Javier Boher
La Cámara de Diputados está sesionando mientras escribo esta nota. Ya aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la restitución de la Ley de Tierras, mientras que faltan algunos temas más. En el orden del día se encuentra también la ley para penalizar el vandalismo rural, una problemática creciente en todo el país.
Vivo en el campo, lejos de gente y vecinos. Todo el perímetro está bien alambrado y la tranquera de ingreso está siempre cerrada. Es imposible entrar por accidente, ya que si o si hay que cruzar algún límite físico para acceder.
Hace más o menos dos meses vivimos una situación incómoda. Estando toda mi familia en el lugar, un hombre saltó dos alambrados, se escondió en el monte y desde ahí llamó a uno de mis hijos. Cuando los adultos presentes se dieron cuenta de lo que estaba pasando salieron a buscar al intruso, que ya se había escapado y estaba yéndose al trote, perdiéndose por las márgenes del río. Días después me enteré de que lo habían agarrado en la periferia del pueblo mientras se metía en el patio de una casa.
No le pasó nada.
No hay forma de que le pase nada.
La policía no se quiere meter en el lío de llenar papeles que no llevan a ningún lado y que solamente le complican el día.
El proyecto de vandalismo rural busca penalizar el ingreso no autorizado a un campo, con las excepciones lógicas de situaciones de urgencia o ayuda. También busca resguardar un bien productivo y todo lo que se encuentra encima, sean cultivos, animales o instalaciones definie si nuevos delitos y penas en relación a una problemática que creció por culpa de una relativización de la propiedad privada que dominó el último cuarto de siglo.
Un diputado opositor objetó la propuesta aduciendo que el código penal ya contempla en el artículo 186 las situaciones vinculadas al daño producido dentro de un campo y que la propuesta del artículo 184 bis se superpondría con lo existente, complicando la aplicación de la ley por establecer penas diferentes.
Los antecedentes marcan que el artículo que ya existe en el código lleva años sin aplicarse para el caso más común de los años del kirchnerismo, la destrucción de los silobolsas. La mayoría de los hechos se tipificaron como daño y se perdieron en el tiempo sin ninguna condena. El relevamiento presentado para justificar la necesidad de esta reforma señala más de 200 silobolsas dañados en los últimos años. Uno de los casos más graves fue en Villa Cañás el pasado mayo, donde se vandalizaron 12 silobolsas conteniendo más de 2000 toneladas de granos por un valor de unos 750 millones de pesos. Es mucho dinero, pero no llega a pagar la maquinaria necesaria para trabajar la tierra. Ni hablar de que no se trata de la ganancia, sino del valor de lo contenido.
El abigeato también está penado, pero se ha convertido en un problema enorme a partir de que los ladrones solamente se llevan una parte de los animales y dejan el resto en el campo, lo que para algunos se interpreta como una actitud propia de quien necesita alimentarse. Una aberración que castiga particularmente a los productores más pequeños y de zonas marginales, donde la sustracción de algunos animales puede significar la pérdida de un capital importante.
De aprobarlo (que es casi seguro) el proyecto tendría media sanción y pasaría al Senado para su aprobación definitiva. Para algunas personas esto es un problema de dueños, pero va mucho más allá. Significa proteger el esfuerzo de generaciones y asegurarse de que la gente vuelva a sentirse segura en el campo, una tranquilidad que se ha perdido hace años. No se genera riqueza ni hay crecimiento si no hay un orden que imponga sanciones a los que atentan contra él.
