Se aprobó la nueva ley para impulsar las inversiones industriales y el empleo en Córdoba

La legisladora provincial, Verónica Navarro Alegre, en su carácter de presidenta de la Comisión de Industria y Minería, tuvo a su cargo la presentación de la iniciativa en la Unicameral.
Provincial06 de noviembre de 2026 Página especial

06-11-(2)-legislaLa nueva normativa establece beneficios impositivos por hasta 15 años, incentivos para las pymes y herramientas destinadas a promover inversiones, innovación y generación de puestos de trabajo.

La Legislatura de Córdoba aprobó por mayoría la creación del Régimen de Incentivo a las Inversiones, la Innovación y el Empleo, una nueva herramienta destinada a fortalecer el desarrollo industrial, promover inversiones y estimular la generación de puestos de trabajo en todo el territorio provincial.

La presentación del proyecto en el recinto estuvo a cargo de la legisladora Verónica Navarro Alegre, presidenta de la Comisión de Industria y Minería, quien destacó la importancia de contar con un marco normativo actualizado que unifique las distintas políticas de promoción industrial desarrolladas por la Provincia.

“Córdoba lleva varias décadas de políticas de promoción industrial, con radicaciones e inversiones que permiten constituir el perfil productivo de nuestra provincia. Con esta norma buscamos unificar todas las leyes anteriores, lo que nos permitirá impulsar las inversiones, fomentar la incorporación de tecnología y promocionar, incentivar e impulsar la creación de puestos de trabajo”, expresó Navarro Alegre durante su intervención.

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo provincial, tuvo un recorrido de análisis y tratamiento en la Comisión de Industria y Minería de la Unicameral, donde se incorporaron aportes y consideraciones antes de la elaboración del despacho que llegó al recinto.

En ese marco, la legisladora resaltó la importancia de construir herramientas que brinden previsibilidad a quienes apuestan por producir en Córdoba, al tiempo que permitan fortalecer las economías regionales y generar condiciones para un crecimiento equilibrado entre las distintas localidades.

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Beneficios para las inversiones y las empresas

El nuevo régimen establece un esquema de promoción industrial que contempla beneficios impositivos por un período general de 10 años, que se extiende hasta 15 años para las inversiones radicadas en las zonas Noroeste y Sur de la provincia.

 

Entre sus principales herramientas se encuentran la estabilidad fiscal y las exenciones de los impuestos a los Ingresos Brutos, de Sellos e Inmobiliario Urbano para inversiones en activos fijos, industria 4.0 y radicación en parques industriales.

Asimismo, incorpora incentivos específicos para las pequeñas y medianas empresas, mediante una asignación estímulo destinada a financiar la capacitación por cada nuevo trabajador incorporado, durante el plazo de un año.

La normativa también promueve la integración de cadenas de valor, la incorporación de tecnología, la bioeconomía, la agregación de valor y el desarrollo de las economías regionales.

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Una política industrial con perspectiva federal

Uno de los aspectos centrales de la nueva ley es su mirada territorial. El establecimiento de beneficios diferenciales para las zonas Noroeste y Sur busca estimular inversiones en regiones que requieren mayores herramientas de promoción para fortalecer sus estructuras productivas.

Además, contempla la posibilidad de instrumentar líneas de financiamiento especiales a través del Banco de Córdoba, junto con mecanismos de control, auditoría y rendición de cuentas que permitirán realizar un seguimiento de las inversiones, los puestos de trabajo generados y los beneficios otorgados.

La aprobación de esta ley representa un nuevo paso en la consolidación de una política industrial provincial que busca acompañar al sector productivo, promover la innovación y generar oportunidades de empleo, con herramientas que alcancen a las empresas de toda Córdoba.

Como presidenta de la Comisión de Industria y Minería, Navarro Alegre tuvo un papel central en el tratamiento legislativo de una iniciativa que procura dar continuidad y previsibilidad a las políticas de promoción industrial, fortaleciendo el vínculo entre el Estado, las empresas y los sectores que generan producción y trabajo.

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