Felipe Osman
Los aplausos que cada semana se escuchan en los tribunales incomodan. A dos semanas del acuerdo que cerró el conflicto con los empleados judiciales, funcionarios y magistrados siguen manifestando su disconformidad y, según las versiones que circulan sobre las negociaciones, la paciencia del Tribunal Superior de Justicia empieza a agotarse.
El arreglo con AGEPJ permitió desactivar el frente más numeroso, pero dejó abierto otro, particularmente sensible para el TSJ: el de quienes integran sus cuadros jerárquicos, representados por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales.
Como contó Alfil, los descuentos por días de paro fueron determinantes para que los empleados aceptaran una oferta superadora, pero no tan diferente a la que poco antes habían rechazado por abrumadora mayoría. Ahora, en las tratativas con funcionarios y magistrados, empieza a hablarse de otra herramienta de presión: la posibilidad de abrir sumarios si continúan los aplausos.
La propuesta económica tiene dos componentes compartidos con el acuerdo de los empleados: un adicional no remunerativo del 1,9 por ciento y la reducción del 8 al 6 por ciento de los aportes extraordinarios a la Caja de Jubilaciones. Para el TSJ, según trascendió de las conversaciones, ese es el límite de lo que puede concederse este año.
Ese 1,9 más el 2 por ciento que representa la rebaja de aportes del 8 al 6 por ciento representaría un 4,7 por ciento de bolsillo, porque el segundo ítem se calcula sobre el básico, y repercutiría en un 2,8 por ciento final. Así, la recomposición salarial para los funcionarios y magistrados sería de un 4,7 por ciento neto.
Del otro lado piden sumar una reducción de la jornada de ocho a siete horas para alcanzar un entendimiento. La respuesta del máximo tribunal sería un no rotundo. Aunque queda una alternativa en discusión: habilitar algunos días u horas de teletrabajo.
Tampoco esa salida resulta sencilla. Las posibilidades de prescindir de la presencialidad cambian según el fuero. Lo que aparece como una opción practicable en Civil encuentra más dificultades en Penal, donde las actividades demandan una organización diferente de las tareas.
En cualquier caso, la negociación ya excedió el intercambio de porcentajes y horas. Según la reconstrucción que circula en el sector, el TSJ habría convocado a Walter Simes, interlocutor del reclamo, para transmitirle que lo conseguido es todo lo disponible y hay que terminar con las manifestaciones.
En esa conversación se habrían recordado antecedentes de sanciones a magistrados por declaraciones en la prensa, invocados como advertencia sobre las consecuencias de sostener el reclamo.
La lectura atribuida al TSJ es que las protestas pudieron tolerarse mientras seguía abierto el conflicto con los empleados, pero que, después del acuerdo, su continuidad provoca un daño a la imagen del Poder Judicial que sus máximas autoridades ya no están dispuestas a tolerar.
Hasta habría existido un reconocimiento a la utilidad del reclamo: la presión sirvió para conseguir mejoras. Pero, según esa versión, las manifestaciones que sirvieron para llegar hasta este punto ya no aportarían nada más en lo sucesivo, e incluso serían contraproducentes de mantenerse en el tiempo.
A esa advertencia se agrega otra, todavía mayor: en las conversaciones, el TSJ habría transmitido que el Ejecutivo está especialmente tenso con el Poder Judicial y que desde el Centro Cívico ya deslizaron la posibilidad de impulsar la derogación del régimen de equiparación salarial con la Justicia Federal contemplado en la Ley 9725.
El esquema, instaurado en 2009, vincula las remuneraciones judiciales provinciales con las federales y ofrece al sector una referencia que limita su dependencia de la negociación salarial con la Provincia. Poner su continuidad sobre la mesa eleva el costo potencial de sostener la protesta. Especialmente si se tiene en cuenta que la equiparación es permanentemente reivindicada como un logro histórico del sector.
Por ahora, se trata de una posibilidad invocada en las tratativas, no de una decisión formal. Pero su circulación revela un nuevo plano de tensión por fuera del de funcionarios y magistrados con el TSJ: el que el propio tribunal describiría, en las negociaciones, en su relación con el Ejecutivo.
La paradoja es incómoda. A quienes reclaman una mejora bajo el amparo de la equiparación se les advierte que insistir en los reclamos podría poner en riesgo aquel resguardo. Después de cerrar el conflicto con los empleados elevando el costo de la continuidad de las medidas de fuerza, el TSJ enfrenta este segundo frente con una receta similar, advirtiendo que continuar reclamando puede resultar más caro que aceptar.
