Felipe Osman
La Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (FETAP) sorprendió a última hora del lunes con un comunicado dirigido a la secretaría de Trabajo de la Provincia: no aplicaría la nueva escala salarial firmada por la UTA y FATAP (ente federativo nacional) en la liquidación del adelanto de sueldo del 40 por ciento que por convenio colectivo debe depositar el lunes y pagaría el medio aguinaldo en seis cuotas.
Para sorpresa de nadie, la UTA recogió rápidamente el guante y salió a decir que esperaba que la totalidad del adelanto, conforme la escala vigente, estuviera depositado en la cuenta de los trabajadores el próximo lunes. Caso contrario, no dudaría en ir al paro y paralizar el servicio. Y la Municipalidad advierte, aunque sin hacerlo público, que es víctima de un movimiento de pinzas de la cámara empresaria y el sindicato para obligarla a subir, nuevamente, la tarifa.
Los más suspicaces, en tanto, agregan un eslabón más a esa cadena, y entienden que son en realidad los usuarios los últimos destinatarios de una jugada a tres bandas.
En cualquier caso, se abre una instancia de negociación que ocupará los próximos días del Palacio 6 de Julio, que ya viene cubriendo los mayores costos denunciados por las prestadoras que en marzo obtuvieron un aumento del boleto no trasladado a los usuarios: aunque se sigue pagando 1.720 pesos el viaje, por cada boleto la Municipalidad completa otros 309 pesos a las prestadoras, alcanzando el costo final de 2.029.
Ahora bien, el argumento de las empresas ya había sido entonces el acuerdo firmado entre UTA y FATAP el 12 de marzo. ¿Por qué redoblar ahora la presión con el mismo fundamento?
Seguramente la idea es adelantar la jugada. En el mediodía de ayer, en Buenos Aires, las UTA tuvo su primera reunión con FATAP para encarrilar un nuevo acuerdo que compense, en el salario de los trabajadores del sector, lo perdido ante la inflación durante el segundo cuatrimestre del año. Las empresas, que saben que el resultado de ese acuerdo redundará en mayores costos, ponen ahora el grito en el cielo para anticiparse a aquel este escenario.
Mientras, la Municipalidad guarda cautela. La inflación capitalizada del trimestre marzo-abril-mayo da 8,3 por ciento, y aplicar ese valor al boleto actual, 2.029 pesos, daría un número cercano a los 2.200 pesos por viaje. Desde luego, las fórmulas polinómicas por las cuales se redetermina el costo del servicio son más complejas, pero la cuenta a mano alzada sirve para dar una idea de cuáles pueden ser las pretensiones de las empresas.
En el Palacio 6 de Julio el equilibrio financiero aparece amenazado, entre otros factores, por el pago de la deuda en dólares heredada de las gestiones precedentes, y la posibilidad de que los mayores costos sean absorbidos por rentas generales tiende a cero.
La gestión municipal lidia, al mismo tiempo, con la implementación del nuevo sistema de estacionamiento medido, que busca erradicar a los “naranjitas ilegales” y dar cobijo a los “constatadores”. Ese plan llega ahora a una nueva etapa con el anuncio del municipio de que empezará a labrar actas a los infractores que no paguen debidamente por aparcar en las zonas definidas por la reglamentación. Hasta ahora las quejas se habían hecho sentir en distintos sectores de la ciudad y habían encontrado respuesta en el Ejecutivo con exenciones parciales y totales para jubilados, discapacitados, trabajadores, profesionales y demás. Ahora llega el momento de saber qué tan pulido está el sistema, que deberá soportar la presión de los reclamos que las multas traerán aparejados.
