J.C. Maraddón
Al cumplirse hace algunos días los cincuenta años del golpe del 24 de marzo de 1976, en los actos recordatorios, que por supuesto incluyeron multitudinarias marchas y eventos a los que concurrieron miles de personas en todo el país, se puso el acento en el valor de la memoria como reaseguro para que no nunca más vuelva a suceder lo que ocurrió entonces. Y se actualizó el reclamo de verdad y justicia para los crímenes de lesa humanidad cometidos durante esos años en los que desde el aparato represivo del estado se instrumentó un genocidio inédito en la historia contemporánea de la Argentina.
También como conmemoración de ese cincuentenario se organizaron actividades culturales diversas, en las que de una u otra forma se hacía alusión a ese oscuro periodo, como manera de adherir a la necesidad de que la fecha no pasara desapercibida. A pesar de las cinco décadas transcurridas, resulta imposible dejar atrás la masacre perpetrada, más allá de que a partir de diciembre de 1983 vivimos dentro de un sistema democrático que, aunque imperfecto y nunca consolidado del todo, garantiza muchas de las libertades que habían sido cercenadas a la ciudadanía por el régimen que gobernó desde 1976 y a lo largo de siete años.
Por más que los avatares de la dictadura han sido estudiados desde todas las perspectivas posibles, siempre se puede encontrar algún dato nuevo, ya sea por la desclasificación de archivos o por las tareas que realizan organismos como Abuelas de Plaza de Mayo o el Equipo Argentino de Antropología Forense. Devolverle la identidad a aquellos que fueron apropiados durante los años de plomo, es uno de los grandes logros de la democracia y, a la vez, una de las mayores deudas que tenemos con el futuro, junto a la determinación del paradero de las víctimas que aún figuran como desaparecidas.
Entre los rincones históricos que todavía permanecen en penumbras, no se debe obviar la urgencia de entender cómo fue que algo tan nefasto pudo concretarse con semejante impunidad, sin que las instituciones tuvieran la capacidad de reaccionar a tiempo. Y también se requiere investigar cuánto tuvo que ver en ese resultado la complicidad de entidades de la sociedad civil, cuyo colaboracionismo fue imprescindible para que las Fuerzas Armadas tomaran el poder y ejecutaran un plan sistemático de aniquilamiento, amparadas en el objetivo de derrotar a la subversión, pero atacando tras ese paraguas a cualquiera que pensara distinto.
En su libro “A cincuenta años del golpe: la Córdoba procesista (1976-1983)”, el historiador César Tcach realiza una pormenorizada búsqueda de archivo para encontrar, medio siglo más tarde, las huellas de esa fervorosa participación con la que no pocos dirigentes, profesionales y empresarios alentaron las ínfulas del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. En una provincia que entre fines de los sesenta y principios de los setenta había perfilado un espíritu rebelde y combativo, algunos de los que renegaban de esas tendencias aprobaron los métodos sangrientos con que se buscó ponerle fin al ánimo levantisco y restaurar aquella impronta conservadora que marcaba la tradición.
No faltan en este volumen los datos sobre el accionar de los grupos de tareas y los asesinatos apañados por quienes detentaban el poder, pero tampoco escapan al interés de Tcach las decisiones en torno al mundial de Fútbol de 1978 y a cómo desde el gobierno provincial se buscaba hegemonizar las iniciativas de ámbitos tan variados como el artístico, el industrial, el financiero y el agropecuario. Las diferencias en cuanto a la política económica que el autor remarca entre Alfredo Martínez de Hoz y los gobernantes locales, refieren a matices que el tiempo va revelando a medida que se profundiza el análisis.
