Argentina se enorgullece —y con razón— de haber construido uno de los marcos legales más avanzados en materia de género. Las leyes ampliaron derechos, protegieron a millones de mujeres y marcaron un cambio cultural innegable.
Hoy cuenta con uno de los marcos normativos más desarrollados de América Latina, con normas que buscan proteger a las mujeres, a las madres y a las diversidades, reconociendo desigualdades históricas y tratando de corregirlas (1).
Pero hay una pregunta incómoda que empieza a aparecer: ¿puede un sistema diseñado para proteger terminar generando nuevas injusticias?
En conflictos familiares, algunos padres denuncian que, tras una medida cautelar, quedan fuera de la vida de sus hijos durante meses —o años— sin una resolución clara. ¿Es una protección o un castigo anticipado? Decir esto no es negar la violencia de género. Es, justamente, tomársela en serio. Porque cuando las herramientas no se aplican con equilibrio, el sistema pierde legitimidad.
Un ejemplo es el del médico Pablo Ghisoni (2), quien hizo público su caso de falsa denuncia en medio de un delicado conflicto familiar. Más allá de las particularidades, este tipo de situaciones muestra que estas disputas pueden volverse muy complejas, y que cualquier persona —más allá de su género— puede sentirse vulnerable.
Como coordinadora de una maestría en Buenos Aires, transité una situación en la cual tuve que contener y sostener a un estudiante, cuya pareja le impedía vincularse con su hijo de un año. La frustración, el dolor y la impotencia mostraron la situación de desvalía y desamparo de este joven padre.
Es importante decirlo con claridad: estos casos no representan la mayoría, ni ponen en duda la importancia de las leyes de protección. La violencia de género sigue siendo un problema real y estructural. Pero también es necesario reconocer que, si las herramientas no se aplican bien, pueden generar injusticias o percepciones de injusticia.
El problema no son las leyes. Es cómo se usan.
El verdadero desafío no es elegir a quién proteger. Es construir un sistema que no necesite dejar a nadie atrás para hacerlo. En el fondo, se trata de algo más profundo: construir una cultura donde proteger a quienes están en riesgo no implique desproteger a otros. Una justicia que cuide, pero que también sea justa para todos.
Porque el verdadero avance no está solo en tener buenas leyes, sino en lograr que la equidad funcione bien en la vida real.
Referencias:
Congreso de la Nación Argentina. (2009). Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Corte Suprema de Justicia de la Nación. (s.f.). Oficina de la Mujer: estadísticas e informes sobre violencia de género.
Pautassi, L., & Zibecchi, C. (2013). Las políticas de cuidado en América Latina: avances y desafíos. CEPAL.
(1) Algunas leyes marcaron un antes y un después. Por ejemplo, la Ley 26.485 contra la violencia hacia las mujeres (2009), que reconoce el derecho a vivir sin violencia. También la Ley de Identidad de Género (2012) y la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (2020). Estas normas ampliaron derechos, dieron más autonomía y ayudaron a instalar un cambio cultural importante: la igualdad ya no es solo una idea, sino un objetivo concreto. Ver referencias.
(2) Ghisoni, proyecto de ley contra las falsas denuncias https://launion.com.ar/lomas-zamora/proyecto-ley-contra-las-falsas-denuncias-fuerte-descargo-pablo-ghisoni-el-senado-n5441521
[1] Experta en Cambio Cultural y Sostenibilidad. Investigadora Posdoctoral- UBA, Dra. en Sociología-UB, Master en Responsabilidad Social y Liderazgo Sostenible- Univ. de Barcelona, MBA in Business Administration. Mentora certificada Unesco/Aldesd.
@griseldalassaga
