Terremoto y corrupción, pésima combinación

Hace un tiempo, cuando fueron los terremotos en Venezuela, alguien dijo que nada refleja mejor los efectos escondidos de la corrupción que los eventos naturales de tal magnitud que ponen a prueba la calidad de los procesos involucrados en edificios e infraestructura. La tragedia venezolana produjo una gran cantidad de muertos y heridos, a la vez que se suman desaparecidos de los que aún hoy, casi dos meses después, todavía no hay rastros.

Ayer fue el caso de Colombia, que se vio sacudida por un sismo similar a los venezolanos, de poco más de 7 puntos en la escala de Richter. Aunque los expertos aseguran que no fueron comparables (por la profundidad a la que se registró y la distancia respecto a los centros urbanos) hasta ahora todo parece indicar que habría sido mucho menos grave en pérdidas materiales y humanas que en el ocurrido en el vecino país.

El caso que mejor ilustra de qué manera hay otras variables más humanas y menos naturales para medir las tragedias es el de los sucesivos sismos que sufrió Chile en la primera década de este siglo. A pesar de haber sido terremotos mucho más potentes, la cantidad de víctimas fue significativamente menor, al punto de que entre todos los casos acumulados no se llega al número venezolano y se está (por ahora) no muy por encima del caso colombiano.

Esto sirve para preguntarnos sobre las posibles consecuencias de un sismo de esas características en este país. El gran evento que marcó la importancia de adaptar la legislación para mitigar los efectos de los terremotos fue el caso de San Juan en 1944 (canónico en la historia peronista), que tuvo unos 10.000 muertos. 30 años después ocurrió el de Caucete y las víctimas no llegaron a ser 400.

Sin embargo, a pesar de la existencia de normativas claras respecto a las características técnicas que deben tener las construcciones para soportar los movimientos sísmicos, las sucesivas crisis económicas y el relajamiento de los controles nos llevan a preguntarnos respecto a cuál es la situación actual en el país. La expansión del fenómeno de la autoconstrucción sin controles adecuados durante el proceso ha generado que hoy dejamos preguntarnos respecto a qué podría pasar si acá se viera algo como lo ocurrido en el norte de Sudamérica.

El año pasado, por ejemplo, tuvimos una tragedia por el desprendimiento de una fachada de ladrillos en Córdoba, situación que ocurrió sin que mediara un terremoto y producto de un control defectuoso sobre la obra. Si la tierra se moviera del mismo modo que ocurrió ayer, ¿cuántos edificios y casas pondrían en riesgo la vida de sus vecinos y ocupantes? No es un tema menor en una provincia en la que hace menos de cinco años se destapó una red de habilitaciones truchas de bomberos por las que todavía nadie está en la cárcel. Lamentablemente, no es el único caso en el que los inspectores dejaron de hacer su trabajo, lo que ya hemos naturalizado.

Resulta muy fácil hablar de accidentes y tragedias cuando aparece algún imprevisto que se cobra la vida de algunas personas, pero está totalmente fuera de lugar usar los términos cuando el número podría haber sido más bajo si los controles hubiesen sido los adecuados. Estos eventos extraordinarios deberían servir para repensar estrategias de concientización entre la población y de control para los agentes del Estado. Eso si se pretende evitar las terribles consecuencias de la corrupción que espera agazapada en cada construcción hasta que la naturaleza le dé un empujoncito para salir.