La oposición vuelve a la carga por la quita de cajeros y el déficit de Bancor

La discusión en torno al cierre de sucursales y cajeros del Banco de Córdoba volvió a instalarse este miércoles en el recinto de la Unicameral, con un cruce entre la oposición y el oficialismo ante la falta de respuestas después de seis meses de exigir información sobre el estado de la entidad financiera. 

En el marco de una catarata de pedidos de informes que fueron tratados, se destacó la temática por el cierre y la transformación de sucursales que terminó derivando en un debate mucho más amplio sobre la situación financiera de la entidad, y la política de ajuste en el interior provincial, dejando de lado el malestar de miles de empleados públicos que vienen denunciando descuentos automáticos sobre sus salarios para cancelar deudas.

El proyecto había sido presentado originalmente en enero del año pasado por el legislador Walter Gispert, acompañado por Gerardo Grosso, Carmen Gloria Pereyra, Alejandra Ferrero, Alfredo Nigro, Fernando Luna y Víctor Molina. Tras permanecer sin tratamiento durante varios meses, la oposición volvió a insistir para que el Gobierno provincial informe cuáles fueron los criterios utilizados para cerrar o fusionar sucursales, retirar cajeros automáticos y redefinir la presencia territorial del Bancor.

La iniciativa también solicitaba conocer cuál será la estrategia de la entidad durante los próximos dos años, si existe un plan de reducción progresiva de la atención presencial y qué medidas se implementarán para garantizar el acceso a los servicios financieros en las localidades donde el Banco de Córdoba constituye la única institución bancaria disponible.

Duros cuestionamientos

El pedido de informes había sido presentado cuando la remoción de cajeros era solo un rumor, pero hoy ya es un hecho que varios municipios cordobeses no pudieron hacer frente a los casi 2000 dólares mensuales que solicitaba Bancor para mantener sus terminales en esas localidades donde consideraba que no les era rentable sostenerlas.

Durante el debate, Gispert endureció sus cuestionamientos y sostuvo que el reclamo no nació únicamente de la oposición sino también de distintos sectores económicos del interior.

“El reclamo surge de la imposibilidad que tienen vecinos y comerciantes de continuar operando con la institución financiera más importante de Córdoba", afirmó.

Además, el juecista planteó que el “achique” del banco de la Provincia tendría su origen en el déficit de 72.000 millones de pesos que la entidad tuvo durante el último ejercicio.

"Si esos números son los que difundieron los propios funcionarios del banco, entonces estamos frente a un problema que merece una discusión profunda. No podemos mirar para otro lado cuando hablamos de la principal entidad financiera de la provincia", sostuvo.

Gispert vinculó esa situación con otros indicadores de las finanzas provinciales y afirmó que Córdoba atraviesa un escenario complejo.

"Si el banco tiene dificultades financieras, hay que discutir cómo se corrigen sin trasladar el ajuste a los usuarios ni al interior", expresó.

La respuesta del oficialismo

La respuesta llegó de la mano del legislador Juan Manuel Llamosas por el oficialismo, quien pidió llevar tranquilidad respecto de la situación financiera del Bancor y adelantó que el informe solicitado por la oposición será remitido en los próximos días, motivo por el cual solicitó el regreso del expediente a comisión.

El exintendente de Río Cuarto recordó que desde 2004 el Banco de Córdoba funciona como una sociedad anónima, con patrimonio, órganos de administración y personalidad jurídica propia, diferenciada del Estado provincial.

Además, precisó que actualmente la entidad mantiene 146 sucursales, aunque aclaró que siete fueron fusionadas, por lo que operan efectivamente 139 dependencias.

Respecto del déficit mencionado por la oposición, Llamosas explicó que corresponde al cierre del ejercicio 2025 y sostuvo que esa situación ya fue revertida durante el primer semestre de este año.

Según explicó, el resultado negativo estuvo vinculado principalmente a la abrupta caída del valor de bonos que integraban la cartera del banco durante los últimos meses del año pasado.

El otro frente: descuentos automáticos y salarios

Mientras la discusión política gira en torno al funcionamiento del banco, otro conflicto viene creciendo sostenidamente entre los empleados públicos. Y sobre esto, la política no dió aún una solución.

Docentes, trabajadores estatales y jubilados vienen manifestando su preocupación por los descuentos automáticos que el Bancor realiza sobre los haberes acreditados para cancelar préstamos personales y deudas con tarjetas de crédito.

Desde el gremio docente reconocieron que el tema había sido incorporado en una de las primeras propuestas de la negociación paritaria con la Provincia, con el objetivo de generar algún mecanismo de alivio para los trabajadores más endeudados. Sin embargo, esa posibilidad quedó descartada luego de los primeros rechazos de la oferta salarial.

Según explicaron desde la UEPC, el problema se agravó a partir de cambios en la normativa nacional que habilitan a las entidades financieras a debitar el total de los fondos acreditados para cancelar deudas, una práctica que —afirman— alcanza a todos los bancos y billeteras virtuales, aunque está impactando especialmente sobre quienes cobran sus salarios en Bancor.

A la par, las redes sociales comenzaron a multiplicar los testimonios de empleados públicos que aseguran haber quedado prácticamente sin salario luego de los débitos automáticos. Algunos denuncian que, a los segundos que se les acredita el sueldo, el banco descuenta la totalidad de los fondos disponibles para cancelar obligaciones financieras, mientras otros cuestionan los elevados intereses y las refinanciaciones ofrecidas por estudios jurídicos que cobran millonadas por adelantado para poder encarar las gestiones.

Dos conflictos distintos, pero con un mismo protagonista: el Banco de la Provincia de Córdoba que vuelve a quedar en el centro de la escena política provincial.