Felipe Osman
Servidores Urbanos, el programa que acuño Luis Juez, que mantuvieron Daniel Giacomino y Ramón Mestre, y que Martín Llaryora usó como cortafuegos del Suoem para recuperar el control del municipio durante la pandemia y la postpandemia, estaría a punto de encontrar serias modificaciones con Daniel Passerini.
Desde distintas secretarías cuentan que hace ya algunas semanas Políticas Sociales, a cargo del programa, empezó a realizar auditorías sorpresivas para determinar quiénes iban a prestar servicios a sus lugares de trabajo y quienes no, y a partir de ese censo inicial la idea que decanta el Ejecutivo es llevar el programa a su configuración inicial.
Cuando nació, el plan estaba a cargo de la secretaría de Desarrollo Social, que capitaneaba Daniel Juez, y se articulaba a través de cooperativas. La municipalidad las contrataba y éstas ponían fuerza de trabajo a disposición de la ciudad. Luego, los programas sociales repartidos desde la nación, como el “Potenciar Trabajo”, se sumaron a la ecuación, y empezó a surgir una nueva forma de vinculación: algunos de los beneficiaros de estos planes prestaban servicios para la ciudad, poniéndose un chaleco celeste a cambio de que la municipalidad les diera un plus sobre lo que recibían del Gobierno Nacional. Se configuró así un segundo pelotón de servidores urbanos, cuya relación no estaba intermediada.
La llegada de Javier Milei a la Casa Rosada y la consecuente anulación de los planes sociales dejó todo el peso de este segundo conjunto en los hombros de la ciudad, que ya no podría soportarlo, y que ahora intentaría volver al esquema inicial. quedándose sólo con los servidores urbanos enlistados en las cooperativas.
Al cierre de esta edición no había información oficial respecto a cómo se reestructuraría el plan, pero las versiones más consistentes señalaban que se reduciría entre un 50 y un 60 por ciento.
Además, desde diferentes carteras municipales también se habla de una constante reducción de becas y monotributos. Cada secretaría vendría recibiendo instrucciones, desde hace tiempo, para reducir la cantidad de personal que presta servicios bajo estas formas alternativas de contratación, que esquivan los estatutos y, por ende, resultan mucho menos costosos para las arcas municipales.
De hecho, algunos funcionarios con contacto directo con el territorio resienten la medida, y advierten que no hay posibilidad de que los servicios no se vean resentidos, en tanto los ‘chalecos celestes’ prestan funciones indispensables que los municipales de planta no quieren prestar, que llegan a lugares donde las empresas tercerizadas no quieren entrar, y que lo hacen por una fracción del costo que implica un contratado o un municipal de planta.
En el Palacio Municipal repasan esta secuencia: Passerini perdió, con Milei, los subsidios al Transporte, los programas sociales que llegaban a Córdoba, la obra pública ejecutada por la Nación en la ciudad, y la posibilidad de recibir, de manera directa o intermediada por la Provincia, fondos recaudados por la Nación. Perdió, merced a la coyuntura económica, un 30 por ciento de la recaudación; debe pagar la deuda que tomó Mestre y rolleó Llaryora, y tampoco recibe de la Provincia fondos que le permitan contrarrestar esas pérdidas.
En ese marco, la reestructuración del programa en cuestión sería la forma de nivelar el conflicto con el Suoem, que resolvió mantenerse en retención de servicios hasta tanto el municipio liquide la totalidad del medio aguinaldo.
Bajo ese prisma, es posible que la decisión de limitar las becas sea también una forma de presionar al gremio, que durante los últimos años ha empezado a utilizar esa forma de contratación ‘blue’ como puerta de acceso de hijos, sobrinos y allegados de los empleados municipales que empiezan a desandar el camino para llegar a la planta estable.
