Yanina Soria
Como pocas veces, la oposición logró articularse rápidamente para abordar de manera conjunta una estrategia frente a la crisis política y judicial que desató el caso Barrelier y que golpea de lleno al oficialismo.
Tal como lo anticipó este diario, legisladores de nueve bloques presentaron ayer ante la Sala Acusadora del Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Córdoba dos pedidos de Jury contra los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón, por presunto mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. La situación derivó en una unidad transitoria del arco no oficialista con presentaciones que fueron impulsadas por legisladores de la UCR, Frente Cívico, PRO, Valores Republicanos, La Libertad Avanza, Mejor Futuro, Construyendo Córdoba, Encuentro Vecinal Córdoba e Izquierda Socialista - Fit Unidad.
Por su lado, el peronismo los acusó de “caranchear” con un tema tan sensible como es el femicidio de Agostina Vega y, para correr el foco de lo que todavía ocupa el centro de la agenda pública, respondió con un contragolpe: llevarán al recinto el caso de Marcos Carasso, ex presidente de la UCR de Córdoba y ex candidato a vicegobernador de Luis Juez, allanado por presunta defraudación al PAMI.
Ayer por la tarde, el presidente de la bancada de Hacemos Unidos, Facundo Torres, anticipó que promoverán un pedido de informe para esclarecer la situación del radical y del allanamiento que hubo en el Tribunal de Cuentas.
“Hace apenas unos días vimos a dirigentes de la oposición hacer carancheo político incluso en medio de una situación dolorosa que conmocionó a toda la provincia. No faltó nada: conferencias de prensa, declaraciones, videos para redes, fotos, pedidos de jury y una carrera por llegar primero al micrófono. Sin embargo, cuando la situación involucra al radical Marcos Carasso, ex diputado nacional, ex candidato a vicegobernador de Luis Juez e integrante de la lista que nucleó en su momento a la absoluta mayoría de quienes hoy integran la oposición en la Legislatura, el silencio parece imponerse de golpe”, argumentó el legislador en una maniobra del oficialismo para correr el eje de la discusión pública involucrando otros antecedentes y actores políticos.
El peronismo le solicitará al Tribunal de Cuentas también información sobre las tareas para las que fueron designados Carasso y Claudio Suchecki (del entorno cercano del juecismo) dentro del organismo.
Con este tema el oficialismo buscará concentrar la discusión y el debate en la sesión legislativa mañana.
Lo cierto es que la oposición formalizó ayer el pedido de apertura de una investigación que “ofrezca luz y claridad a semejantes acontecimientos, quedando a criterio de los integrantes del Jury la determinación de posibles responsabilidades”, dice el comunicado tras la formalización de la denuncia que lleva la firma de Oscar Agost Carreño, Alejandra Ferrero, Daniel Juez, Viviana Martoccia, Gerardo Grosso, Patricia Botta, Agustín Spaccesi, Gregorio Hernández Maqueda, Dante Rossi, Oscar Saliba, Matías Gvozdenovich, Brenda Austin y Walter Nostrala.
El pedido contra Iván Rodríguez cuestiona la decisión del fiscal, en mayo de 2025, de dejar en libertad a Claudio Gabriel Barrelier en el marco de una causa por privación ilegítima de la libertad calificada, “en circunstancias en que los indicios disponibles evidenciaban con claridad suficiente una peligrosidad objetiva de primer orden”, cita el texto y sigue: por disponer el archivo de una causa conexa al denominado caso “Neonatal”, en la que se investigaba la posible omisión de deberes de funcionario público por parte de tres funcionarios que habrían tenido conocimiento previo de los pinchazos y muertes inexplicables de bebés recién nacidos sin haberlos denunciado.
Por su parte, la denuncia contra el fiscal Raúl Garzón se centra en la investigación por la desaparición y femicidio de Agostina Vega; los parlamentarios cuestionan demoras en la recepción de la denuncia, la activación tardía de la Alerta Sofía, retrasos en el allanamiento al domicilio del principal sospechoso y otras decisiones adoptadas durante las primeras horas de la búsqueda.
Dicen que ambas presentaciones buscan promover el control institucional y garantizar que las actuaciones de los funcionarios judiciales sean revisadas cuando existan cuestionamientos sobre su desempeño en causas de alto impacto público.
Tal como se viene sosteniendo desde éstas páginas, hay expectativas de que al menos una de las dos causas (la de Rodríguez) pueda abrirse.
