El Mójica escala el tono contra Nación por discapacidad y universidades

Mientras el Panal profundiza su confrontación con la Casa Rosada, el oficialismo riocuartense empieza a replicar esa estrategia en el plano local. Reclamos por discapacidad y respaldo a las universidades públicas marcaron una jornada atravesada por críticas a Milei y cruces con los libertarios por el caso Adorni.
Río Cuarto08 de mayo de 2026Gabriel MarcléGabriel Marclé
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Gregorio Oberti y Leandro Carpintero

El Gobierno de Guillermo De Rivas continúa transitando una renovada etapa política de gestión y empieza a exhibir con mayor claridad un posicionamiento alineado con la estrategia discursiva que impulsa Martín Llaryora desde el Panal frente a la Casa Rosada. La jornada de ayer dejó al oficialismo local involucrado en dos frentes sensibles para la agenda nacional: discapacidad y financiamiento universitario, ambos atravesados por cuestionamientos al gobierno de Javier Milei y nuevas tensiones con los sectores libertarios de la ciudad.

Aunque desde el Municipio ya habían aparecido señales de acompañamiento a los planteos del gobernador cordobés frente al ajuste nacional, la actividad política de las últimas horas expuso una postura más decidida. Tanto desde el Ejecutivo como desde el Legislativo local surgieron expresiones críticas hacia políticas impulsadas por Nación, en una secuencia que dentro del oficialismo interpretan como parte de una etapa de mayor confrontación con el Gobierno nacional.

El primer episodio se dio a partir del pronunciamiento del Consejo Asesor en Discapacidad, que manifestó su “profunda preocupación y rechazo” al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo nacional denominado “Ley contra el Fraude de las Pensiones por Invalidez”. Desde el espacio advirtieron que la iniciativa podría traducirse en mayores obstáculos para personas con discapacidad y en un recorte de derechos adquiridos.

Pero el punto más sensible del conflicto pasó por la utilización del término “fraude”, cuestión que desde el peronismo local vincularon con la polémica que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito. Las declaraciones del subsecretario de Desarrollo Comunitario, Rogelio Oberti, apuntaron directamente en ese sentido.

“Habría que ver qué buscan con esto de auditar todas las instituciones. Por ahí uno empieza por casa. Yo creo que se debe empezar siempre por casa”, señaló el funcionario, en una de las primeras expresiones directas surgidas desde el Palacio de Mójica respecto de la controversia que rodea al Gobierno nacional. En la misma línea agregó: “Generalizar acusaciones constituye un acto de discriminación y deshumanización hacia el colectivo y sus familias”.

La referencia no pasó inadvertida en un contexto donde el llaryorismo viene elevando el tono contra el Gobierno nacional, particularmente frente a temas vinculados al ajuste sobre sectores sensibles. En ese esquema, el Municipio abandonó definitivamente el perfil moderado que caracterizó buena parte del inicio de la gestión De Rivas para asumir una participación más activa en discusiones de alcance nacional.

En paralelo, el Concejo Deliberante también se convirtió en escenario de la disputa política con los libertarios. En la previa de la Marcha Federal Universitaria convocada para reclamar por el financiamiento de las casas de altos estudios, el oficialismo impulsó una iniciativa para brindarle respaldo institucional a la universidad pública y cuestionó el recorte presupuestario impulsado desde Nación.

La discusión derivó en cruces con los concejales alineados con La Libertad Avanza, Gabriel Abrile, Ana Vasquetto y el juecista Pablo Benítez, quienes rechazaron la utilización política del reclamo universitario y, con distintos matices, defendieron la postura del Gobierno nacional respecto al financiamiento universitario.

La respuesta del bloque oficialista apuntó directamente contra las exposiciones de los ediles vinculados al armado libertario local. “El Gobierno nacional ha tomado una decisión política, no económica, porque no creen en la educación pública”, sostuvo Leandro Carpintero, presidente de la bancada de Hacemos Unidos por Río Cuarto. Sobre los concejales aliados a La Libertad Avanza agregó que “no solo aceptan el pensamiento del Gobierno nacional, sino que lo bancan y quizá no se animan a decirlo”.

El jefe del bloque oficialista también apuntó contra las diputadas nacionales que representan a la ciudad, Laura Soldano y Belén Avico, al expresar que “nadie sabe qué opinan del tema”. El debate dejó así uno de los cruces de mayor voltaje político registrados en el Concejo durante las últimas semanas.

En ese marco volvió a destacarse la postura de la radical Antonella Nalli, quien tomó distancia del posicionamiento asumido por sus socios parlamentarios libertarios y marcó diferencias dentro del bloque opositor. Tal como había anticipado Alfil en publicaciones anteriores, se trata de las primeras señales concretas de autonomía política de la concejala radical frente al reordenamiento opositor que atraviesa el Legislativo local.

La secuencia dejó una foto que empieza a repetirse con mayor frecuencia: un oficialismo local cada vez más dispuesto a confrontar con la agenda de Javier Milei y una oposición libertaria obligada a defender, en el plano municipal, decisiones nacionales que generan creciente conflictividad social. En el entorno de De Rivas creen que ese escenario podría profundizarse en los próximos meses, especialmente si la estrategia provincial continúa apostando a polarizar con la Casa Rosada. Mucho más si, como sugieren los movimientos en cada frente, la tensión también empieza a proyectarse hacia la disputa electoral de 2028.

 

El Consejo Asesor en Discapacidad impulsa una junta de firmas en rechazo a la reforma en Discapacidad

El Consejo Asesor en Temas de Discapacidad de Río Cuarto expresó su preocupación y rechazo ante las medidas impulsadas por el Gobierno nacional que buscan modificar el sistema de pensiones y prestaciones vinculadas a personas con discapacidad. Como parte de las acciones impulsadas por las organizaciones locales, se anunció una campaña masiva de recolección de firmas para manifestar el rechazo al proyecto nacional.

La iniciativa se desarrollará en centros comunitarios barriales, Centros de Gestión Municipal (CGM), espacios públicos como Plaza Roca y Plaza de la Juventud, además de instituciones vinculadas al trabajo con personas con discapacidad.

Desde el Movimiento por la Discapacidad expresaron su preocupación por el impacto que podrían tener las modificaciones propuestas en la vida cotidiana de las personas beneficiarias. Según indicaron, ya se registran dificultades vinculadas a programas como PAMI e Incluir Salud, especialmente en la provisión de tratamientos y recursos básicos.

Finalmente, desde el Consejo Asesor y las entidades participantes insistieron en la necesidad de abrir instancias de diálogo con el sector antes de avanzar con cualquier modificación normativa relacionada con discapacidad y políticas de asistencia social.

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