Gabriela Yalangozian
El femicidio de Rocío Gómez ocurrido en la mañana de este lunes en Santa María de Punilla volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento del Poder Judicial en Córdoba y abrió un nuevo frente de conflicto político.
La ofensiva fue encabezada por el legislador Gregorio Hernández Maqueda (Mejor Futuro), quien anunció que presentará una denuncia penal por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y ampliará el pedido de jury de enjuiciamiento contra el juez de Ejecución Penal Facundo Moyano Centeno, al considerar que existieron graves omisiones en el control del femicida de Rocío, su expareja Maximiliano Baudraco, condenado por violencia de género y beneficiado con una pena de libertad condicional.
El caso desnudó que existió una cadena de alertas que, según la información dada a conocer por el Patronato del Liberado que elevó tres informes al juez, nunca derivó en medidas concretas para revocar la libertad del agresor. El dato que profundizó los cuestionamientos es que el último informe ingresó el 20 de julio, apenas horas antes de que Baudraco asesinara a Rocío Gómez frente a sus hijas.
Para la oposición, esos antecedentes evidencian que existían elementos suficientes para revocar el beneficio y ordenar el regreso del condenado a prisión antes del crimen.
Hernández Maqueda sostuvo esta semana que el caso Rocío Gómez no constituye un episodio aislado. Recordó que el juez Facundo Moyano Centeno ya había sido denunciado en agosto del año pasado por su actuación en el expediente del ex policía Horacio Grasso, quien durante la prisión domiciliaria acumuló numerosos incumplimientos sin que se adoptaran medidas efectivas y luego asesinó a Milagros Bastos.
"No es el primer caso en el cual el juez de ejecución penal mira para otro lado y no hace el único trabajo que tiene que hacer: controlar que delincuentes peligrosos cumplan las condiciones impuestas por la Justicia", sostuvo el legislador.
Según explicó, las denuncias anteriores y el pedido de jury nunca fueron tratadas. Y, a su entender, la demora institucional también pudo haber contribuido a que se produjeran nuevos hechos de extrema violencia.
La nueva ofensiva política también reactivó el debate por la situación del fiscal Iván Rodríguez, cuya designación como procurador penitenciario adjunto permanece paralizada mientras continúa pendiente un pedido de jury por su actuación en la causa que terminó con la liberación de Claudio Barrelier un año antes del femicidio de Agostina Vega.
El caso mantiene abiertos interrogantes institucionales inéditos. Aunque la Legislatura aprobó su pliego y el Ejecutivo impulsó su nombramiento, el Tribunal Superior de Justicia postergó la toma de juramento, dejando al funcionario en una situación de "limbo": continúa ejerciendo como fiscal mientras permanece congelado su ingreso a la Procuración Penitenciaria.
En un cuestionado status quo, se espera que en agosto, el Jurado de Enjuiciamiento sea convocado para analizar las denuncias impulsadas por el frente opositor dentro de la Legislatura provincial contra Iván Rodríguez y también las presentaciones que alcanzan al fiscal Raúl Garzón, quien continúa a cargo de la investigación por el femicidio de Agostina Vega.
En ese contexto, semanas atrás el fiscal General Carlos Lezcano evitó anticipar una posición sobre el caso Rodríguez al señalar que podría intervenir en un eventual proceso disciplinario. En cambio, ratificó públicamente su respaldo a Garzón y defendió su continuidad al frente del trágico asesinato de la adolescente.
De avanzar en el jury, por segunda vez en el año habrá fiscales sentados en el banquillo tal cual ocurrió en mayo pasado, cuando fueron destituidos Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro por mal desempeño y negligencia grave en la investigación del homicidio de Nora Dalmasso. Y no hay que olvidar que las defensa de los tres instructores presentaron un recurso de casación contra ese fallo. Además, adelantaron que, si hay un rechazo a los pedidos, irán al Tribunal Superior de Justicia y, de ser necesario, recurrirán a la Corte Suprema de Justicia.
El expolicía Grosso, Barrelier y ahora Baudraco tienen en común una misma situación: los tres tenían antecedentes, fueron detenidos pero estaban en libertad. Por eso, la discusión va mucho más allá que la actuación de un solo magistrado.
La oposición sostiene que la sucesión de casos expone fallas estructurales en los mecanismos de control del Poder Judicial.
Con el jury nuevamente en el centro del debate y una nueva denuncia en marcha, el sistema judicial cordobés vuelve a estar en el ojo de la tormenta.
