Mientras la universidad transita el receso de verano y la agenda pública baja un cambio, se discuten puertas adentro decisiones que podrían ser polémicas. El aumento de las cuotas en DASPU expone una forma de administrar el ajuste sin escalar el conflicto y abre interrogantes sobre los equilibrios entre gestión, gremios y gobernabilidad universitaria.
Universidad28 de enero de 2026
Francisco Lopez Giorcelli
Por: Francisco Lopez Giorcelli
El verano suele ser, en la política universitaria, un tiempo menor. Menos clases, menos circulación, menos ruido. Pero también es un momento con una virtud específica: baja la presión y crece el margen de maniobra. En ese clima, la gestión de la Universidad Nacional de Córdoba empieza a mostrar cómo procesa el ajuste sin convertirlo, al menos por ahora, en un nuevo frente de conflicto.
El caso de DASPU funciona como una postal elocuente. El incremento en las cuotas de afiliación no aparece como un hecho aislado ni meramente administrativo, sino como una respuesta concreta a un escenario de restricción presupuestaria que ya no se discute en abstracto. La obra social universitaria enfrenta mayores costos, mayor demanda y menos respaldo financiero, y la decisión fue trasladar parte de esa tensión directamente a los afiliados.
La clave no está tanto en el aumento en sí, sino en el contexto en el que se toma esta decisión. Sin clases, sin el ingreso en marcha, sin gremios movilizados y con el estudiantado mayoritariamente fuera de la escena cotidiana, la universidad avanza sobre una definición que, en otro momento del calendario, podría haber tenido mayor resistencia. El receso parece funcionar así como un amortiguador del conflicto.
Desde el oficialismo universitario, la lógica es clara: sostener el funcionamiento del sistema sin escalar una disputa que hoy no parece ofrecer demasiadas chances de éxito frente al Gobierno nacional. En lugar de redoblar la presión pública o empujar una confrontación directa por mayores recursos, la gestión opta por administrar el daño y resolver internamente lo que afuera no se destraba.
Ese movimiento, sin embargo, no se explica solo por voluntad política del Rectorado conducido por Boretto y Marchisio. En la trama aparecen actores que rara vez ocupan el centro del debate público pero pesan en cada decisión: equipos técnicos, áreas administrativas, conducciones intermedias y, especialmente, los gremios universitarios. La pregunta que empieza a circular no es si el ajuste existe, sino cómo se decide procesarlo.
¿Hubo margen para una postura más confrontativa? ¿O el diagnóstico compartido fue que el conflicto, en este punto del año y con este contexto nacional, podía resultar más costoso que efectivo? La ausencia de cuestionamientos públicos fuertes sugiere, al menos, una convivencia táctica entre gestión y representación gremial, donde la prioridad pasa por sostener estructuras antes que tensionar sin garantías.
En ese esquema, quienes pierden margen de maniobra son los sectores menos organizados: afiliados, trabajadores y estudiantes que absorben el impacto sin tener, por ahora, canales claros de discusión política. No hay marchas, no hay paros, no hay comunicados altisonantes. Hay, en cambio, decisiones que se implementan con bajo costo inmediato y consecuencias que se acumulan hacia adelante.
El trasfondo conecta con un problema más amplio de gobernabilidad universitaria. La UNC atraviesa un escenario donde la defensa pública del sistema convive con una gestión cada vez más obligada a resolver internamente las urgencias. Esa tensión redefine prioridades, redistribuye costos y pone a prueba la capacidad del oficialismo para mantener cohesión sin abrir flancos innecesarios.
La oposición, por su parte, observa un tablero todavía incompleto. Con la actividad política en pausa y sin un conflicto visible que ordene posiciones, el margen para capitalizar estas decisiones es limitado. El ajuste en DASPU puede convertirse en un argumento futuro, pero hoy aparece más como un dato que como una bandera.
Así, mientras la universidad descansa, el ajuste avanza sin estridencias. La pregunta que queda flotando no es si estas decisiones eran inevitables, sino cuánto tiempo pueden sostenerse sin reactivar tensiones que hoy están contenidas por el calendario. Cuando las clases vuelvan (si vuelven), los gremios retomen ritmo y la política universitaria recupere volumen, ¿seguirá alcanzando la gestión sin conflicto o el costo acumulado empezará a pasar factura?
En la UNC, el ajuste no solo tensiona presupuestos y discursos: empieza a interpelar a un actor decisivo que rara vez aparece en los comunicados. El voto no militante, mayoritario y volátil, observa cómo se ordena el poder universitario mientras define, en silencio, los márgenes de gobernabilidad.
En un contexto de ajuste, conflicto presupuestario y de elecciones previstas para mayo, el oficialismo universitario enfrenta un dilema cada vez más visible: sostener la cautela institucional o asumir definiciones políticas que hoy son más sutiles y pasan, muchas veces, desapercibidas.
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