La relación entre el agro cordobés y el Gobierno nacional volvió a mostrar esta semana una mezcla de expectativa, desconfianza y reclamos abiertos. Aunque la discusión pública quedó atravesada por los anuncios de Javier Milei sobre la baja de retenciones, en Córdoba aseguran que la principal preocupación del sector pasa hoy por la situación de emergencia que atraviesan distintas zonas productivas de la provincia, todavía afuera del régimen nacional de asistencia. A eso se suma el malestar por los miles de millones de dólares que salen vía retenciones y que, según remarcan desde el Panal, “no vuelven en nada”. “Mientras tanto, en Córdoba seguimos asistiendo a todos”, afirman cerca del Gobierno provincial.

El malestar se profundizó luego de que el Ministerio de Economía de la Nación oficializara esta semana la declaración de emergencia y desastre agropecuario para Chubut, Mendoza y Santa Cruz, mientras Córdoba todavía aguarda la homologación nacional del pedido elevado por la Provincia. La situación generó ruido tanto en el Gobierno provincial como entre entidades rurales, que interpretan la demora como una señal de desatención hacia uno de los principales motores productivos del país.

Desde el cordobesismo remarcan que el procedimiento ya fue cumplido por la Provincia y que sólo resta la resolución nacional correspondiente. Sin embargo, incluso entre quienes esperan que la homologación llegue en el corto plazo, predomina una sensación de resignación respecto al verdadero alcance de la medida. “Es un diferimiento impositivo. Es nada o muy poquito para lo que necesitan los productores damnificados”, sintetizan cerca del Panal.

La crítica no apunta solamente a la demora administrativa, sino también al vaciamiento de las herramientas nacionales de asistencia. En el Gobierno provincial aseguran que el histórico fondo nacional de emergencia agropecuaria “desapareció”, dejando a las provincias con escaso respaldo para enfrentar pérdidas derivadas de sequías, granizo u otros eventos climáticos extremos.

En paralelo, el oficialismo provincial busca mostrar capacidad de respuesta propia frente a la falta de acompañamiento nacional. Una de las experiencias que Córdoba exhibe como modelo es el plan piloto de seguro multirriesgo impulsado por la Provincia, que contempla cobertura ante distintos eventos climáticos y fue entregado sin costo a productores adheridos al programa de Buenas Prácticas Agropecuarias. “Es una experiencia única en el país”, remarcan desde el entorno del gobernador Martín Llaryora, donde entienden que el esquema puede transformarse en una herramienta clave a futuro y en otro punto de contraste con Nación.

El debate sobre la asistencia al agro terminó cruzándose inevitablemente con la otra gran discusión de la semana: las retenciones. El anuncio realizado la semana pasada por Javier Milei durante el aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires fue recibido con cautela por el cordobesismo. En el Gobierno provincial valoran cualquier reducción de la presión impositiva sobre el sector, aunque relativizan el impacto real de las medidas comunicadas por la Casa Rosada. “Es como darle una caricia al productor, pero seguir pegándole fuerte desde lo impositivo”, resumían esta semana desde el oficialismo provincial.

La mayor desconfianza aparece alrededor de la soja. El esquema anunciado por Milei posterga cualquier reducción para 2027 y la condiciona al nivel de recaudación y al contexto político posterior a las elecciones. En el cordobesismo consideran que el planteo “carece de convicción” y responde más a una lógica electoral que a un programa estructural para el sector.

Esa tensión volvió a notarse durante el Congreso Maizar, donde funcionarios nacionales intentaron instalar un clima de optimismo económico. Allí, el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, defendió la gestión libertaria y pidió paciencia al sector: “Para llegar al todo, tenés que empezar por algo”. Incluso apeló a un tono informal al advertir que “si no le ponemos flow, volvemos al pantano”, en referencia al temor libertario por un eventual regreso del kirchnerismo y de políticas más agresivas hacia el campo.

Frente a esa lógica pendular, el cordobesismo intenta sostener un discurso de moderación y previsibilidad. En el Gobierno provincial aseguran que las retenciones deberían avanzar hacia cero, pero bajo un esquema sostenido y claro, sin anuncios condicionados al calendario electoral ni discursos apoyados en el “riesgo kuka” como argumento político permanente.

Mientras tanto, en el agro cordobés crece la sensación de que el interior productivo continúa siendo utilizado como variable de ajuste. “Por esta cosecha récord, de Córdoba se irán 2.200 millones de dólares y, por lo visto hasta ahora, no volverá un peso”, repiten cerca del Panal. La frase resume buena parte del clima que atraviesa al sector y a los dirigentes ruralistas reunidos esta semana en la Exposición de Otoño de la Sociedad Rural de Río Cuarto.