la cuestión política que involucraba la explosión.
Aunque pueden haber sido conjeturas, el caso del contrabando de armas a Ecuador y Croacia se relacionaba directamente con lo que se producía en la fábrica en ese momento, lo que le otorgaba un cariz de verosimilitud a todo lo que se decía. No es la intención de esta nota profundizar en la causa judicial ni en los mecanismos que se usaron para dilatarla, sino en la misma prolongación de los tiempos y en las demoras para pagar las indemnizaciones a los afectados por la indolencia, el ocultamiento y el cinismo de toda la clase política.
El caso de la explosión de la fábrica militar de Río Tercero se suma a otros episodios de la política argentina que nunca quedaron completamente claros y donde los responsables políticos no sufrieron ninguna condena por su eventual participación en los hechos. Si bien es lógico que en algún punto se corte la responsabilidad de los dirigentes respecto a las acciones que ejecutan los funcionarios públicos que ejercen cargos en el Estado, en situaciones como la de Río Tercero no se puede ignorar que hubo una participación de políticos de mayor jerarquía que los directivos de la planta que fueron condenados. Fue un hecho inédito y en medio de la investigación por aquel contrabando de armas.
Este tipo de situaciones se repiten habitualmente en nuestro país, lo que hace que aumente la desconfianza de los ciudadanos respecto a los políticos, llegando a considerarlos personas corruptas, poco transparentes y de escasos recursos éticos y morales. En esto ninguno se salva, por eso terminan pagando justos por pecadores. 
Ese descrédito de la clase dirigente es lo que luego alimenta el surgimiento de líderes populistas, antisistema, que muchas veces presionan a las instituciones y tensionan los valores democráticos, montados en un discurso de una supuesta superioridad moral respecto a la clase dirigente que no pudo resolver o esclarecer este tipo de episodios que terminan generarando un quiebre en la confianza pública. 
En Argentina nos hemos acostumbrado a que los políticos no rindan cuentas, a que los casos de corrupción permanezcan sin esclarecer y a que todos se reciclen y vuelvan a poner la cara como si no hubiese pasado absolutamente nada. Parte del problema es la gente que vive en la negación y es incapaz de condenar socialmente a los responsables últimos de este tipo de episodios. Se pueden reconocer las habilidades políticas de Carlos Menem, pero pretender elevarlo a la categoría de prócer (como hacen algunos jóvenes libertarios que no vivieron aquellos años y no tuvieron que lidiar con las consecuencias de la política extremadamente corrupta de la gestión del riojano) es una falta de respeto a aquellos que sufrieron en carne propia por aquellas acciones. Lógicamente, lo mismo aplica a todos los que pretenden exculpar a Cristina Kirchner de todas las barbaridades que se hicieron durante su gobierno. 
De nuevo, por la falta de rendición de cuentas, no se salva nadie en nuestra clase dirigente. El futuro dirá si los libertarios que hablan loas del menemismo serán tratados mejor por la historia o si serán pasados por el mismo tamiz que su ídolo político.