Felipe Osman
Junto a una nota firmada por Daniel Passerini y Rodrigo Fernández, el Concejo Deliberante recibió esta semana un ambicioso proyecto que busca crear un “Código de Habilitaciones, Autorizaciones y Permisos para Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios” y derogar las ocho ordenanzas en las que se encuentra dispersa la legislación en la materia.
El asunto, que tiene una enorme complejidad técnica dada la multiplicidad de actividades con contenido económico a regular, tiene además una gran relevancia en materia política y de gestión. Ambas dimensiones se entrelazan.
En primer lugar, vale destacar la iniciativa. Codificar la regulación relativa a la habilitación, fiscalización y control de locales de toda índole traerá un orden normativo muy valioso no sólo para el municipio, que debe aplicar la legislación, sino fundamentalmente para el sector privado, que finalmente podrá encontrar en una única norma todas las condiciones que debe cumplir para quedar a salvo de los inspectores.
Pero el lector avisado advertirá algo mucho más importante aún: el ENFyC, que por definición se avoca a la fiscalización y el control, y que la norma define como única autoridad de aplicación (artículo 3 del proyecto), absorbería las competencias de la Oficina de Habilitaciones. Es decir, haría lo que hasta ahora no pudo: “demoler” el 8vo piso, origen de todos los males, en la cosmovisión que Ezequiel Hormaeche, director ejecutivo del ente, propuso al rendir cuentas por el ‘affaire Wachistas’ en el Concejo.
De resultar así, estaríamos ante un logro mayúsculo de la gestión municipal. Pero soplar no es hacer botellas, y demandará una determinación política que hasta ahora no hemos visto en ninguna gestión precedente para avanzar sobre los intereses que se entrelazan en el 8vo piso.
En cualquier caso, el proyecto apenas acaba de entrar en Legislación General, y le espera un largo tránsito en comisiones. El miércoles de la semana próxima Fernández y Hormaeche irán al Concejo a presentarlo oficialmente, y luego, cada miércoles, pasarán también por la comisión cámaras empresarias, colegios profesionales y especialistas que convenga escuchar antes de terminar de pulir la iniciativa.
Antes de que eso suceda, ya se pueden hacer algunas observaciones.
Desde el oficialismo destacan, por ejemplo, que la nueva norma eliminará la necesidad de tramitar una habilitación desde cero cada cinco años, y en su lugar se otorgarán habilitaciones ‘sine die’, que serán automáticamente renovadas con la sola presentación, por parte del interesado, de una declaración jurada que asegure que el local no ha tenido modificaciones edilicias que ameriten un nuevo control.
Además, se sustituirá el Certificado de Bomberos (que tantos dolores de cabeza ha dado en Tribunales II) por un informe técnico expedido por un profesional en Seguridad e Higiene.
También se creará un Cuerpo de Inspectores del ENFyC, aunque la normativa no deja en claro cómo se conformará, y si se tratará de nuevos inspectores o de la relocalización forzosa de aquellos que hasta el momento no quisieron migrar de la estructura orgánica del municipio hacia el ente. Gran signo de interrogación. Y se sumarán las “inspecciones virtuales” para las actividades de riesgo bajo.
Otro punto delicado es la creación del “Registro Municipal de Gestores y Profesionales Responsables”. La normativa plantea que estos gestores sean solidariamente responsables con el iniciador del trámite por la falsedad de sus declaraciones, expandiendo la responsabilidad civil y penal vaya a saber con qué competencia. Pero lo que suscita mayor preocupación es que el proyecto establece que la reglamentación determinará los requisitos y condiciones para la registración de los interesados en intervenir como gestores. Es decir, faculta al Ejecutivo para crear un sistema cerrado de quiénes pueden asistir a los privados en la tramitación de las habilitaciones. Punto que, cuando menos, merece encender una luz de alarma.
